31 de agosto de 2024
Docente e investigadora, analiza la problemática de la educación superior, en lucha por un presupuesto digno. Libertad de expresión, formación de comunicadores y videojuegos.
Desde 2020 Larisa Kejval es directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación, que se dicta en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, cargo que aspira a continuar ejerciendo por un nuevo período tras las elecciones que se llevarán a cabo en la facultad en septiembre. Docente, investigadora, con trayectoria en medios alternativos, es autora de Libertad de antena y, junto a Diego De Charras y Silvia Hernández, del Vocabulario crítico de las Ciencias de la Comunicación.
Kejval dialogó con Acción en medio de jornadas signadas por la lucha de trabajadoras y trabajadores universitarios en reclamo del presupuesto necesario para que se dicten clases y se desarrolle normalmente la actividad en todo el país.
«La frase que sintetiza nuestra lucha estos días es, sin nosotras y nosotros, es decir, sin los trabajadores y las trabajadoras, la universidad no funciona.»
–¿Cuál es la situación actual de las universidades públicas?
–Estamos mal. El conflicto en desarrollo tiene dos etapas. La que enfrentamos en el primer cuatrimestre, donde no solo estaban congelados los salarios de docentes y trabajadoras y trabajadores no docentes, sino también lo que se llama los gastos de funcionamiento. El 10% del presupuesto universitario corresponde a lo que se llaman gastos de funcionamiento. Eso estaba congelado a inicios de año y también los salarios docentes que implican el otro 90% del presupuesto. En ese momento, el punto de máxima expresión fue la marcha el 23 de abril, muy masiva, una de las marchas más masivas de la democracia. Luego de esa movilización se destraban los gastos de funcionamiento, pero no los salarios. Los salarios siguen prácticamente congelados. Al día de hoy consideramos que hay una pérdida de poder adquisitivo de alrededor del 50%. La mayoría o gran parte de los cargos docentes que tienen dedicación exclusiva, es decir, que solo trabajan en la universidad, que trabajan 40 horas semanales en la universidad, muchos de esos cargos están por debajo de la línea de pobreza. También están por debajo de la línea de pobreza la mayoría de los salarios de las trabajadoras y de los trabajadores no docentes.
Es por ello que estamos en jornadas con medidas de fuerza, paros tanto docentes como trabajadores no docentes, y estamos organizando una nueva marcha para septiembre que vuelva a poner en foco qué le pasa a una sociedad, a un pueblo, y no solo a quienes trabajamos, estudiamos en la universidad, cuando la universidad pública se ve bajo amenaza. La frase que sintetiza nuestra lucha estos días es, sin nosotras y nosotros, es decir, sin los trabajadores y las trabajadoras, la universidad no funciona.
–Una nueva marcha invita a pensar en el impacto de la primera.
–Sí, si bien no se revirtió del todo la situación después del 23 de abril, por eso seguimos en lucha, creo que fue un llamado a atención para el Gobierno, porque la marcha fue muy masiva y de alguna manera lo que se puso en evidencia es que la universidad es un bien social, de todas y todos, no solo de quienes trabajamos o estudiamos allí, sino del conjunto de la sociedad. Esa sociedad reconoce en el sistema universitario argentino, público, masivo, no arancelado, de calidad –porque se sigue eligiendo la universidad pública por su calidad–, un bien de nuestro pueblo y un sistema inclusivo y accesible, que ha permitido históricamente la movilidad social, la construcción de proyectos de vida. Es un llamado de atención. Recordemos que Milei gana las elecciones con una campaña en la cual habla de los vouchers, como una forma de arancelamiento de las universidades. Y de hecho, ¿cuánto hace que no escuchamos la palabra voucher en el discurso del presidente de la nación? Creo que hubo un recalcular ahí acerca de cuánto se toca esto, este bien social, que de alguna manera quiere ser cuidado por nuestro pueblo.
–¿Cómo se piensa la formación de comunicadoras y comunicadores en el actual contexto de crecimiento exponencial de los formatos digitales?
–En nuestra sociedad las herramientas con las que intervenimos cambian permanentemente, incluso año a año, mes a mes, sale una nueva aplicación. Pocos años atrás hablábamos de Big Data, hoy el tema es la inteligencia artificial, eso cambia permanentemente. Me parece que la formación universitaria en Ciencias Sociales aporta algo más que las herramientas, tiene la capacidad de pensar esas herramientas en su transformación y cómo intervenir, cómo incidir, y para eso la capacidad analítica, interpretativa, el diálogo con otras disciplinas, las miradas contextuales, forman una parte muy importante de ese acervo, de ese diferencial que tienen nuestras graduadas y nuestros graduados. Eso te lo dan, de alguna manera, las formaciones de largo aliento. Estamos en un momento en donde, en general, se espera que la formación sea rápida, concreta, aplicable, todo fast food, todo rapidito. Las formaciones de largo aliento son una apuesta que nos permite incorporar herramientas analíticas para comprender lo complejo, generar transformaciones e intervenciones sobre lo complejo a intervenir.
La comunicación es cada vez más estratégica en nuestra sociedad. Nosotros pensamos una formación de comunicadoras y comunicadores no solo para los medios de comunicación, no solo para los entornos digitales, no solo para las herramientas, digamos, que tradicionalmente asociamos al mundo de la comunicación, sino que pensamos la comunicación como una dimensión de lo social que atraviesa todos los espacios sociales.
«Tenemos que atender la dimensión significante, simbólica y cultural en la cual este proyecto de saqueo económico y este proyecto político se sostiene.»
–¿Cuál es tu análisis del estado de la libertad de expresión bajo el actual Gobierno?
–Comparto un diagnóstico que no es de lo personal, es más bien colectivo. Estamos preocupados y preocupadas. Creemos que desde la asunción del nuevo Gobierno asistimos a un contexto amenazante para el ejercicio de la libertad de expresión y para el proceso de democratización de las comunicaciones. Esto lo constatamos a partir de un conjunto de acciones que, si las vamos leyendo hiladas, una tras otra, configuran este escenario amenazante. Desde el desmantelamiento de Télam y los medios públicos en general, de la plataforma Cont.ar, la parálisis de los fondos de fomento a la diversidad y al pluralismo, y de los que promueven el fortalecimiento de medios comunitarios, cooperativos, indígenas. Todo va en ese sentido. Además, hace muy poquitos días dispusieron la intervención de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, un organismo destinado a defender los derechos de las audiencias, entendidas como sujetos de derechos, no solo como consumidoras o consumidores.
Creo que no es casual que todo eso se esté desmantelando, me parece que nos quita la posibilidad de tejer relatos federales acerca de lo que vamos padeciendo, de las resistencias, de los procesos organizativos y demás. Y se expresa en otro conjunto de situaciones, por supuesto, como las intimidaciones directas a periodistas, muchas de ellas, mujeres, hay un ataque directo de las máximas autoridades del Estado, del presidente de la Nación en muchos casos, con la gravedad que eso reviste. Casi que volvemos al grado cero de la libertad de expresión, cuando la libertad de expresión se garantiza como derecho en nuestra Constitución.
–Un panorama especialmente complejo.
–Para que haya una comunicación más democrática es necesario un Estado que promueva diversidad y pluralismo, que fomente diversidad y pluralismo. ¿Por qué? Porque las propias desigualdades estructurales y las tendencias a la concentración del sistema infocomunicacional hacen que cada vez sean menos corporaciones las dominantes, y más poderosas. Ya no solo discutimos si hay producción nacional y local y soberanía audiovisual con el grupo Clarín, sino que estamos discutiendo, en realidad ni siquiera se discute, con los catálogos de Netflix y los grandes empaquetadores de contenidos. Entonces, eso requiere de un Estado que ponga límites a los procesos de concentración. Tenemos que ver los Estados en un doble rol, que pongan límites a los procesos de concentración y fomenten diversidad y pluralismo. Porque el riesgo para la democracia es muy grande si un privado, cada vez más grande, es el que fija las reglas del juego que gobiernan la comunicación.
No tengo expectativa hoy de que Argentina lo haga, por el signo político de su Gobierno, pero necesitamos reactivar los espacios de articulación regionales, latinoamericanos, que puedan contrapesar en su poder a las grandes corporaciones y su capacidad de fijar lo que yo llamo las reglas del juego. Cuando hablo de las reglas del juego, pongo algunos ejemplos de lo que estamos hablando de la esfera pública. ¿Quién fija las condiciones de participación en ese sistema infocomunicacional que conforma parte de la esfera pública? ¿Dónde se dirimen y se disputan intereses, sentidos, proyectos?
Si no atendemos a la dimensión cultural y comunicacional en la que se sostiene este proyecto político y económico, un proyecto político individualizante y económico, va a ser muy difícil revertirlo. Creo que tenemos que atender la dimensión significante, simbólica y cultural en la cual este proyecto de saqueo económico y este proyecto político se sostienen. Y que es un proyecto nacional, pero que excede los límites de nuestro país.
