Marcelo Sain, especialista en seguridad y exlegislador analiza las políticas públicas puestas en marcha durante los últimos años para «reformar» la Policía en la provincia de Buenos Aires, donde la falta de un diagnóstico sobre criminalidad y violencias evidencia más continuidades que rupturas.
28 de diciembre de 2016
Consulta obligada en temas de seguridad, el especialista Marcelo Sain se apasiona en cada uno de sus análisis, de los que no se salva nadie. «Macri es más de lo mismo en cuanto al tratamiento que el grueso de la clase política argentina le ha dado a este tema», señala.
Sain es licenciado en Ciencia Política y profesor universitario, además de autor de libros como El leviatán azul: policía y política en la Argentina o La reforma policial en América Latina: una mirada crítica desde el progresismo. Sin embargo, su enfoque sobre estas problemáticas se alimenta de una vasta experiencia al haber sido interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) entre 2005 y 2009 y director de la Escuela Nacional de Inteligencia de la Administración Federal de Inteligencia (AFI) en 2015, entre otros cargos ejecutivos. También fue legislador bonaerense por Nuevo Encuentro, una función que le permitió ser protagonista del debate por la creación de las nuevas policías municipales al haber presentado uno de los proyectos de ley que estuvieron en pugna. Sobre el tema, hasta hoy, mantiene firmes diferencias con lo puesto en marcha finalmente por el gobierno de Daniel Scioli, calificando a Alejandro Granados, exministro de Seguridad provincial, como un «curandero» en temáticas de seguridad.
Sobre el actual gobierno su diagnóstico no es mucho mejor: describe a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, como un «político disfrazado de comisario», descree de las amenazas a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y asegura que los anuncios de Cambiemos son solo «publicidad»: «Son grandes mentirosos con un colchón mediático que te vende una olita playera de Mar del Tuyú como un gran tsunami», sostiene.
–¿Qué opina de la política de seguridad de Macri?
–No hay diferencias con lo que históricamente se ha hecho. Porque una política de seguridad comprende tres cuestiones básicas: primero, la construcción de un diagnóstico sobre el crimen y las violencias. El segundo componente son las intervenciones sobre ese diagnóstico, o sea cómo hacemos. Y el tercero es qué modernización del aparato estatal hace falta: promulgar alguna ley nueva, reformar alguna institución o crear otra. Estas tres cosas no existen. Hay una ostentación de objetivos estrictamente publicitarios. No se proponen ninguna reforma, para ellos lo que existe está bien, solo hay que ampliarlo. Es una suerte de «incrementalismo»: más tecnología, más policías o más patrulleros. Pero nunca se pone en tela de juicio el tipo de estructura institucional que tenemos. No hay un fortalecimiento de la conducción política. La ministra de Seguridad en realidad se «comisariza». Hay una reproducción de algo típico del kirchnerismo que es lo que yo llamo el «curanderismo» en materia de seguridad pública. Porque cuando vos gestionás sin un diagnóstico, sin una estrategia de intervención y sin reformas institucionales, ahí el curanderismo equivale a la medicina. O sea: una suerte de intuición y algún tipo de profilaxis ficcional.
–Haber retirado a la Gendarmería para luego volver a enviarla a determinados barrios, ¿es prueba de improvisación?
–Vuelven al viejo kirchnerismo. Hay un redespliegue de fuerzas que no están capacitadas para cumplir tareas de seguridad urbana, algo que ya había quedado demostrado en el Gran Buenos Aires y en zonas metropolitanas como la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Rosario. Vienen a subsidiar las ineficiencias de las policías provinciales por una necesidad política y presión de los intendentes propios o ajenos. Hasta el momento no había generado ningún tipo de reducción de delitos o pacificación sino más bien algún grado de mayor control y situaciones de abuso contra las poblaciones locales. Estas fuerzas siguen haciendo un control de fronteras, pero en este caso entre dos sectores sociales claramente diferenciados: los incluidos (en zonas comerciales, industriales o financieras) respecto de la circulación de los excluidos. Lo que hacen hoy Gendarmería y Prefectura es lo mismo que hacían en el gobierno anterior, o sea más que control del crimen hacen control poblacional. El macrismo reproduce además otra cosa que el kirchnerismo dejó incólume: la regulación policial de los mercados ilegales. Por algo solo hablan de planes de interdicción de la droga en la frontera, pero nada sobre el narcotráfico en los mercados internos que están regulados por redes delincuenciales complejas con protección policial.
–Usted habla de continuidad, pero ¿no se detectan algunos objetivos más característicos de este gobierno?
–Anunciaron una serie de prioridades. Pero es interesante leer lo que ellos llaman «Plan de control de narcotráfico», porque en realidad es una serie de expresiones de deseos, ya que el 70% de las medidas propuestas están vinculadas con el tema adicciones y no con el de narcotráfico. Y eso tiene que ver con Salud y no con Seguridad. El segundo eje es el control de grandes manifestaciones. Quizás para diferenciarse del kirchnerismo, emitieron un protocolo que no tiene entidad jurídica, ya que no es una resolución ministerial y no es un decreto presidencial, solo está publicado en Internet. Pero para ellos es suficiente porque son unos grandes publicistas y nada más. De todas maneras nunca lo pudieron aplicar.
–¿Las amenazas a Vidal en la provincia tienen que ver con una puja por el control de la Bonaerense?
–¿Qué amenazas? No les creo nada, es una gran operación de prensa. ¿Quién la va a querer amenazar si reprodujo todo tal cual estaba? ¿Cuál es la reforma policial o penitenciaria? No he visto ninguna denuncia, tanto en Asuntos Internos o en la Justicia, porque no les cierre la situación patrimonial de estos comisarios. Ni tampoco ninguno preso. Recordemos que Pablo Bressi fue designado por Vidal como comisario general de la Bonaerense, y es el mismo que fue recomendado por la DEA, el mismo que fue denunciado por Lilita Carrió por proteger narcotraficantes, y es el mismo que fue jefe contra el narcotráfico en el momento que mayor regulación policial tuvo, o sea en los últimos dos años del gobierno de Daniel Scioli. Y estamos hablando de una campaña electoral en la que Vidal vivió diciendo que Scioli había prohijado el crecimiento del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. Acá no hay ruptura, acá hay continuidad negociada por Cristian Ritondo (actual ministro de Seguridad bonaerense) y Granados. Vinieron a cambiar y dejaron a la cúpula más corrupta de la Policía Bonaerense al frente.
–Sin embargo, a principios de año hubo una ola de hechos delictivos y secuestros en el Conurbano que resultaron altamente sospechosos ¿A qué se debieron?
–No hay reforma ni reacción. Lo que sí hay es una feroz interna policial. Porque a la actual cúpula, que es la que reparte los más de 100 millones de pesos que se recaudan por actividades delictivas reguladas por la policía, la quieren desplazar los comisarios que se quedaron en la periferia de ese núcleo. Entonces, los secuestros de principio de año o la liberación de zonas para con bandas que son reguladas policialmente, tienen que ver con ese objetivo. Porque la causa contra la Departamental de La Plata se originó con un anónimo que le llegó al fiscal donde se detalla la cantidad de plata que cada comisario depositaba cada fecha a fin de mes ¿Qué ciudadano común puede tener acceso a esa información? Esto es una interna, sin dudas. Hay sectores que estaban esperando poder jugar desde el centro de este dispositivo que finalmente se mantuvo. Marx describía al capitalismo como un sistema donde todos los actores sociales participan de la producción de plusvalía, pero la apropiación es privada, solo por una parte de la sociedad que es la burguesía. Bueno, lo mismo sucede en la policía: todos participan de la generación de recursos administrando las actividades delictivas, pero el policía de calle no ve un peso.
–¿Cómo califica la situación de la Policía Bonaerense hoy?
–Está desmadrada. Hay un nivel de fragmentación, tanto horizontal como vertical, enorme. Los mismos intendentes en la intimidad te plantean que no se puede controlar lo que sucede en la calle al arreglar con el jefe distrital. En esas charlas que yo he tenido cuando era legislador provincial, te reconocían que esta policía le junta la recaudación ilegal de fondos al gobernador mientras que los líos estallan abajo en los distritos. Ellos te reconocen que hoy no se pueden lograr aquellos acuerdos de otras épocas, pero no se animan a dar el salto de calidad. Otro viejo intendente, en una de las reuniones que tuvimos por el proyecto de ley de las policías locales que nunca salió, me decía: «Está bien, yo te acepto lo que vos planteás. Pero que vaya a elección el jefe de Policía», como sacándose la responsabilidad. A lo que yo le contesté: «Con ese criterio poné a elección a tu secretario de Hacienda que es el que maneja la economía». Estamos en un momento de transición, y los intendentes son conscientes del derrumbe del modelo tradicional pero no saben cómo gestionar ese cambio.
–¿Qué diferencias hay entre lo que usted había propuesto sobre las policías locales y lo que finalmente se hizo?
–Son clarísimas. Nosotros proponíamos una policía local completamente nueva para grandes municipios de la provincia de Buenos Aires. No una sección descentralizada de la Policía Bonaerense, sino un dispositivo totalmente nuevo, con un proceso de selección y de capacitación a cargo de un instituto provincial, que dependía política y operativamente del intendente. Proponíamos un sistema de control mixto entre la provincia y los concejos deliberantes locales. Queríamos que el intendente pagara los costos de un mal manejo ante su población. Atábamos capacidad de conducción en relación con su legitimidad electoral. Porque hoy hay muchos intendentes que manipulan a las fuerzas pero cuando las cosas no salen, deslindan responsabilidades. Pero esto no fue lo que pasó, lo que hicieron fue crear un policía adiestrado en tres meses, seleccionados de entre una población precarizada laboralmente y sin posibilidades de acceder a un empleo estable si no era de esta manera. Más que una fuerza local, crearon una bolsa de trabajo. Y encima con la obligación de estar armados las 24 horas porque les dan la responsabilidad de actuación operacional fuera de servicio.
–Todos critican a esta nueva fuerza, pero todos la quieren para ellos, ¿por qué?
–Los intendentes quieren cualquier cosa que les resuelva la demanda social de mayor protección por parte de la ciudadanía que es quien los vota. Osvaldo Cáffaro, intendente de Zárate, dijo: «Se me desmadró el distrito cuando Prefectura no patrulló más el centro de la ciudad». Pensar que Prefectura está solo para cuidar el centro de una localidad es una deformación política e institucional del intendente y del sistema federal de seguridad. Si a los intendentes les decís que viene el Séptimo de Caballería a hacer rondas por la ciudad, agarran viaje. No tienen ningún criterio serio. Y tampoco les veo seriedad en capacitarse sobre el tema, en crear un observatorio del delito o cuadros políticos que se dediquen a estos temas. Excepto Gabriel Katopodis, intendente de San Martín, que ya se dio cuenta de que tiene que cambiar. Porque a la larga o la corta la descentralización se va a dar. Esta tensión, entre los intereses de un distrito pequeño y los del poder central, es una tendencia mundial, porque para el gobernador lo que pasa en el fondo de un pueblo no es relevante, pero sí lo es para el intendente, porque le crea un microclima de inseguridad en su zona.
Fotos: Jorge Aloy
