7 de agosto de 2023
«Una nueva ley, que reemplace a la de la dictadura, es una demanda histórica», dice el director nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Juan Pablo Ordoñez, director nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se define básicamente como un militante por los derechos humanos en sentido amplio: «Diversidad sexual, identidad de género, memoria, verdad y justicia y también discapacidad».
Abogado, magíster en Políticas Públicas y Desarrollo y exsecretario de la Agencia Nacional por la Discapacidad, su actual función lo enfoca en el aspecto más práctico de vinculación con este colectivo por demás activo, con agenda propia de necesidades y reclamos.
Desde allí se encarga de la accesibilidad en general: tanto al entorno físico como a la información. «Desde poder ingresar por una rampa hasta todo lo que te permite conocer algo. Por ejemplo, que ingresar al padrón electoral sea accesible a todos. Asesoramos a organismos nacionales y a otros tipos de asociaciones que lo soliciten», explica Ordoñez. Además, agrega que para estas elecciones se encargarán de «diseñar estrategias para que el padrón sea accesible, para que los partidos sepan cómo accesibilizar sus spots de campaña y para garantizar el voto el día del sufragio».
Participó en el área durante los últimos años del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y retornó cuando se fue Mauricio Macri. Sobre esos dos períodos asegura que mientras en el Gobierno de Cristina Fernández la discapacidad tomó una mayor importancia a partir de medidas de protección social, la gestión de Macri tuvo «como principal objetivo el recorte presupuestario».
–¿Qué otras diferencias existieron en el área de la discapacidad comparando los períodos kirchneristas y el macrista?
–En el primero se implementaron medidas de protección social a través de las pensiones no contributivas, se ratificó la Convención Mundial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que marca el modelo social de la discapacidad en la Argentina. Es la norma más importante con jerarquía constitucional a partir de 2014. En cambio, durante el Gobierno de Macri hubo un recorte importante de pensiones, cerca de 80.000 bajas. Esto, además de dejar a estas personas en una situación de vulnerabilidad económica, les quitaba también el programa Incluir Salud, por lo cual perdían la cobertura médica.
–¿Por qué se les daba de baja?
–La lógica era el recorte presupuestario. También se fueron implementando capas burocráticas que hacían que la validación del derecho se tornara cada vez más dificultosa y muchas personas no pudieran cumplimentar con los requisitos; ya sea por falta de conocimientos o por falta de comunicación. Además de una ralentización en el proceso de otorgamiento de pensiones que también dejó a muchos fuera de estos derechos. A partir de 2019 eso se revierte y se entregaron en este Gobierno alrededor de 300.000 pensiones.
«El lema hoy de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es: “Nada sobre nosotros sin nosotros”».
–Están impulsando la nueva ley de Discapacidad, ¿por qué es importante?
–Esto es una demanda histórica del colectivo con discapacidad que pedían una ley sancionada en democracia, no como la actual que es de la última dictadura. Entre otras cosas no fue fruto del consenso, no hubo participación de las personas con discapacidad ni de las organizaciones que las representaban. El lema hoy de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es: «Nada sobre nosotros sin nosotros». Por eso ahora hubo audiencias virtuales, foros que organizaron las propias provincias y se recibieron más de 12.000 aportes web por escrito. A partir de estos aportes, la experiencia del organismo y la consulta con expertos, se crea un anteproyecto de ley que está circulando por los distintos ministerios que dan su aval o sus ideas, para que el Ejecutivo finalmente lo mande al Congreso.
–¿Se viven realidades muy diferentes sobre esta cuestión en el interior del país?
–En general los reclamos son similares; pero aparecen determinadas interseccionalidades, que es cuando se cruza la discapacidad con otra realidad. Por ejemplo, en el noreste estuvo muy presente el tema de discapacidad dentro de comunidades indígenas. Por un lado, tenemos la cosmovisión de cada pueblo para con las personas con discapacidad. Porque al momento de pensar una política pública focalizada en una comunidad indígena, uno tiene que tener en cuenta quiénes son los interlocutores, cuáles son las costumbres y la cultura de cada comunidad. Se han cometido errores en pensar en abordajes a nivel nacional sin tener en cuenta la interculturalidad. Desde cosas tan simples como de qué manera uno emplaza un baño o una cocina, hasta cómo es el vínculo con los líderes o lideresas de esa comunidad.
«Hay provincias como La Pampa en la que se espera para este año que el total de los alumnos estén incluidos en la educación de su nivel.»
–¿Cuáles son los principales intereses que recogieron a partir de las audiencias?
–El principal foco de interés es en políticas que garanticen la inclusión educativa. O sea que no haya regímenes segregados de educación. Hay provincias como La Pampa en la que se espera para este año que el total de los alumnos estén incluidos en la educación de su nivel. Por supuesto con los ajustes necesarios y los apoyos. Otro tema transversal es la inclusión laboral, quizás el más demandado; respecto a que se promueva la inclusión laboral en el sector privado. Cuando se sanciona la primera ley, en los 70, propuesta por el Frente de Lisiados Peronistas, se crea el cupo laboral para personas con discapacidad en el sector público y privado. Luego la dictadura, a través de la ley que queremos reemplazar, le resta responsabilidad al sector privado. Nosotros queremos promover el trabajo en estos sectores, pero también en el cooperativo. Es un actor estratégico a la hora de pensar en inclusión laboral. Las personas con discapacidad ocupando cargos dentro de una cooperativa, no solo siendo simple asociado, sino siendo administradores, lo cual genera una verdadera inclusión. Pero además ligados con mercados exclusivos para personas con discapacidad. Porque no podemos pensar en proyectos de inclusión laboral si no tenemos garantizada la sustentabilidad.
–¿O sea que en el ámbito privado se depende de la buena voluntad de los empresarios?
–Luego de la dictadura solo las empresas del Estado están obligadas al 4%. En el resto de las empresas es decisión propia. Hay redes de empresas que están comprometidas a través de la responsabilidad social empresaria, que realizan inclusión y nosotros las acompañamos. Desde pensar el perfil de la persona con discapacidad que se requiere cubrir y cómo adaptar el trabajo, pero también buscando ese perfil de persona dentro del mercado. No queremos caridad ni filantropía. Queremos verdadera inclusión. Hay muchísimas personas con discapacidad capacitadas para ocupar determinados roles, pero necesitan algunos ajustes o el apoyo necesario.
–Hay reclamos del sector que aseguran que la pensión no contributiva es de solo 50.000 pesos y no alcanza. ¿Se está buscando modificarlo?
–Sí, se hace imperioso un ajuste; pero actualmente se necesitaría una modificación de ley para modificar el monto, que significa un 80% de la jubilación ordinaria. Para eso se requiere tratamiento parlamentario. Esto es una política de protección social. Antes de 2003 eran muy pocas las que existían, luego se ampliaron otras políticas de protección social como la Asignación Universal por Hijo, pero también está la asignación por hijo con discapacidad.
–También hay reclamos con respecto de la obra social Incluir Salud.
–No es una obra social, es un programa complementario que da determinadas coberturas a nivel nacional y es un fortalecimiento a los sistemas de salud provinciales. En esta gestión se saneó una deuda colosal que tenía y se bajaron cada vez más los tiempos de pagos de las prestaciones. En menos de tres meses ya se pagan.
–¿Qué opinión tiene del acto discriminatorio que sufrió Franco Rinaldi por parte del integrante del partido de Milei? ¿En general la gente piensa así o ya hemos progresado como sociedad?
–Ese fue un tema que nos ocupó en particular por el contexto del año electoral y porque se ataca a una persona con discapacidad. Pero no solo eso, sino por cómo se piensa a una persona con discapacidad a nivel social y su participación política. La Convención de Personas con discapacidad exige que los Estados y la sociedad entera garanticen la participación política. No solo para poder elegir –desterrando el voto calificado, porque las personas con discapacidad tienen demandas, tienen una agenda, tienen una visión de qué país quieren–, sino también poder ser elegidos. Es una comunidad que se estima, según el censo 2010, de más de 5 millones de personas que exigen que el tema esté en agenda y que haya información.
«El tratamiento tiene que ser como el de cualquier otra persona. Hay personas con discapacidad que tienen un alto compromiso con los derechos humanos y otras que no».
–Al mismo tiempo, Rinaldi, además de ser discriminado, él también ha discriminado. ¿Cómo lo analizan?
–Es muy común desde lo terminológico y desde los medios idealizar al colectivo, oír que se habla de «capacidades especiales» o «extraordinarias». El extraordinario es Messi, que es de otro planeta. El tratamiento tiene que ser como el de cualquier otra persona. Hay personas con discapacidad que tienen un alto compromiso con los derechos humanos y otras que no. Personas que logran empatizar con otras minorías y otras como en ese caso donde tienen expresiones homofóbicas, transfóbicas, xenofóbicas o antisemitas. No tiene que ver la discapacidad con cuáles sean tus valores o tu posición política sobre el otro.
