Un puñado de empresas decide qué comemos en un país con potencialidad agropecuaria que, sin embargo, no puede solucionar el problema del hambre. La especialista explica en qué consiste el derecho de los pueblos a producir sus alimentos y cuáles son los caminos para hacerlo efectivo.

28 de febrero de 2020

Licenciada en nutrición y militante por la soberanía alimentaria, Miryam Gorban está en plena actividad a sus 88 años. «Destacá mi edad bien grande» exige entre risas. Y es que en su peregrinar incansable, en 2019 recorrió cinco provincias en dos meses, desde Misiones hasta Tierra del Fuego, para analizar cuál es la situación en el Interior y evaluar las verdaderas capacidades productivas alimentarias de nuestro país.
Oriunda de Santiago del Estero, siempre se interesó por el enfoque social de su profesión. Así fue que en 1996, cuando participó de la Cumbre Mundial de la Alimentación, en Roma, no dudó en acercarse a la agrupación Vía Campesina. Fueron ellos los que le presentaron el concepto de soberanía alimentaria, que existe desde la carta de presentación de las Naciones Unidas y que hasta hoy la apasiona. Se trata, dice, del derecho de los pueblos a producir sus propios alimentos. «Con casi 60 años fui a la cumbre con la idea de un punto de culminación de mi carrera. Y en vez de eso, fue un comienzo. Fue el desarrollo de toda esta actividad de ir desparramando estas ideas por primera vez dentro de nuestro país, donde persiste el latifundio y la desigualdad en el campo», rememora con orgullo aquellos años.
Autora de variadas publicaciones y libros, entre ellos Seguridad y soberanía alimentaria, Hablemos de soberanía alimentaria y Alimentos para todos o ganancias para pocos, con los años organizó un grupo de trabajo interdisciplinario, nucleado en la Cátedra LIbre de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA), conformado por abogados, sociólogos, antropólogos, nutricionistas y médicos que intervienen en la temática desde una amplia gama de miradas. Estas cátedras han llegado ya a 50 universidades de todo el país, la motivan a viajar y son también principales impulsoras del doctorado Honoris Causa que le han otorgado la UBA y la Universidad de Rosario.  
Siempre con la vista puesta en la realidad política y económica, Miryam tiene en claro quiénes son los responsables de algunas de las problemáticas que estudia: «Uno de los elementos inflacionarios es la logística. Y fue el neoliberalismo quien se llevó puestos nuestros trenes y nuestra marina mercante y puertos. Debemos recuperarlos».
–En una charla citó esta frase: «Una nación sometida a la presión internacional, una nación que no sepa cultivar sus propios alimentos, está en peligro. Hablar de agricultura es hablar de un problema de seguridad nacional». Paradójicamente es de George W. Bush. ¿La producción de alimentos funciona como una herramienta de dominación?
–Esa frase la dijo Bush pero los países poderosos son los primeros en no querer que se cumpla en el resto del mundo. Y yo creo que esa frase condensa la situación en el mundo actualmente. Países que no pueden abastecer a su población, o sea que no tienen la autosuficiencia alimentaria, están en grave riesgo. Y creo que el ejemplo en América Latina lo tenemos con Venezuela. Es un país rico, monoproductor de petróleo. Y eso hizo que abandonen su rol agrícola y ganadero. Yo me acuerdo que en mis épocas de estudiante mi profesor nos contaba que los venezolanos traían la lechuga desde California todos los días. Imaginate lo grave que pasó a ser esto con el actual bloqueo. Ya en 1996 se hablaba del uso del alimento como herramienta de dominio de los pueblos. En ese momento se hablaba del bloqueo que existía sobre países como Cuba e Irak.
–En la Cátedra Libre se platea el derecho soberano de los pueblos a cultivar lo que necesitan. ¿Quién necesita que cultivemos soja?
–Si nosotros consumimos soja, es para alimentar el ganado. Entonces la alimentación se debate entre alimentar al ganado, a las personas o a los automóviles, porque también se lo usa para el biodiesel. Ese campo cultivado no está destinado a nosotros.

–¿Los precios de los alimentos pueden ser un elemento de desestabilización para los Gobiernos?
–Fundamental. La historia nos lo está diciendo: la guerra de las tortillas en México. O como comenzó lo de Oriente Medio hace una década: el aumento del trigo en Egipto. Aumentó el 60% y con eso el pan. Bajó la producción y tuvieron que importarlo, ese fue el origen de aquella crisis de 2008. Nuestras crisis en la región, ¿con qué tienen que ver? Con que los salarios no alcanzan para comer. Porque se produce una carrera desbocada entre inflación y salarios. Y ahí está el tema de la concentración: si no metemos la mano en los bolsillos de los dueños de todo, nada se va a resolver. Y aquí está el rol del Estado. Se quejan, dicen que el gobernador Kicillof va a hacer un «impuestazo». ¡De ninguna manera! Se trata solo de 200 familias, de la vieja oligarquía de la provincia de Buenos Aires, con los mismos nombres y apellidos de la misma época de cuando yo era chica. Se dejó de hablar de latifundios y siguen existiendo. Tienen más de 200.000 hectáreas, ellos tienen que pagar. Si encima los ricos tienen una estructura de costos especialmente armada para ver cómo evaden los impuestos. Y los impuestos van a educación y salud.
–Suele repetirse que, como dijo Susana Giménez hace poco, si hay pobreza, los pobres deberían ir a trabajar al campo. ¿Qué opina de esta idea?
–¿Al campo de quién van a ir? ¿a qué campo? ¿Van a dar el acceso a la tierra para el pequeño productor? Y no hacen falta tantas hectáreas para abastecernos. Si se los incentiva con su producción puede haber productos de huerta, quesos, harinas, aceite. En cinco o diez hectáreas. Pero tienen que tener acceso a la tierra: ellos alquilan y con contratos que les prohíben hacer casas de materiales para que no haya arraigo. Y nosotros necesitamos el arraigo. En la cátedra pensábamos en una ley que dé un subsidio, tipo Asignación Universal por Hijo, para que produzcan para su subsistencia pero para que puedan comercializar el excedente. Los productos que comemos vienen de estos agricultores familiares, no de los latifundios, porque estos se dedican a la soja. La Ley de Agricultura Familiar, vetada por Macri, tomaba este tema como un bien social desde el punto de vida histórico. Estimular la producción y condiciones de vida digna: con una escuela cerca, con un hospital, con electricidad.
–¿Qué cambios hubo durante el gobierno de Macri?
–Fue un retroceso. Al vetarse la Ley de Agricultura Familiar hubo desalojos a machete limpio, por ejemplo en Santiago del Estero. Además, no se cumplió la Ley de Bosques. El Impenetrable dejó de serlo. Arrasaron los bosques para extender la frontera agrícola. Porque en determinado momento era más rentable producir soja, porque no es que se usó para producir tomates.
–¿Qué expectativas le despierta esta nueva etapa política?
–Tengo esperanzas. Sabemos que las presiones son mayúsculas. No he firmado un cheque en blanco. Y creo que no hay que dejar la lucha.
–¿Qué se puede hacer en este contexto de crisis económica?
–Yo estoy participando en los debates de la Mesa de Emergencia Alimentaria, que es muy diversa. Creo que Argentina tiene una posición privilegiada: al tener todos los climas, tenemos la posibilidad de producir cualquier alimento. Se trata de estimular la producción de alimentos sanos, seguros y soberanos. Y algunos atisbos hay. Pero se debe solucionar un problema básico, la inflación, que surge de la concentración monopólica y transnacionalizada. Nosotros tenemos cuatro grandes empresas que son las productoras de los alimentos ultraprocesados. Ellos mismos lo dicen: «Somos productores de la cuarta parte de la mesa de los argentinos». Esta concentración monopólica es la causa de la inflación. Con Precios Cuidados solamente no lo vamos a solucionar. Los precios cuidados solo apuntan a los supermercados y a esta cuatro grandes firmas. Aquí priman alimentos que no son de primera necesidad, como gaseosas o galletitas. 

–¿Hay ejemplos de alguna salida?
–Gualeguaychú es un ejemplo. El municipio sabe sus posibilidades, sabe quién puede producir alimentos, sabe si tiene tierra disponible. Elaboraron un plan llamado PASSS (Plan de Alimentación Sana, Segura y Saludable). Por catastro hicieron un relevamiento. Así tomaron un lote municipal de 14 hectáreas y se dedicaron a producir agroecológicamente alimentos frescos para las escuelas, los hospitales y los geriátricos del municipio. De ese modo ahorraron en presupuesto y generaron mano de obra. La otra provincia que vale la pena es Misiones: tiene Ley de Soberanía Alimentaria, Ley de Protección de Agricultura Familiar, tiene una ley que dice «una escuela, una huerta», ya tienen 300 escuelas autosustentables y tienen una ministra de Agricultura Familiar, Marta Ferreira. También tienen una ley provincial de faena artesanal. Que es lo que nosotros proponemos: que cada municipio tenga su tambo, su granja avícola y su matadero. No puede ser que yo vaya a Santa Cruz y los pollos sean de Entre Ríos, haciendo más de 1.000 kilómetros en camión.   
–Se habla mucho del problema del hambre y de «llenar el plato de los argentinos». ¿Esta situación de emergencia no nos puede llevar a más problemas de malnutrición?
–Y ya los tenemos. El aumento de la obesidad en la pobreza es el ejemplo. Y se da especialmente en edad escolar. Barrios De Pie hizo un censo en unos 30.000 casos, le dio que esto pasaba en chicos de 6 a 12 años. El rol del Estado tiene que aparecer en los mensajes televisivos. No hay un solo mensaje de salud. Te dice la TV que vas a ser más feliz si tomás gaseosa. Somos de los primeros en el consumo de gaseosas y galletitas. Vos vas a sectores más altos y toman agua mineral. Vos fíjate como la industria trata de modificar el lenguaje: la gaseosa ahora es «sin azúcar», pero no te dice que tiene jarabe de maíz de alta fructosa que la hace adictiva. Otro ejemplo es cuando nosotros recomendamos cinco porciones de vegetales, entonces las sopas instantáneas te ponen en la propaganda «tiene todas las verduras que recomiendan las nutricionistas», pero nosotros no recomendamos que tomen esas sopas. Por eso es interesante una nueva clasificación que se introdujo en Brasil: alimentos naturales versus los ultraindustrializados. Las patitas de pollo o una hamburguesa congelada, ¿son carne pura o tienen aditivos? Y acá viene el papel de la industria. Tienen lecitina de soja, conservante, colorantes. Esos aditivos son los que están produciendo los disruptores hormonales. Son falsas hormonas que están alterando nuestro mecanismo hormonal fisiológico. Sucede que vos comés una frutilla que tiene color, olor y sabor a frutilla, pero sus componentes alimenticios no son los de la frutilla. Además, hay productos para los chicos que tienen componentes químicos que los hacen adictivos, como las golosinas o los snacks. Por algo no pueden parar de comer.
–Argentina es un importante productor de alimentos pero que sin embargo no puede solucionar el problema del hambre. ¿Ese es nuestro principal dilema?
–Claro. Y es algo que desde afuera no se comprende en su complejidad. Yo he peleado a brazo partido para tomar la palabra en congresos internacionales porque nos decían «hambre hay en otros lados». Claro, no somos Biafra, pero ellos no producen alimentos y nosotros sí. Esa es nuestra contradicción: hay hambre en un país productor. No estamos solucionando el problema de autosuficiencia alimentaria. Hemos llegado al punto en que nuestra producción no llega a cumplir con las recomendaciones nutricionales de cinco porciones de frutas y verduras y el medio vaso de leche todos los días o la rodaja de queso, para los 44 millones de habitantes. Si hoy se quisiera cumplir, no alcanzarían los alimentos producidos en nuestro país.