Rodolfo Yanzón, abogado especializado en derechos humanos y miembro de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, reflexiona acerca de la política que el gobierno de Cambiemos ha puesto en marcha y que parece decidido a profundizar. Estados de las causas por crímenes de lesa humanidad.

30 de noviembre de 2016

 

El tema formal es que el Estado cuenta con ese número de desaparecidos. Lo problemático es cómo lo opera el gobierno. La operación del gobierno, y lo digo en estos términos, se termina afiliando al mismo sector de clase que las declaraciones de Darío Lopérfido, cuando utiliza el pedido al Estado nacional de una ONG, de particulares, sobre el número de desaparecidos. Es sobre las denuncias que hay sobre desaparecidos, que no es lo mismo, porque los datos del Estado no son la verdad, son solo datos fríos, formales. Y la operación se monta a partir de un comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos, y cómo se lo transmite, se lo difunde. Ahí está la operación, ahí está la operación loperfidiana: los desaparecidos son tantos, un número. La cuestión de clase en estos señores es que no entendieron un montón de cosas, como el terror que se engendró en la sociedad durante tantos años. Hoy salgo de una declaración de sobrevivientes del juicio por los crímenes del centro clandestino de detención Atlético, donde 40 años después, la gente sigue hablando de miedo y de que hay muchas familias que por miedo, pero también por indiferencia ante la situación del desaparecido, pero fundamentalmente por miedo, jamás se presentaron». De esta manera, Rodolfo Yanzón, el abogado querellante en varios de los juicios por crímenes de lesa humanidad que se llevaron y llevan adelante en el país, reflexiona acerca de la polémica sobre el número de desaparecidos, instalada ahora por la Secretaría de Derechos Humanos nacional.
«Al miedo que engendró la dictadura le agrego que hay muchos lugares donde la gente lo único que conoce del Estado es su ausencia. ¿Y a esos sectores les estamos pidiendo que se presenten al Estado para decir: “yo tengo un hijo, un hermano, un marido desaparecido”? Hay muchos sectores que ni siquiera saben que pueden hacer eso, y otros que sabiéndolo, por miedo no lo hacen. Si nos vamos a atener a la letra fría, eso no es la verdad. La verdad va por otro lado. Y cuando insisten en encorsetarnos con esos números fríos del Estado, nos mandan a la no verdad, a una cuestión de clase donde el Estado está para servir a unos pocos, no a la totalidad. Ante esa operación que monta el gobierno a partir de datos formales, digo que tiene otra matriz, que ya el señor Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos de la Nación, nos la ha hecho conocer cuando en su momento cuestionó las cifras que se manejan de las víctimas judías durante el nazismo.
–¿Se relaciona esto con acercar la cifra a las víctimas de las organizaciones armadas para así reimpulsar la teoría de los dos demonios?
–Una de las primeras manifestaciones de apoyo que consiguió Avruj fue la del periodista Ceferino Reato, que salió en Infobae a decir: «Por fin el Estado argentino reconoce que los desaparecidos son tantos». Y agregó: «Ahora sería bueno que el Estado también empiece a contar a las víctimas de la subversión».
–La denominada «memoria completa».
–Claro, por eso insisto y hablo de opereta. Aquí hay una operación que se está montando, que no va a tener éxito, donde el gobierno utiliza a algunos alfiles como Reato para tratar de impulsar esta versión, que se basa en diluir fundamentalmente los efectos terroríficos que generó la metodología de los campos de tortura y exterminio en la Argentina. Es no querer reconocer eso. A esto nos llevan con aquello de minimizar, de tomar números fríos, o de creer que las víctimas son todas iguales. Las víctimas no son todas iguales, porque lo que engendró cada cosa es distinto. Las víctimas de la dictadura, y sobre todo de los campos de exterminio, merecen una categoría especial. Y así debe ser. Esa es una conquista que hemos logrado y por la que tenemos que seguir batallando, a pesar de los negacionistas. Negacionistas siempre hubo, eso no me asusta.
–Es verdad que siempre hubo, desde marzo de 1976, ¿pero hoy están en el gobierno?
–Diría que no son todos los del gobierno. Estoy convencido de que hay muchos radicales que eso no lo compran. Pero más allá de todo eso, para mí la cuestión de los derechos humanos –como tantas otras– es menor para este gobierno. Está buscando otra cosa, que en parte ya lo ha hecho, que es reacomodar la economía, volver al mundo de las finanzas y en ese contexto recortar, lo que ellos suponen que son gastos superfluos. En ese contexto está claro que desarticulen áreas, no solo en derechos humanos, sino también en educación, salud.
–Pero desmantelaron áreas que proveían de información a la Justicia para llevar adelante los procesos.
–En los juicios de lesa humanidad la Secretaría ha mantenido su rol de querellante. Parece haber cierta continuidad. Estoy convencido de que estos juicios no se van a parar, que van a continuar más allá de Macri y de los gobiernos que vengan. Son juicios que están absolutamente instalados y consolidados. Esto no obsta que tengamos que ser cuidadosos, estar mirando día a día qué se dice y qué se hace, o se deja de decir y hacer. Pero fijate, el gobierno desmanteló especialmente las áreas de investigación que hacían al rol de los civiles durante la dictadura. Acá sí el gobierno está dando una señal: no avancemos sobre estos casos, no avancemos sobre la complicidad económica. ¿Por qué? Porque están directamente involucrados. No digo que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, pero sí que durante la dictadura fueron beneficiadas familias que hoy están en el poder. Entonces resulta lógico que se desmantelen áreas que estaban directamente relacionadas con la investigación de esos sucesos, y que merecen además un conocimiento muy específico de sociólogos, economistas, sobre el rol de las empresas y los grandes negociados que se hicieron con la toma ilegal de deuda externa, la estatización de la deuda privada y los grandes negocios financieros que se han hecho durante la dictadura. Veremos hasta dónde llega.
–¿Hasta donde el Poder Judicial le deje?
–No sé. Creo que hay jueces y fiscales, y también organizaciones y abogados que van a seguir actuando de la mejor manera y con toda la independencia posible, teniendo en cuenta que este no es un poder independiente, sino que aspiramos a que lo sea en algún momento.

–Sin embargo, en estos meses el Poder Judicial parece estar acomodándose. Está el caso del fallo dictado por los jueces de la Cámara Federal de Casación donde anularon las condenas a represores por la Masacre de Capilla del Rosario, en la que fueron fusilados miembros del PRT ERP en 1974.
–Eso no tiene que ver con el gobierno. Ante un cambio de gobierno hay gente que quiere reacomodar algunos tantos, y estos dos jueces de Casación, Eduardo Riggi y Liliana Catucci, quisieron, con la causa de la Masacre de Capilla del Rosario, volver a un discurso que hacía diez años que no se tenía. Es el discurso de Alfredo Bissordi que nos llamaba abogados subversivos en sus sentencias. Esta gente volvió con eso e hicieron algo muy grave que fue descalificar a los testigos porque habían sido miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Como miembros del PRT y sobrevivientes de esa masacre, sus testimonios no tenían ningún valor. Eso fue lo que dijeron. Con lo cual lo que instalan al presente es que cualquier bandita de pibes que termina en cana en una comisaria, si son torturados, ninguno de ellos, por más que denuncie, va a tener la venia favorable de un juez porque seguramente estaban presos por algo, acusados de algo, y sus testimonios de por sí están descalificados. Lo que estoy diciendo es que más allá de los efectos en una causa de lesa humanidad por crímenes cometidos hace 40 años, la enseñanza que quieren dejar para los tribunales argentinos es esa: las víctimas no tienen razón, no tienen ninguna potestad, no tienen ningún derecho a ser oídas como tales y por cierto, ninguna posibilidad de ser testigos. Eso es lo que nos quieren dejar como enseñanza y a eso nos vamos a oponer contundentemente. Está en nosotros, y en algunos jueces y fiscales que no compran este discurso, decirles que no. Creo que no van a tener la posibilidad de cantar victoria. Van a terminar siendo cuestiones aisladas y creo, además, que vamos a revertir ese fallo en la Corte Suprema de Justicia.
–¿Cómo inciden estos retrocesos entre los sobrevivientes y los testigos de los juicios?
–Es una de las cosas que más me preocupan. Porque lo que hace y dice el gobierno nacional puede terminar generando mayor temor en los sobrevivientes, en los familiares que tienen que ser testigos. En particular si nos acordamos de lo que pasó luego de la desaparición de Julio López en 2006. Ese año, 2007 y 2008 fueron tiempos complicadísimos, porque teníamos que rogarle a la gente para que fuera a testimoniar. Ha habido señales o demostraciones de que, en principio, este proceso está consolidado. Creo que es así pero no hay que bajar la guardia. Con estas declaraciones y actitudes del gobierno de quitar ciertas colaboraciones, mi mayor temor es que se vuelva a instalar ese pensamiento de que «los testigos y sobrevivientes mejor que se queden en sus casas». Eso sería altamente perjudicial. Tenemos que estar alertas, pero no desesperarnos porque hay mucho por hacer, porque esto es una lucha política y no tenemos que rehuirla.
–En un contexto como el actual, ¿puede haber un cambio de paradigma?
–Tienen un dique que para mí es fundamental e inamovible, que es el dique de la sociedad políticamente activa y de los organismos de derechos humanos, que salen de inmediato a cuestionar las acciones y dichos de funcionarios de este gobierno. Pero, además, estos organismos tienen el acompañamiento de sindicatos, de partidos políticos. No están solos. Desde el gobierno lo van a medir, van a ver cómo pica, entonces por eso me parece que es importante insistir en que hay que estar atentos. Para mí los juicios están consolidados en el sistema judicial y en la sociedad, hay cosas que se van a querer seguir discutiendo, intentarán reabrir algunas causas emblema, o sacar a la mayor cantidad de militares del sistema carcelario y mandarlos a sus casas. Todo eso va a ser una discusión que vamos a tener que dar. No digo que no van a tratar de embarrar la cancha, lo van hacer. Estamos en una lucha política y tenemos que organizarnos para darla.
–La Secretaría de Derechos Humanos, y también el Ministerio de Justicia, tienen actitudes controvertidas.
–Los funcionarios del gobierno tienen gestos bastante complicados. Cuando reciben a familiares de militares presos, por ejemplo, dicen: “no, no es nada”. Nos pidieron una reunión y la tuvimos. Pero si te sacás una foto, y no tenés en cuenta el impacto político, andate del cargo. A Avruj le pido la renuncia ya, porque sumo: lo de los 30.000, haber recibido al Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), «militar» el arresto domiciliario para los militares; todas estas son decisiones políticas bastante negativas en este contexto. Y a esto se agregan algunos elementos que son aún más graves del señor Claudio Avruj, al que insisto, hay que pedirle la renuncia incondicional. Por ejemplo, las manifestaciones que tuvo cuando la ONU reclama la libertad de Milagro Sala. Sale a decir que no tiene carácter vinculante. Claro, los abogados ya sabemos esto. Pero eso es una discusión para abogados. Lo que dijo Avruj fue que a él, en su carácter de secretario de Derechos Humanos, no le interesa promover los derechos humanos en la Argentina. Avruj dijo: “A mí no me interesa esto, no es vinculante”. Le hayan dado letra o sea de su propio pecunio, es gravísimo que un secretario de Derechos Humanos diga que el Estado argentino no va a cumplir lo que reclama un organismo internacional de protección a los derechos humanos. Por eso insisto: no es fácil dar la discusión, pero la tenemos que dar. Como dijo hoy una testigo, una familiar de un desaparecido, en el juicio oral: «Si estos juicios no continúan, se nos va la posibilidad de ser libres». Y claro, porque la verdad libera, es así de simple, y tenemos que ser contundentes en esto. Va a llevar trabajo, no es fácil, pero lo tenemos que hacer.

 

Fotos: Guido Piotrkowski