Voces

Un cambio cultural

Concientizar en lugar de penalizar es el eje del trabajo del INADI, según explica su interventor Pedro Mouratian. Políticas públicas para combatir los actos de discriminación en la sociedad y el Estado.

 

Dos hechos trágicos de la historia argentina reciente, el atentado contra la Embajada de Israel y la voladura de la AMIA, estuvieron de algún modo detrás del surgimiento del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), creado mediante la Ley 24.515 en 1995, bajo el gobierno de Carlos Menen. Este año, así, cumple 20 años el organismo que con el correr del tiempo fue encontrando su cauce de funcionamiento y adquiriendo una estructura que lo convirtió en una institución única en el mundo. En este recorrido marca un hito el decreto 184, de marzo de 2005, firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner, que sentó las bases para lo que después se transformaría en el Plan Nacional contra la Discriminación. Fue lo que puso en valor al INADI al dotarlo de una base legal y política de referencia a partir de la cual fijar sus acciones. En su flamante sede de la porteña Avenida de Mayo, Pedro Mouratian, interventor hasta diciembre, repasó para Acción la actividad que despliega el organismo.
–¿Qué áreas integran el Instituto?
–Su misión no es solo trabajar en lo que hace a las denuncias, sino que nosotros entendemos que detrás de ellas debe haber una instalación de las políticas que prevean o frenen cualquier tipo de práctica o conducta discriminatoria. Por eso focalizamos el trabajo en la investigación, la capacitación, la concientización, la sensibilización y la revisión de materiales como libros de texto. También analizamos lo referido a la buena práctica para los periodistas. Es un trabajo de sensibilización de distintos niveles tanto en las áreas del Estado como de la sociedad en su conjunto. Por eso hay articulación permanente con cámaras de publicidad, con medios de comunicación, con periodistas, por supuesto con todos los niveles educativos tanto a través de los medios o de los responsables desde los ministerios.
–¿Qué experiencia concreta puede señalar?
–Hemos articulado acciones con el Ministerio de Trabajo de la Nación para la capacitación en más de 50 sindicatos a nivel nacional y lo replicamos en todas las provincias. Otro ejemplo es el fútbol, una caja de resonancia de muchísimas prácticas racistas, xenófobas y homofóbicas. Se han firmado acuerdos de capacitación con la AFA y con los jueces de primera división y primera B. Para dar otro ejemplo: un árbitro puede detener un partido si hay cánticos discriminatorios y todo esto hace también a la construcción de un fútbol sin violencia.
–¿Es un organismo autónomo?
–El INADI es un organismo de carácter federal, nacional, pero tiene a su vez representación en cada una de nuestras provincias, eso nos permite poder replicar todas estas políticas en todo el país. Es un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo Nacional que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Tiene sus recursos propios, pero en definitiva, más allá de la autonomía en términos administrativos y demás, creo que lo importante es que tanto lo que está en el plan nacional como en el conjunto normativo incorporado con las distintas leyes sancionadas estos años, como la de matrimonio igualitario o la de identidad de género, y otras, a nosotros nos dan el marco sobre el cual debemos trabajar.
–¿Hay experiencias o instituciones similares en algún otro país?
–No. El INADI es un organismo de características bastantes particulares que nos ubica a la vanguardia en esta materia. El CONAPRED de México sería similar en términos de estructura y objetivos como misión de un organismo del Estado, pero la diferencia es que es un organismo que solo funciona en el Distrito Federal. Nosotros tenemos 23 delegaciones, lo que nos da una posibilidad de inserción en realidades sociales de todo el país. Esto marca una diferencia. Otros países tienen instituciones o instancias gubernamentales que alientan este tipo de políticas, pero no con la estructura que tenemos nosotros, que yo me atrevería a decir que es única. Además, a partir de agosto de 2014 el INADI está en una red iberoamericana de organismos y organizaciones contra la discriminación. Esto es un hecho novedoso porque es una red que aglutina tanto a representantes del Estado como a los de la sociedad civil; ahí confluyen intereses de ambas partes y sobre esa red trabajamos nuestra agenda  común tratando de potenciar cada una de las temáticas del área.
–De acuerdo con las investigaciones del Instituto, ¿cuáles serían los grupos más vulnerados?
–Esta información se puede obtener de los mapas nacionales sobre la discriminación que realizamos. Sin duda, las personas pobres siempre conforman el grupo más vulnerado de cualquier sociedad. Y, por supuesto, hay variaciones según las regiones del país en temas como la discapacidad, los inmigrantes, la diversidad sexual, las personas con HIV. O, por ejemplo, el tema de los afrodescendientes, quienes hasta ahora habían estado invisibilizados. En este sentido, el INDEC por primera vez ha hecho un censo en 2010 que cubrió toda esta población en nuestro país. Es un tema que en otros países latinoamericanos tiene mucha más presencia por una cuestión numérica, acá no es tan visible pero nosotros lo abordamos. Otro de los grandes temas referidos a conductas racistas es la población indígena originaria. Hay provincias en donde existen mayor cantidad de comunidades y pueblos originarios y otras en donde no tanto, pero lo bueno de todo esto es que, si bien hay un organismo nacional que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, entendemos que es parte de nuestra responsabilidad desarrollar políticas que apunten a promover una nueva mirada respecto de cualquiera de los grupos para que sea transformado en sujeto de derecho. La sociedad debe entender que la inclusión se hace en base al reconocimiento de todas y de todos y no a partir de determinados sectores nada más. Poner eso en la mesa es una nueva manera de concebir lo que debe ser una sociedad. Promovemos desde el INADI ese cambio cultural. Si bien existen todavía prácticas discriminatorias y existe discriminación en nuestra sociedad tanto a nivel de Estado como de sociedad civil, lo cierto es que hoy es un hecho negativo y está pensado como un hecho negativo.
–¿Básicamente se busca fomentar un cambio de conciencia?
–Hemos roto esa naturalización que se ha dado históricamente por la cual se han estigmatizado infinidad de grupos y sobre eso se ha construido. Sucede todavía, por ejemplo en el tema de género, que es muy difícil romper determinados parámetros sobre los cuales se construyen los idearios sociales y colectivos. Pero el hecho de ser consecuentes con un pensamiento, tener esto como una política de Estado y no como políticas coyunturales, tratar de transversalizar e integrar a los demás organismos públicos y articular con la sociedad civil hace que hoy tengamos una realidad que es mucho mejor que la que había hace unos años.
–¿Hay alguna pauta de procedimientos para situaciones concretas?
–El INADI trabaja primero sobre un análisis: hace una investigación, un trabajo desde lo empírico, de base, en el territorio, para conocer la realidad y sobre eso construye después las políticas. Ellas le dan un fuerte sustento a las tareas de capacitación, las campañas, el trabajo a nivel educativo, de formación. No hemos hecho ninguna campaña tradicional de difusión de nuestra tarea, todo lo que se hace es porque los mismos medios de comunicación y la misma sociedad van replicando lo que nosotros vamos haciendo. Por supuesto, lo que  hacemos nosotros lo damos a conocer, pero el efecto multiplicador se lo da la propia sociedad. También tenemos una dirección de asistencia a la víctima que tiene que ver con la recepción de denuncias y su tramitación. Por un lado, en lo que hace a una resolución rápida del conflicto, frente a un hecho discriminatorio, tratar de resolverlo para que cese esa arbitrariedad. Y por otro, si no cesa y no se puede resolver en forma conciliatoria o amistosa, se procede a una denuncia formal y después las personas víctimas de hechos discriminatorios pueden recurrir a instancias judiciales. La discriminación está tipificada en nuestra legislación y puede influir para agravar la pena.


–¿Qué aspecto destacaría de la labor del INADI para afrontar los actos de discriminación?
–Lo más importante para nosotros es el cambio cultural. Yo insisto con eso porque todo nuestro trabajo y esfuerzo están destinados a cambiar la matriz de nuestra sociedad en términos de prácticas sociales y conductas públicas. Parece que tenemos que cambiar esa matriz para que realmente entendamos que no se trata solamente de respetar al otro, sino también entender que todos tenemos los mismos derechos, no importa cuál es el origen, la identidad de género, religión, etcétera. Desde ese lugar tenemos que construir. Y sin duda tiene que haber políticas de Estado que tiendan a nivelar eso que a veces es tan inequitativo. No es quitarle el derecho a nadie, sino todo lo contrario, es darles derechos a todos para que podamos vivir en ese marco del respeto y la igualdad.
–¿Existen grandes obstáculos para implementar estas políticas públicas?
–Claro, los hemos tenido que enfrentar muchas veces, por ejemplo con la Ley de Matrimonio Igualitario. Allí hubo que trabajar para lograr que determinados funcionarios, a veces  funcionarios menores, también se adecuen a la normativa. Lo mismo pasó con la Ley de Identidad de Género. Hay un trabajo muy grande por parte del Poder Ejecutivo y de organismos del Estado nacional que han elaborado políticas públicas muy interesantes y sin embargo, a veces, cuesta ponerlas en marcha porque todavía hay algunos escollos que no se pueden superar tan fácilmente. Por supuesto que hay también sectores que se resisten porque cuando se cambia, siempre se rompe con ciertos privilegios y eso obviamente no es del agrado de muchos sectores de nuestra sociedad que los detentan. Pero bueno, son cambios culturales. Por eso desde el Instituto decimos que tenemos que seguir profundizando nuestra tarea.
–¿El Instituto tiene alguna capacidad para sancionar en caso de actos discriminatorios?
–Nosotros no aplicamos sanciones, emitimos dictámenes que no son vinculantes, pero tienen un peso muy importante porque, trasladados a la Justicia, pueden ser un agravante. En el caso de discriminación en medios, por ejemplo, el que aplica las sanciones es la AFSCA. Pero nosotros participamos dentro de lo que es el Observatorio para radio y televisión integrado por la AFSCA, el INADI y el Consejo Nacional de la Mujer. Y a partir de eso se construye el seguimiento. Nosotros o el Observatorio no vamos detrás de cada medio de comunicación para vigilarlo, sino para deconstruir un discurso que nos preocupa cuando discrimina, nada más. Pueden decir lo que quieran, si no nos convertiríamos en policías, y todo lo que nosotros hacemos no tiene que ver con lo policial, sino con tratar de transformar una cultura. Por eso lo importante no es solo el poder sancionatorio o punitivo, lo importante es la construcción de una nueva conciencia social en base al respeto y al otorgamiento de derechos a todos los grupos vulnerados y, sobre todo, que como sociedad actuemos desde la convicción profunda de que cualquier palabra o acto racista o xenófobo están mal y esto nos lleve a no hacerlo. Esa sería una lucha ganada. Yo creo que sobre eso es que tenemos que construir todas nuestras políticas. Aquí no hay milagros, lo cultural hace a un conjunto de situaciones y batallas que hay que dar en distintos ámbitos, en la sociedad civil y el Estado, trabajando articuladamente.

Marcela Fernández Vidal
Fotos: Horacio Paone