11 de abril de 2025
El negacionismo y la reivindicación de los crímenes de la dictadura por parte de funcionarios del Gobierno apuntan a revertir los avances logrados en materia de derechos humanos. La trampa de la «memoria completa».
Lo que dejó el 24 de marzo fue un escenario de preocupación para el movimiento de derechos humanos, un movimiento al que Víctor Abramovich no es ajeno. Entre 2001 y 2005 fue el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Hasta 2009, integró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y después dirigió durante cinco años el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (Ippdh) del Mercosur. Desde 2015, ejerce como procurador fiscal ante la Corte Suprema de la Nación, cargo que complementa con la docencia en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).
Abramovich recibió a Acción en su despacho de la Procuración, ubicado en la elegante calle Guido al 1500, para dialogar sobre la situación de los derechos humanos en la era Milei.
–¿Qué se puede hacer frente al negacionismo, sobre todo cuando se está convirtiendo en un discurso oficial?
–En nuestro país hay una serie de normas constitucionales, tratados internacionales que establecen el deber del Estado de prohibir la circulación de discursos de apología del odio que puedan incitar a la violencia contra grupos históricamente discriminados por distintos motivos –origen nacional, raza, religión–. Dentro de eso, también está el deber de restringir los discursos que se pueden entender como de apología del genocidio, de los crímenes de lesa humanidad. Yo creo que hay que encontrar la mejor forma de abordar ese problema desde la discusión social, política, cultural, pero también utilizando las herramientas legales que puedan estar disponibles. Es muy complejo cuando ese discurso es encarado desde las propias autoridades del Estado, porque obviamente toda la normativa que intenta restringir la circulación de esos discursos lo hace con el objetivo de impedir la reproducción de escenarios de violencia, sobre todo de violencia sistémica. Entonces, cuando esos discursos se desarrollan desde las estructuras del Estado, desde los sistemas de gobierno, desde la dirigencia política, la posibilidad de que sean idóneos para generar escenarios de violencia es mucho mayor. Y por tanto siempre se plantea la responsabilidad diferenciada que tienen los funcionarios políticos respecto a esto.
«Hay una decisión deliberada de este Gobierno de avanzar contra conquistas históricas que se fueron dando en el plano internacional y en el local en materia de derechos humanos.»
–¿Cómo ve la relación del Gobierno nacional con los organismos internacionales de protección de derechos humanos?
–Yo creo que, desde el retorno de la democracia hasta ahora, este es el Gobierno que ha tenido una postura más hostil hacia los organismos internacionales de protección de derechos humanos y hacia el discurso y los instrumentos de derechos humanos en general. Se ve un poco en la línea de votaciones que ha seguido en Naciones Unidas, las posiciones que ha tenido en el sistema interamericano, las discusiones que está planteando sobre la posibilidad de quitarle financiamiento al Ippdh del Mercosur. O sea, ha tenido una posición incluso planteando que la reivindicación de los derechos humanos es parte de una agenda política, ideologizada, construyendo incluso identidad política con la negación del reconocimiento de derechos. Ha discutido incluso la reforma de la Constitución de 1994. O sea que, si fuera por el Gobierno, la Constitución no tendría los tratados de derechos humanos que tiene. Creo que es un escenario novedoso porque siempre ha habido Gobiernos que han tenido enfrentamientos con los organismos internacionales, que han planteado tesis que son contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos en algunos temas, pero acá, me parece, hay una decisión deliberada de avanzar contra conquistas históricas que se fueron dando tanto en el plano internacional como local en materia de derechos humanos.
–En pocos meses se cumplirán 20 años desde el fallo Simón de la Corte Suprema, que posibilitó volver a juzgar a los represores y que fue conseguido por el CELS cuando usted lo dirigía. ¿Qué impacto tuvo este fallo en el sistema judicial argentino?
–Fue un proceso muy importante, no solo para Argentina, sino a nivel global. En los últimos tiempos, por ejemplo, a partir de la película Argentina, 1985 volvimos a hablar del Juicio a las Juntas. Ese juicio fue decisivo para el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, más allá de las leyes de Obediencia Debida y del Punto Final o de los indultos que vinieron después. Pero a mí me parece importante también poner en valor los juicios que se abrieron después de Simón, por varios motivos. Sirvieron para entender el funcionamiento, por ejemplo, de los centros clandestinos de detención; la práctica sistemática de tortura; las violaciones sexuales; las situaciones de resistencia que se daban al interior de los centros. Otra cuestión que me parece central en estos juicios es el análisis de la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur, el Plan Cóndor. Me parece que estos juicios arrojan luz también sobre lo que fueron las complicidades civiles con la dictadura, las responsabilidades de los sectores empresariales y eclesiásticos, sin los cuales esa dictadura hubiera sido imposible en su realización. Y van en detalle, por ejemplo, sobre lo que fue la represión en las fábricas, la represión de dirigentes sindicales. Muestran cómo el terrorismo de Estado trasciende ampliamente el concepto más estricto de lucha antisubversiva porque era básicamente una violencia de disciplinamiento de los sectores populares y que tiene mucho que ver con cómo se fue imponiendo un sistema económico de redistribución regresiva del ingreso a partir del terrorismo de Estado. Yo creo que esos aspectos que estaban de alguna manera planteados en la Causa 13 se ven con detalle, con profundidad, integralmente en esta segunda camada de juicios. Creo que el trabajo que queda por delante es convertir toda esa información que está en los juicios en debate cultural y social. Es el mejor antídoto contra los discursos negacionistas. Es ese trabajo que hay que hacer en el plano de la discusión social y política.
«El sistema judicial en la Argentina sigue siendo muy cerrado, muy elitista, muy restrictivo respecto de la participación de ciertos sectores sociales.»
–¿Cambió algo en el Poder Judicial a partir del fallo Simón?
–Cuando defendíamos la tesis de que había que juzgar, decíamos que, si un país no juzga los crímenes más graves cometidos en su historia, es imposible que pueda aplicar la ley en cualquier otro caso. Yo no tengo tan claro que haya cambiado mucho la Justicia a partir del juzgamiento de estos crímenes. Seguramente algo cambió en los jueces, fiscales, defensores, abogados que participaron en estos juicios: sobre la manera en que miraron este proceso histórico, la relación con las víctimas, la participación de las víctimas en el proceso, la necesidad de generar espacios de escucha para las víctimas. Eso es algo que los juicios de lesa humanidad trajeron que no estaba muy presente en el sistema judicial argentino.
Me encantaría poder hacerlo, pero no puedo identificar cambios así tan claros a partir de ese juzgamiento, porque todavía el sistema judicial en la Argentina sigue siendo muy cerrado, muy elitista, muy restrictivo respecto de la participación de ciertos sectores sociales con déficit de acceso muy profundos, muy selectivo en la aplicación de la Justicia penal, por ejemplo.
–Lo que salió a la luz el año pasado con la visita de seis diputados oficialistas a los represores presos en Ezeiza, ¿no mostró un escenario similar al que había en la previa del fallo Simón?
–Había una reacción de los sectores que estaban en contra del juzgamiento. Eran minoritarios ya entonces. Estaba el general (Ricardo) Brinzoni, que empieza a plantear esta idea de la memoria completa. Aparecía como un argumento de justicia para todo el mundo o memoria en todas las direcciones, pero, en realidad, era una estrategia de impunidad. Lo que se estaba buscando era un escenario de caos y la imposibilidad de juzgar. Y yo creo que eso está muy presente en alguna de las tesis que están sosteniendo hoy los sectores que están en contra de los juicios, muy vinculados a sectores del Gobierno. Me parece interesante vincularlo con el discurso de (Juan Bautista) Yofre del año pasado, con el de (Agustín) Laje de este año, porque el objetivo de esa visita fue discutir un proyecto de ley de amnistía. O sea, por más que ahora planteen la revalorización de las víctimas del terrorismo –que hay víctimas silenciadas o una historia no contada–, la estrategia de fondo es la impunidad e incluso la justificación de los crímenes. Cuando se habla de guerra revolucionaria en el discurso de Laje, es similar al discurso de las defensas de los comandantes en la Causa 13, y menciona material que estaba en los cuadernos de prueba que aportan ellos. La propia Cámara Federal, cuando analiza esa información, lo hace para mostrar como hacia 1975-1976, cuando se agudiza, digamos, la práctica del terrorismo de Estado, no existía un contexto que impidiera a las Fuerzas Armadas repeler la agresión de los grupos armados por fuera de la normativa legal.
–¿Qué piensa de la decisión de presentar el asesinato del capitán Humberto Viola como un crimen de lesa humanidad ante la CIDH?
–Si uno mira la foto parece que están planteando la reivindicación de justicia por la familia del capitán Viola; pero, si uno mira de manera un poco más amplia el contexto, es parte de la misma estrategia de memoria completa que tiene detrás una agenda de impunidad. Esto ya se intentó discutir en los tribunales internos para tratar de homologar los crímenes cometidos por organizaciones armadas con crímenes de lesa humanidad o con crímenes de guerra. En todos los casos donde esa cuestión fue analizada se consideró que los crímenes cometidos por las organizaciones armadas, a la luz de lo que era el derecho internacional en los años 70, solamente pueden ser caracterizados como delitos comunes. También es verdad que estos crímenes, al momento en que fueron cometidos, no presentaban ningún obstáculo para su juzgamiento. Hubo miembros de organizaciones armadas involucrados en esos casos que fueron juzgados, condenados y que cumplieron varios años en prisión, e incluso las víctimas del personal militar que muere en el marco de lo que se denominaba lucha antisubversiva también recibieron desde ascensos militares post-mortem, pensiones militares y hasta reparaciones económicas.
