Verdad y consecuencia

9 de octubre de 2013

Horacio Verbitsky asegura que investigar las complicidades civiles con la dictadura constituye un seguro contra el golpismo ejercido por sectores de la economía concentrada.

El periodista y presidente del CELS habla como escribe: en cada una de sus respuestas enumera con calma abundantes detalles y una increíble cantidad de datos, como si redactara una de sus clásicas columnas dominicales de Página/12, donde sus análisis de la actualidad política nacional se transforman en inevitable material de consulta tanto de oficialistas como de opositores.
Su palabra también es reconocida en ámbitos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, debido a su labor como presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Cuentas pendientes, su último libro, editado junto con el abogado Juan Pablo Bohoslavky, aporta una nueva mirada respecto a los hechos sucedidos durante la dictadura militar, pero desde un ángulo muchas veces mencionado y pocas profundizado: la complicidad civil. Desde la Sociedad Rural Argentina al Colegio de Abogados, de la cúpula de la Iglesia Católica a los diarios de la época, desde empresarios a sindicalistas, la reciente publicación compila una serie de ensayos y artículos de reconocidos especialistas que analizan los distintos componentes que le dan forma al término «dictadura cívico-militar».
–Seguir indagando sobre los hechos de la dictadura, ¿es importante para llegar a la verdad y la justicia o también porque afecta la estructura de poder en el presente?
–Por las dos cosas. Por un lado, para establecer exactamente cómo fueron los hechos y no tener una imagen falsa de la realidad. Pero también por la influencia que esto tiene sobre el presente. Es decir, el juicio a las Juntas de 1985 y el trabajo de la CONADEP, significaron un seguro de vida para la democracia argentina contra golpes militares. Pero en aquel momento no fue posible avanzar sobre las responsabilidades económicas, tanto de los instigadores, como de sus beneficiarios y cómplices, porque la democracia argentina era muy débil. Ir también contra el poder económico que había respaldado al golpe habría puesto en peligro la estabilidad del gobierno. Eso quiso decir Alfonsín en su discurso final, cuando se refirió a lo que «no pudimos, no supimos o no quisimos hacer».
–En el libro se propone una Comisión por la Verdad con sanciones a las empresas cómplices del Proceso que implicarían, por ejemplo, que no puedan operar en el país o ser contratistas del Estado. ¿Cómo sancionar a las empresas a las que luego se puede necesitar para desarrollar diferentes proyectos?
–Bueno, el actual gobierno ha asumido en parte las posiciones que expresamos en el libro respecto del carácter cívico-militar del golpe. Lo ha dicho en varios de sus discursos. Y, además, hay algunas investigaciones que apuntan en esa dirección, como las hechas por la Comisión Nacional de Valores, la Secretaría de Comercio Interior y la Secretaría de Derechos Humanos. Creo que se pueden impulsar más investigaciones como esas. Pero si el tema es tomado como una curiosidad o un capricho, no va a pasar nada. En cambio, si se considera que además de un seguro de vida contra golpes militares, el país necesita otro, pero contra desestabilizaciones por parte de factores económicos, me parece que va a ser posible hacerlo. Por supuesto que va a haber resistencias, hay un sector del poder que salió beneficiado de la dictadura que seguramente no querrá renunciar a esto.
–¿La revisión de la deuda externa iría en este sentido?
–Iría y va en este sentido. Las renegociaciones de 2005 y 2010 son una revisión del endeudamiento externo. No es que no se discute su legitimidad. La Argentina ha pagado sólo una parte y ha renegociado a la baja el resto.

–Pero el canje de deuda no se hizo para no pagarles a quienes tuvieron que ver con la dictadura.
–Eso está ya revisado por la Justicia. Hay una causa iniciada por Alejandro Olmos y un fallo del juez Jorge Ballesteros que fue remitido al Congreso, y que es uno de los elementos que esta comisión debería tomar. La deuda externa ha sido un mecanismo reciclador de relaciones de poder, porque unos fueron los que la contrajeron y gozaron, y otros los que la tuvieron que pagar. Pero, es cierto, la renegociación de la deuda no fue en este sentido, sino en el de cuestionar los montos a pagar y plantear a los acreedores otras condiciones. Pero esto tiene que ver con que los acreedores actuales no son los mismos de aquel entonces. Ha habido un cambio de la arquitectura financiera internacional muy importante. Por un lado los bancos ya no son los acreedores, tenemos bonistas individuales, ya que los bancos en su momento fragmentaron y vendieron los bonos. Además, hay gente que ha comprado de buena fe un bono 20 años después, ¿qué le podés reclamar a esa persona? A las grandes responsabilidades de los que diseñaron esa arquitectura financiera debería apuntar esta investigación que proponemos.
–En el libro se menciona el comportamiento de gremios, conformando patotas para atacar a las corrientes combativas, y de empresas, confundiéndose con el Estado represor, como en el caso del ingenio Ledesma. ¿La vinculación entre dictadura y civiles tiene marcas también en el presente?
–En el caso de los sindicatos está claro que hay una tendencia a proseguir con las prácticas burocráticas y antiobreras por parte de las cúpulas. Pero también es cierto que hoy asistimos a una situación inédita, que es que uno de los principales burócratas sindicales, José Pedraza, esté condenado por la autoría de la represión a sectores de su propia base sindical. Esto es una novedad, junto con la detención de Juan José Zanola, de Bancarios. Y en el caso de las empresas, está clarísima la presión. Un ejemplo es que cuando se realiza el reciente juicio a Pedro Blaquier, el pueblo de General San Martín se moviliza en su respaldo por el temor al cierre del ingenio. Manipulados evidentemente por la empresa ya que no hay ningún riesgo de cierre, sino de que Blaquier vaya preso y tenga que pagar indemnizaciones.
–La actual relación de empresas con el Estado, obviamente en otras circunstancias, merece también un análisis. Pienso en la la minera Barrick Gold y el gobierno de San Juan.
–Con respecto a la minería hay dos discusiones básicas. Por un lado, la contaminación ambiental y por otro, la distribución de sus beneficios. Esos son temas que están pendientes en todo el país, no sólo en San Juan. En la cuestión de la contaminación hay dos posiciones muy enfrentadas: unos que dan por sentado que es una actividad altamente predatoria y destructora del ecosistema; y otros que plantean que con el debido control estatal no es una actividad contaminante. Y con respecto a la participación estatal, hay leyes que vienen del menemismo y garantizan a las empresas un pacto fiscal que impide modificar los gravámenes durante un largo tiempo. Han habido en los últimos años algunas formas de modificación de esto, pero sin denunciar esos convenios ni recurrir a la Justicia, por vía de asociaciones entre las empresas de capitales extranjeros y los Estados provinciales. Esto es evidentemente un arma de doble filo porque, por un lado pueden mejorar los ingresos del sector público, y de hecho ha pasado. Pero por otro, propicia la confusión entre lo público y lo privado, poniendo en tela de juicio la rigurosidad de los estudios y del control que mencionaba antes.
–El rol de los medios durante la dictadura fue, a su juicio, ¿de complicidad o de sometimiento?
–Entiendo los descargos que pueden hacer algunos periodistas, como Joaquín Morales Solá por ejemplo, que ha dicho: «Era una dictadura. Todos teníamos que sobrevivir. Unos lo han hecho más o menos dignamente. Pero la culpa no es de los periodistas sino de la dictadura». En eso tiene razón. Pero no vale para las empresas. Y además, entre los periodistas, no es lo mismo aquel que no pudo hacer todo lo que hubiese querido, que aquel que se convirtió en un voluntario panegirista y cómplice de la dictadura, como lo fue el subdirector del diario La Nación, Claudio Escribano. Él escribía la columna política donde respaldaba abiertamente las acciones represivas. Uno puede decir: las columnas de Morales Solá en Clarín eran insustanciales y no contribuían al esclarecimiento de lo que estaba pasando. Escribano, en cambio, avalaba directamente la represión y lo decía con todas la letras.
–Hoy se dice que «es el mejor momento del periodismo, porque está todo en discusión», y todo lo contrario: «Es el peor momento porque en esta guerra la primera que pierde es la verdad». ¿Cuál es su opinión?
–Efectivamente está todo en discusión. Hay una libertad de expresión que no tiene precedentes. Están surgiendo nuevos medios que canalizan otras posiciones y, además, hay una toma de conciencia general sobre la manipulación mediática. Sin embargo, creo que el Gobierno ha cometido muchos errores en esta materia. Me parece que le han dado a ciertas denuncias mediáticas una trascendencia que no tienen, faltó paciencia para esperar el desarrollo de los acontecimientos y le dieron una entidad excesiva. Las publicaciones afines al Gobierno atacaron a los comunicadores críticos en un momento en el cual la repercusión que habían tenido sus denuncias era muy baja. Después crecieron, pero en buena medida debido a este error. Yo recuerdo lo que me pasó durante el gobierno de Menem, cuando comenzó a atacarme en forma brutal entre 1991 y 1992. El público dijo: «Bueno, si a este tipo lo están atacando de esta manera, es porque algo importante debe estar diciendo». Y un libro tan difícil de leer como Robo para la corona, se convirtió en un best seller descomunal. Bueno, el rating que tiene el programa de Jorge Lanata hoy, muy superior al del año pasado, tiene que ver con esto. Pero lo que hay que ver es que ha habido una cantidad de denuncias que cuando ha llegado el momento de la concreción en la Justicia no se verifican.
–Con respecto a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pese a que está pendiente el fallo de la Corte, ¿no hay otros temas en los que se puede avanzar para su aplicación?
–Hay otros temas y se está avanzando. Lo que pasa es que si una ley que está concebida para desconcentrar, no se le aplica al grupo más grande y sí a los demás, va a producir el efecto paradojal de profundizar la concentración.
–En materia de inseguridad y la cobertura mediática, llama la atención la poca repercusión a nivel nacional de los casos que vinculan al narcotráfico con la policía en Rosario y Córdoba. ¿Se trata de protección a posibles candidatos opositores o de simple incompetencia periodística?
–¡Pero está a la vista la protección! Binner por ser un candidato con proyección nacional y De la Sota, puede no ser un candidato potable a presidente, aunque ni él ni el ex senador Duhalde se den cuenta, pero sí es el candidato principal de Córdoba.

–¿Esta connivencia de policía y delito ocurre también en la provincia de Buenos Aires?
–Por supuesto. Existe desde hace 20 años. Hay que acordarse de la maldita policía investigada por Carlos Dutil y Ricardo Ragendorfer. Y para no remontarnos tan atrás, el año pasado el Senado de la provincia terminó una investigación sobre el asesinato de la nena Candela Sol Rodríguez donde dice claramente que hay una vinculación espuria entre la policía y los narcos, y recomienda la separación de 50 oficiales comenzando por el jefe de la fuerza, quien justamente acaba de ser confirmado por el gobernador Daniel Scioli.
–¿Qué opina sobre la designación de Alejandro Granados en Seguridad de la provincia?
–No estoy de acuerdo con el giro discursivo del Gobierno nacional en esta materia, con el señalamiento de los jueces y la idea de la puerta giratoria, que dice que como entran los delincuentes, salen. Y sobre todo no estoy de acuerdo con la sensación de emergencia en materia de seguridad. Aquí no se han disparado las tasas de homicidios, esos índices siguen siendo más bajos que en el conjunto de la región. Dar esa imagen es un error. Lo que sí hay, en distintos lugares del país, es un incremento de la penetración de grupos vinculados con la comercialización de drogas. Pero eso no se controla con discursos ni acusando a los jueces, la única manera es creando organismos investigativos federales de alta capacidad técnica que puedan hacer una inteligencia adecuada e ir en apoyo de las investigaciones judiciales. Por otro lado, hay que restarle mano de obra barata a esos grupos, y eso tiene que ver con inversión social, cosa que sí está haciendo el Estado nacional.
–¿La implementación de policías comunales puede ser un aporte positivo?
–Bueno, eso tiene una gran ventaja y una gran desventaja. Lo bueno es la inmediatez, la proximidad. Lo malo es el entramado de complicidades, que no es teórico, es bien práctico, porque viene ocurriendo desde hace muchos años. El ex ministro León Arslanián denunció que cuando intentaba relevar a algunos jefes policiales vinculados con negocios ilegales, los intendentes se oponían. Y en el caso del nuevo ministro de Seguridad de la provincia, Alejandro Granados, su relación con redes de ilegalidad es evidente. Entonces, desde ese punto de vista es peligroso.