19 de septiembre de 2016
Al menos 1.300 adolescentes están privados de su libertad en unidades, comisarías de menores e institutos para jóvenes «en conflicto con la ley» de todo el país, en una coyuntura arrastrada durante décadas, que muestra pocos avances en términos de derechos para esa población de niños, la vigencia de regímenes punitivos y la falta de estadísticas confiables. Argentina carga con dos realidades nefastas: es el único país de Latinoamérica que carece de un régimen de responsabilidad penal juvenil acorde con la Convención de los Derechos del Niño y mantiene vigente un decreto-ley de la última dictadura militar que no garantiza el estado de derecho para los niños y adolescentes en conflicto con la ley. La coordinadora del Equipo de Trabajo de Niños, Adolescentes y Jóvenes privados de Libertad de la Procuración Penitenciaria Nacional (PPN), Marina Chiantaretto, aseguró que «no hay datos fiables ni actualizados» y que «no existe claridad en los números» .
