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pesos es el nuevo límite fijado por el gobierno nacional para que las contrataciones de servicios en el ámbito estatal puedan realizarse sin llamado a licitación. La medida fue implementada por un decreto del Ejecutivo y, según los considerandos de la norma publicada en el Boletín Oficial, buscaría «otorgar mayor flexibilidad y rapidez a la gestión de las contrataciones, coadyuvando con ello a un uso inteligente de los recursos públicos».
Hasta el momento, el piso para poner en marcha ese mecanismo de concursos (selección de ofertas, aprobación y órdenes de pagos, y desembolsos) era de 800.000 pesos. El Ministerio de Modernización, que conduce Andrés Ibarra, detalló que el aumento –de un 712,5%– lleva el piso a partir del cual los funcionarios están obligados a realizar una licitación pública a 1,3 millones para contrataciones directas, 6 millones para licitaciones privadas o concursos privados y más de 6 millones para licitaciones públicas o concursos públicos. La actualización de los montos permitirá a los funcionarios del macrismo sortear licitaciones públicas, por lo que tendrán más margen para resolver contrataciones directas y licitaciones privadas. Solo los acuerdos que superen los 100 millones de pesos deberán ser autorizados por el jefe de Gabinete en persona o las máximas autoridades de los organismos descentralizados. Cuando la cifra sea menor podrán ser firmados por ministros, funcionarios de igual rango o por el secretario de Presidencia.

 

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