Alzar la voz

Frente al abrupto incremento de las tarifas eléctricas que afectan tanto a los consumidores como a la sustentabilidad de las cooperativas, federaciones del sector se movilizaron para reclamar una solución a las autoridades de la provincia.


Protesta. Luego de la gran concentración, se entregó un petitorio al gobernador. (Face Córdoba)

A partir de los incrementos que vienen experimentando las tarifas eléctricas desde principios de 2016, fruto de la quita de subsidios estatales y un aumento significativo en los valores de generación y transporte de la energía, en distintos puntos del país se vienen produciendo numerosos reclamos. Medidas cautelares, amparos judiciales y peticiones administrativas son algunas de las acciones que impulsan los sectores afectados, como ocurrió en algunas localidades del interior de Córdoba, donde los vecinos salieron a la calle para mostrar su descontento, y el gobierno provincial responsabilizó a las distribuidoras cooperativas por los incrementos. En respuesta a esta situación, las entidades que nuclean a las 204 cooperativas eléctricas que operan en territorio cordobés –la Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (FEcESCOR) y la regional cordobesa de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (FACE Córdoba)– convocaron a una gran movilización a fin de visibilizar «los niveles de responsabilidad que le competen a los actores del mercado eléctrico en la dramática situación emergente, donde las cooperativas no son los principales causantes de aquello que las enfrentan con sus asociados, sino meros agentes de recaudación final de las tarifas», como manifestaron en el petitorio entregado al gobernador Juan Schiaretti luego de la marcha.
Con el respaldo de otras federaciones cooperativas y organizaciones sociales de la provincia, como la filial Córdoba del Instituto Movilizador, se realizó una caravana de alrededor de 500 vehículos, que se concentraron en el centro cívico de la capital mediterránea. Según los representantes de las entidades, entre el 40% y 50% del componente tarifario son impuestos (nacionales, provinciales y municipales), otro 30% va a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) para pagar el transporte y la energía a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y menos del 30% de lo cobrado queda en la caja de las cooperativas para hacer frente al mantenimiento y prestación del servicio.

Asimetrías
«Luego de la quita de subsidios, en enero de 2016, la energía eléctrica tuvo un incremento en el mercado mayorista del 3.300% y a esto se suma un aumento que la EPEC fijó para la energía que le vende a las cooperativas, a las que tiene catalogadas como grandes usuarios y no como distribuidoras», explica Luis Castillo, presidente de FEcESCOR. Esta diferencia de categoría produce que en las localidades cordobesas se apliquen tarifas diversas, ya que los usuarios provistos por la EPEC pagan mucho menos que los que viven en lugares abastecidos por las cooperativas. Ante esto, las federaciones plantean la implementación de un fondo compensador a fin de eliminar las asimetrías tarifarias. «Hay que tener en cuenta que las distribuidoras cooperativas brindan electricidad al 70% del territorio provincial –argumenta Omar Marro, presidente de FACE Córdoba–. Suministran luz en pequeñas áreas urbanas pero la mayoría de sus líneas cubren extensas zonas rurales, con condiciones de mercado muy diferentes a las que tienen los prestadores de urbes que tienen muchos usuarios y un consumo concentrado», señala.
En el petitorio, las entidades cordobesas también solicitan una tarifa social equitativa para la totalidad de la geografía de la provincia de Córdoba. Según Marro, si esta situación no se revierte, «se pone en ponen en riesgo los servicios sociales que brindan las entidades en sus comunidades de manera solidaria y sin fines de lucro; además de atentar contra el desarrollo local y regional».