13 de octubre de 2016
«El objetivo es generar información sobre las escuelas para descargar la responsabilidad de la situación de la educación en los estudiantes, docentes y familias, desligando al Estado de su rol de garante de derechos». Así comienza la carta a las familias elaborada por el sindicato docente Ademys para explicar los motivos de su rechazo al Operativo Aprender, un «dispositivo nacional de evaluación» impulsado por el Ministerio de Educación y Deportes para «relevar información oportuna y de calidad sobre los logros alcanzados y los desafíos pendientes del sistema educativo». Según el ministerio, los resultados permitirán una «mejora mejora continua de los aprendizajes», «una mayor equidad», y «planificar políticas que optimicen la calidad educativa». Sin embargo, los gremios docentes consideran que el objetivo es imponer políticas de ajuste. «Comienzan por la evaluación como un mecanismo punitivo, en lugar de definir previamente un proyecto educativo que contemple la participación de las organizaciones sindicales y de la sociedad en su conjunto», asegura en un comunicado la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. En tanto, la Unión de Trabajadores de la Educación solicitó mediante un petitorio la suspensión del operativo, porque «reduce la participación de la docencia a meros aplicadores y de los estudiantes a simples objetos de estudio», y «reduce la calidad a la evaluación, y la evaluación a la medición constituyendo un fraude epistemológico, político y pedagógico con consecuencias en el empobrecimiento de los proyectos educativos».
