8 de octubre de 2018
Con los 33 votos del oficialismo y 24 en contra, sin respaldo de la oposición, la Legislatura aprobó el Código Procesal Penal porteño. Así, se incorporaron las figuras de «informante» y de «agente encubierto», «agente revelador» y «entrega vigilada» como medidas especiales de investigación. Para la oposición, estas figuras son
exageradas para los delitos que son competencia de la Ciudad. A nivel nacional, esta modalidad está reservada para delitos complejos, como redes de trata o narcotráfico. El problema es que no está contemplado un mecanismo de control para los agentes y el miedo es que la mayor discrecionalidad con la que contarán la Policía y la Justicia porteña derive en abuso de poder y connivencia con delincuentes, de acuerdo a las distintas críticas que recibió el proyecto. Con respecto a los «informantes», en el kirchnerismo hablaron de que esto puede convertirse en un «cheque en blanco para la Policía y la Justicia». Por su parte, la izquierda sostuvo que servirá para crear «un ejército de buchones a sueldo para aportar datos» e ir contra las organizaciones sociales, partidos políticos y sindicatos.
