24 de abril de 2013
El salto de competitividad económica en el sector depende en la actualidad del incremento de la inversión estatal y privada, de acuerdo con la planificación formulada para 2020.
Innovación. El plan se respalda en la incorporación de capital humano recién formado y también con prolongada experiencia. (Horacio Paone)
Hacia el año 2020, la inversión total en Investigación y Desarrollo (I+D) alcanzará el 1,65% del Producto Interno Bruto (PIB). Este porcentaje será realidad siempre que el sector privado cumpla con su parte y responda por la mitad de ese esfuerzo. Tal es la hipótesis de máxima del Plan «Argentina Innovadora», presentado hace unas semanas. En la actualidad, las partidas para I+D están lejos de esa meta: apenas 0,65% del PIB. El objetivo es llegar dentro de siete años al nivel que exhibían Estados Unidos, China o Alemania en 2007.
El mayor aporte en los próximos años deberían realizarlo quienes hoy expresan el retraso más ostensible, las empresas privadas, ya que el Plan estima que la trayectoria seguida por el sector público repetirá lo ocurrido entre 2003-10. La única variante en esta materia es que, para corregir desequilibrios, se espera elevar de 28 a 37 el porcentaje de I+D aplicado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Mincyt) en las provincias del NOA, NEA, Cuyo y Patagonia.
Del sector privado dependerá, entonces, el resultado final. Si mantiene su contribución minoritaria (apenas 26% del total), la inversión nacional en actividades de I+D sólo llegará al 1,01% del PIB en 2020. Esto es «un valor que se considera condición necesaria, aunque no suficiente, para garantizar la sustentabilidad del desarrollo económico de un país», sostiene Ruth Ladenheim, secretaria de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. La brecha entre escenarios de fuerte o débil aporte privado no es menor. En una trayectoria meramente inercial –con empresas reticentes a modernizarse– el número de expertos y tecnólogos sólo crecería gracias a la inversión pública. El país pasaría así de los actuales 2,9 investigadores y becarios por cada 1.000 integrantes de la Población Económicamente Activa (PEA) a 4,6. En cambio, con un salto de inversión empresaria, se llegaría a 5 investigadores y becarios por millar. Con esta hipótesis optimista, se pasaría de unos 60.000 especialistas a 100.000 en 2020.
Los aspectos cuantitativos del Plan, con todo, quedarían en meras proyecciones si no contemplaran fuertes transformaciones sectoriales. Porque –en efecto– el designio de fondo consiste en agregar valor a la producción local e incrementar la competitividad de las distintas cadenas de bienes y servicios. Pero, principalmente, hacer que «la ciencia y la tecnología constituyan el motor del desarrollo y de la prosperidad, en tanto incorporan conocimiento, generan empleo de calidad y mejoran la calidad de vida de la gente», sostiene el titular del Mincyt, Lino Barañao. De allí la importancia de identificar oportunidades de intervención pública y privada en entornos territoriales específicos, a partir de la articulación entre las llamadas «Tecnologías de Propósito General» (nanotecnología, biotecnología y tecnologías de la información y la comunicación, TICs) y los denominados Núcleos Socio Productivos Estratégicos. Las prioridades en esta materia son: agroindustria, ambiente y desarrollo sustentable, desarrollo social, energía, industria y salud.
Los recursos públicos destinados a I+D superarán este año los 8.000 millones de pesos, más del triple que en 2004. En aquel año apenas se orientaba a tales fines el 0,49% del PIB, y de ese total, el 70% lo aportaba el Estado nacional, los provinciales y las universidades.
La expectativa gubernamental sobre un decidido giro del sector privado radica principalmente en el campo abierto al desarrollo de múltiples negocios con mayores contenidos tecnológicos. Esa perspectiva pudo comprobarse tras la creación del Mincyt, y particularmente a partir de 2010, momento desde el cual se llevó adelante un amplio proceso participativo para la elaboración del Plan 2020. En esta tarea, intervinieron unos 300 referentes de la actividad científico-tecnológica, productiva y social, que establecieron como principal meta a largo plazo la innovación con inclusión social, así como afrontar la velocidad cada vez mayor de los cambios científicos y tecnológicos. Para ello se plantea la expansión y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. En forma simultánea, se buscará que el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) recupere la capacidad de incorporación de investigadores, se pondrá en marcha un nuevo sistema de becas de investigación y se reforzará la formación de grado y posgrado. La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, en tanto, ampliará el financiamiento a sectores estratégicos, con miras a afianzar su innovación.
«Durante años, la situación de los cerebros era más vergonzosa que la del petróleo: regalábamos cerebros en pie, sin obtener nada a cambio. Hoy recuperamos un capital intelectual que estaba en el exterior y que vuelve con más conocimientos», afirma Barañao. El plan Argentina Innovadora 2020 se respalda, precisamente, en el creciente capital humano conformado por jóvenes recién formados, planteles con experiencia y casi un millar de científicos de regreso. La meta es «generar ganancias cualitativas significativas» en los distintos sectores socioproductivos.
