Autogestión y empuje colectivo

Dedicada a brindar servicios de seguridad privada, declarados actividad esencial en la pandemia de coronavirus, la entidad cordobesa busca incrementar la calidad de sus prestaciones.Vínculos con la filial local del Instituto Movilizador.


Crecimiento. Durante el aislamiento la cooperativa generó nuevos puestos laborales. (Gentileza de Coop.Puerto Deseado)

En el centro de la ciudad de Córdoba se encuentra la sede de la cooperativa de vigilancia Puerto Deseado, empresa que, en 2005, fue habilitada por el Ministerio de Seguridad de la provincia para desempeñarse como prestadora privada de seguridad. Gustavo Valdez, expresidente y actual asesor legal de la cooperativa, relata que, en esos comienzos, había aproximadamente 40 asociados, que vivieron años «intensos» de nacimiento, crecimiento y consolidación y que en 2006 y 2007 finalmente pudieron participar en licitaciones y así prestar servicios al Estado. «Pudimos trabajar en centros de salud, oficinas, talleres, obradores y empresa de transporte urbano; en el ámbito municipal en la ciudad de Córdoba, en la Dirección de Vialidad Nacional y en Universidad Nacional de Córdoba», relata Valdez.
Hoy tienen 100 asociados y prestan servicios en las ciudades de Córdoba, Villa Carlos Paz y Monte Cristo. «Nuestra particularidad es que actuamos con un concepto que ve a la seguridad como un presupuesto necesario de la libertad y a esta, solo posible en el marco de vigencia de un Estado de derecho y democracia», explica Juan Pablo Figueroa, presidente. La pandemia de COVID-19 y las etapas de cuarentena cambiaron algunas dinámicas: se intensificaron las prestaciones, reconfiguraron funciones y se tomaron las medidas de autoprotección, liberando de hacer su aporte a los asociados que eran población de riesgo. «La seguridad privada fue declarada actividad esencial, por lo que nuestra cooperativa nunca dejó de trabajar. Hubo ampliación de los horarios de prestación de servicios de fábricas que cerraron temporalmente; otros servicios se redujeron. No se perdieron puestos laborales sino que se generó un 10% de nuevos», dice Figueroa. Mabel Ibañez, secretaria, agrega: «Fue un inconveniente serio la falta de transporte público urbano en la ciudad de Córdoba, lo que obligó a afrontar gastos importantes para llegar a cada puesto de trabajo».
La cooperativa se acercó al Instituto para el Financiamiento de Cooperativas de Trabajo (IFICOTRA) desde que comenzó a funcionar. Así lo recuerda Sylvia Peñaloza, tesorera de la cooperativa y actual presidenta de esa entidad: «Llegamos buscando crédito y nos quedamos. Tenemos que lograr que la calidad del puesto autogestionado asociado en cooperativa de trabajo supere al que se realiza en relación de dependencia, entendiendo que la seguridad privada como servicio es más accesible desde la economía social». La entidad también se acercó a la filial local IMFC y es beneficiaria del Programa Nacional de Microcréditos.