13 de abril de 2015
Las autoridades comenzaron a licitar frecuencias de radios y canales de televisión luego de su aprobación en junio de 2013. Controversia sobre la figura del «linchamiento mediático».
Impulso. Como en otros países de la región, Correa apuró una legislación para regular a los medios masivos y repartir frecuencias. (AFP/Dachary)
Nuestros mayores opositores no son los partidos de derecha o de supuesta extrema izquierda. Es la prensa mercantilista». Con esas palabras, el presidente ecuatoriano Rafael Correa definió a su principal adversario político y defendió la aplicación de la nueva Ley de Comunicación para hacer frente al poder de los medios hegemónicos. Un poder de fuego al que en la región se intenta poner freno y que hoy en día es materia de profundas discusiones en Ecuador, donde una normativa aprobada hace 2 años echó por tierra la vieja ley de la dictadura que permitió a las empresas privadas acaparar todo el mapa mediático.
La Ley de Comunicación comenzó a regir el 14 de junio de 2013 y por estos días iniciará uno de sus procesos clave: el Ministerio de Telecomunicaciones realizará el primer concurso para comenzar a distribuir frecuencias de radio y televisión. Se trata de la distribución de espacios establecida en la ley, que no solo regula el ámbito audiovisual sino también el de la prensa escrita y tiene entre sus pilares la conformación de un mapa comunicacional equitativo entre medios públicos, privados y comunitarios. Al igual que la ley argentina, cada sector deberá tener un tercio del espacio radioeléctrico.
El concurso de adjudicación de 51 frecuencias comienza a fin de mes y para el gobierno es fundamental por la fenomenal desigualdad comunicacional que existe en Ecuador. Según el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), en las 9 provincias donde se realizará el concurso, hay 259 medios, de los cuales apenas 10 son comunitarios y 6 son públicos. Entre el 85% y el 94% de las frecuencias, pertenecen a empresas privadas. A nivel nacional, el gobierno de Correa cuenta con varios «aliados»: 4 canales de televisión –en una grilla de más de 15–, 2 diarios y una radio. En ese listado están Ecuador TV, Telesur, Ciudadano TV, TC Televisión y el periódico El Ciudadano. Para Agustín Burbano, sociólogo ecuatoriano y militante del gubernamental partido Alianza País, esa situación hace que «el mapa mediático nacional sea más equilibrado que en otros países de la región». Pero el escenario es distinto provincia por provincia. Tal como indican las cifras del Cordicom, el mapa favorece al sector privado y opositor. «Por lo general, los medios de comunicación locales tienen relaciones carnales o son propiedad de políticos locales que consiguieron los medios durante los años del neoliberalismo, desde el retorno a la democracia hasta la llegada de Correa», afirma Burbano, desde Quito, en charla telefónica con Acción.
Fragmentación
Otra característica es que, aunque los medios tienen un alto nivel de influencia sobre la opinión pública y funcionan como articuladores de la oposición política, no hay un grupo empresarial como Clarín en la Argentina, Rede Globo en Brasil o Televisa en México. En Ecuador, los medios identificados con la oposición están fragmentados por regiones y no existe ninguno capaz de monopolizar el espectro audiovisual a nivel nacional y extenderse capilarmente a través de subsidiarias locales por todo el territorio. Sin embargo, algunos lograron convertirse en los exponentes de la llamada «prensa opositora»: los diarios El Comercio y El Universo, y los canales Ecuavisa y Teleamazonas, que concentran el 40% de la audiencia en los noticieros del mediodía y la noche. Todos denuncian a coro que la nueva ley de medios intenta «amordazarlos» e «incidir sobre la prensa libre e independiente».
Antes, durante y después de su aprobación, realizaron una intensa campaña para desprestigiar la norma junto con otros grupos comunicacionales del exterior. El País, de España, habló de una «polémica ley de medios» mientras Clarín la consideró un «anticipo de la ley de medios K» y un «instrumento de vigilancia».
Correa sufrió la agresividad de los grandes medios en carne propia. En 2010, demandó a 3 directivos y un editorialista de El Universal por haber publicado que durante el intento de golpe de Estado del 30 de setiembre de ese año, él había ordenado «disparar a discreción» contra el hospital en que estaba secuestrado, donde había «civiles e inocentes». Poco después, la justicia comprobó que el artículo era una falacia y dispuso una millonaria indemnización.
Ante esa situación, el objetivo de la nueva ley –aprobada después de que Correa recibió el 57% de los votos en las elecciones de 2013 y consiguió la mayoría en la asamblea legislativa– es reemplazar a la arcaica normativa promulgada en 1975 por el gobierno del dictador Guillermo Rodríguez Lara y ampliar las voces dentro del espectro informativo. Sin embargo, a casi 2 años de su sanción, los especialistas consultados por Acción coincidieron en que su grado de aplicación es aún insuficiente. Mauro Cerbino, investigador ecuatoriano de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), aseguró que «el balance es negativo» porque aún hoy «la torta mediática sigue siendo muy favorable al sector privado», cuyos medios acaparan «el 85% del espectro radioeléctrico». Cerbino, junto con otros intelectuales, fue uno de los impulsores de la nueva ley durante el momento previo a su aprobación en la asamblea legislativa. Pero su entusiasmo inicial se fue convirtiendo lentamente en decepción. «Yo no me alimento de los medios de la derecha y reconozco que esta ley es mucho mejor que la que teníamos. Pero el intento por quitarles el negocio de la comunicación a los privados y ampliar las voces no se ha hecho efectivo en absoluto», aseguró. Algunos puntos de la ley fueron cuestionados por los grandes medios, los sectores políticos más reaccionarios de Ecuador y por dirigentes e intelectuales de la izquierda. En particular, criticaron la inclusión de la figura del «linchamiento mediático» que permite sancionar a periodistas ante la reiteración de informaciones difundidas «con el fin de desprestigiar o reducir la credibilidad de cualquier persona».
El primer caso de «linchamiento» castigado por la Superintendencia de Comunicación ocurrió el 13 de febrero contra Teleamazonas, que debió presentar una disculpa pública al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, denunciado por comprar votos para ser reelegido. El organismo estatal también sancionó al caricaturista Bonil, de El Universo, por considerar que un dibujo suyo había afectado a grupos afroecuatorianos.
La primera organización en encender la alarma fue la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que agrupa a los dueños de los medios más grandes del continente y que es presidida por el ecuatoriano Jaime Mantilla León, titular del diario Hoy, abiertamente opositor a Correa. Para la SIP, la figura del «linchamiento restringe la libertad de expresión». También Frank La Rue, relator especial de la ONU sobre Libertad de Expresión, advirtió que la normativa ecuatoriana «tiene elementos que afectan gravemente la libertad de prensa». A diferencia de la SIP, La Rue siempre fue muy elogioso de la ley argentina, a la que consideró «un modelo para todo el continente».
Diferencias sustanciales
En diálogo con Acción, Martín Becerra, investigador del Conicet especializado en medios, sostuvo que «la ley argentina es muy cuidadosa en cuanto a libertad editorial», a diferencia de la ecuatoriana, que «es muy estricta y yo diría que se contradice con algunos importantes principios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos». En ese sentido, consideró que la figura de «linchamiento» es «controvertida», porque «limita el ejercicio de la libertad de expresión».
Para Becerra, la diferencia está marcada por los disímiles contextos históricos. «Yo creo que la experiencia trágica de las dictaduras en el Cono Sur (Argentina, Brasil, Uruguay, Chile) opera en la llamada sociedad civil como una advertencia potente: el tema libertad de expresión no hay que tocarlo. La consolidación democrática posterior a las dictaduras tuvo en esos países una asociación entre libertad de expresión y derechos humanos como un pilar, un eje. En cambio, en otros países, como Ecuador, esa relación tal vez no se ve con tanta transparencia y claridad», explicó. Desde el gobierno ecuatoriano, la figura del «linchamiento» fue defendida a raíz de las crecientes operaciones mediáticas que buscan desestabilizar a Correa. El sociólogo Burbano aseguró que ese punto de la ley «no está dirigido contra el valor de uso comunicativo e informativo del periodismo, sino contra su valor de uso político». Y argumentó que «de la misma manera que un cirujano se “autocensura” para no cortar una arteria en una intervención quirúrgica, un periodista debe “autocensurarse” para no producir noticias que sobrepasen los límites que las pruebas recabadas imponen a su relato».
—Manuel Alfieri
