En un contexto de conflicto salarial y reclamos presupuestarios, la orientación mercantilista de las políticas y el regreso a recetas que parecían superadas ponen en jaque al sistema universitario. Investigadores y docentes debaten sobre el presente y el futuro de la educación superior.
11 de septiembre de 2018
Ganar la calle. En la UBA, las clases públicas fueron un modo de hacer visibles las demandas durante las largas semanas de paro. (Jorge Aloy)
Me cuentan sus historias de amor con la universidad pública? –pregunta una socióloga en Facebook. Inmediatamente la publicación tiene una veintena de respuestas.
–Lo más lindo que tuve fue un grupo de lectura de filosofía política contemporánea que organicé con unos amigos. Lo gracioso es que empezamos el grupo a partir de una insatisfacción con la carrera, de que no se estudiaban filósofos que pensábamos que tenían que estudiarse. Con los años me di cuenta de que la carrera también era eso y, quizás, era ante todo eso: inspirarte a la disidencia –responde alguien.
–Último trimestre de quinto año del Colegio Nacional de Buenos Aires. Geografía con Pablo. Nos dio a elegir una problemática socio-ambiental para desarrollar un trabajo. Sin saber dónde me metía, elegí megaminería a cielo abierto en Pascua Lama. Fue un viaje de ida. Desde ese momento me dedico al ambiente –es otro de los comentarios.
–Cuando entendí de la mano de Adorno y Horkheimer la papa sobre las industrias culturales, y las mil birritas en el patio de Sociales…
Los recuerdos y las imágenes se van sucediendo. Pero no son un mero acto de nostalgia. La conversación sucede en medio de facultades tomadas, clases públicas, varias semanas de paro y una marcha cuya masividad pareciera haber excedido los límites de la comunidad académica, logrando instalar el tema de las universidades públicas en un lugar central de la agenda en momentos donde esta pareciera colapsar ante el rumbo incierto de la economía.
«El ataque a la universidad pública ya lleva un cuarto de siglo. La opinión pública la ha desacreditado especialmente. Y, pese a eso, podemos ver que sigue siendo vista por amplios sectores del país como un bien, como algo que la Argentina no puede perder». Para Federico Schuster, filósofo y exdecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, la visibilidad que logró el conflicto a pesar de la indiferencia inicial de los medios constituye un dato en sí mismo. Claro, ese optimismo no significa perder de vista el futuro crítico con el que parece enfrentarse la educación superior pública en nuestro país, que va más allá del reclamo presupuestario y el pedido de aumento que marcaron el pulso del conflicto durante las últimas semanas.
Misiones y Córdoba. La comunidad educativa marchó en las principales ciudades del país. (NAatalia Guerrero Zabrodiec) (Foto Sur)
¿Qué rol tienen las universidades públicas? ¿Cuáles son hoy los principales problemas que atraviesan? ¿Es posible superar aquellas cuestiones estructurales, como las deficiencias de un sistema integrado o las bajas tasas de egreso? ¿Cuál debería ser la respuesta del Estado y cuáles son las intenciones que hasta ahora ha mostrado el oficialismo? Investigadores, docentes y rectores debaten en torno a un tema que sin dudas ha tenido un lugar central en nuestro desarrollo histórico y también resulta fundamental en cualquier sociedad que mira su futuro.
¿Achicar o privatizar?
«No creo que haya política de privatización de la educación universitaria. Más bien la convicción del presidente Mauricio Macri es que no es necesario tener un sistema universitario de las características del argentino. El gobierno sabe que no hay lugar para el arancelamiento en términos políticos. Para ellos, entonces, sería óptimo un sistema más reducido». Gabriela Diker es doctora en Educación y rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). En su opinión, aún existe un consenso social inquebrantable sobre la posibilidad de avanzar contra la gratuidad de la universidad pública. En este sentido, para ella los planes del oficialismo apuntan más bien a otorgarle un lugar subsidiario a las facultades públicas bajo una concepción que entiende a la educación superior en términos elitistas. Al respecto cita la batería de medidas adoptadas durante los últimos dos años que apuntaron a quitarle autonomía a las instituciones estatales, desde el decreto que desde febrero de 2016 dejó sin efecto todos los convenios de las universidades públicas con cualquier repartición del Estado nacional hasta el ingreso de fuerzas de seguridad a las casas de estudio.
Para Juan Carlos Aguiló, sociólogo y exdecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo (UnCuyo), lo que hoy se pone en juego abiertamente es la concepción en torno a la función de la educación en términos generales: «Para un modelo de economía primarizada, lo artístico, por ejemplo, no tiene ningún sentido. Solo vale lo que dé valor agregado a esa economía productora de bienes primarios. Es una decisión coherente con la mirada y el plan que tienen de la economía argentina en general».
Medicina. En todas las facultades de la UBA, los estudiantes decidieron en asamblea apoyar los reclamos de los gremios docentes. (Paola Olari Ugrotte)
«Es cierto que una política económica cuyos efectos sociales multiplican la pobreza hace más difícil la expansión del sector privado. Pero cuidado, que existen algunos emprendimientos en otros países de ofertas privadas de muy bajo costo cuya rentabilidad se explica por la masividad de quienes allí se inscriben», advierte por su parte Pablo Imen, director de Idelcoop y secretario de Formación e Investigaciones del Centro Cultural de la Cooperación, retomando una pregunta que en realidad excede la coyuntura actual. ¿Qué características tiene nuestro régimen de educación superior actualmente?
Según datos del Ministerio de Educación, actualizados a 2013, existen en el país unas 122 instituciones universitarias, de las cuales 57 corresponden al sector estatal y 63 al sector privado. De acuerdo con el mismo registro, hay 2.570.893 alumnos históricos, nuevos y egresados de carreras de grado y posgrado. De ellos, 1.977.044 (un 76,9%) provienen de universidades estatales, 581.405 (un 22,6%) del sector privado, y 12.444 (0,5%) de carreras de posgrado en universidades de gestión internacional.
Al respecto, sin dudas un punto relevante ha sido la creación de universidades estatales durante el kirchnerismo. Entre 2003 y 2014 se fundaron 15 instituciones públicas, con un número importante concentrado en el Gran Buenos Aires. Tan es así que el dato le dio pie a María Eugenia Vidal para una de sus afirmaciones menos felices. «¿Es de equidad que durante años hayamos poblado la Provincia de Buenos Aires de universidades públicas cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad?», se preguntó durante un acto a fines de mayo.
Sin embargo, algunas observaciones permiten desmentir a la gobernadora, o por lo menos cuestionar la rigurosidad de tal desgarradora condena. Si bien diversas miradas han coincidido en criticar la ausencia de un criterio claro en la planificación geográfica de este proceso, nadie desconoce sus resultados positivos. Un estudio realizado por el sociólogo Carlos Fernando de Ángelis expone, por ejemplo, cómo la tasa de crecimiento de los nuevos ingresantes a las universidades del Conurbano bonaerense duplicó al resto de las universidades nacionales en el lapso que va de 2008 a 2012. Incluso entre 2010 y 2011, momento en el que bajó la inscripción total en las universidades nacionales de Argentina, las del Conurbano incorporaron 2.105 nuevos estudiantes.
(Jorge Aloy)
Asimismo, otro aspecto que debería tomarse en cuenta es que dicho crecimiento se enmarca en realidad en un desarrollo más amplio, antecedido por dos etapas previas: una primera ola de expansión en los años 70 y un segundo momento en los años 90. La creación de la UNGS, de hecho, se corresponde con dicho período, al igual que la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Universidad Tres de Febrero (UNTREF).
«Aun en los casos donde se crearon universidades próximas, la matrícula se mantuvo. Esto significa que las universidades están dando una respuesta a la población de jóvenes con expectativa de ingresar a la educación superior», sostiene Diker mientras destaca que en el caso de la UNGS, la población se triplicó a partir de 2011. En igual dirección, para Imen «las cifras demuestran la expansión de la matrícula de los sectores populares, y cómo la mayoría de los y las estudiantes son primera generación de universitarios en su familia». En este sentido, concluye: «Aun si fuese cierta la afirmación de Vidal, la política debiera orientarse a buscar los modos de avanzar en procesos de democratización del ingreso, permanencia, acceso y graduación de los sectores populares en las universidades públicas».
Descentralización y autonomía
Más allá del problema presupuestario, que sin dudas está precarizando el trabajo académico y demanda una respuesta inmediata, todos coinciden en que también habría que aprovechar el actual contexto para debatir y pensar cuestiones estructurales que vienen erosionando el funcionamiento de la enseñanza superior desde hace años. Por ejemplo, la naturaleza de la gestión institucional. Para el especialista en educación Carlos Mazzola, «el sistema universitario está fragmentado, cooptado por pequeñas corporaciones que hacen de pequeñas unidades académicas sus búnkers privados». Desde su visión, habría entonces que profundizar aquellos mecanismos que garanticen una mayor democratización en los concursos docentes o la representatividad de los sectores gremiales que eviten cualquier forma de «perpetuida». En coincidencia con esta postura, Eduardo Míguez, doctor en Historia y autor de Crítica (y reivindicación) de la universidad pública, recientemente publicado por Siglo XXI, la respuesta también puede estar adentro de las propias facultades utilizando «los recursos de la mejor manera posible, mejorando las tasas de graduación, facilitando la accesibilidad de la educación superior a los sectores menos favorecidos, lo que no pasa por declarar retóricamente el “ingreso irrestricto”, sino por buscar de manera creativa programas que busquen salvar los problemas de accesibilidad».
Diker. «El gobierno nacional sabe que no hay lugar para el arancelamiento.»
Shuster. «El ataque a la universidad pública ya lleva un cuarto de siglo.»
Imen. «Las cifras demuestran una mayor matrícula de los sectores populares.»
Aguiló. «El desafío es político, no se va a resolver desde el mundo académico.»
Mientras que, para Diker, una de las principales dificultades es la fragmentación que padece el sistema, hoy más parecido a un conglomerado de instituciones singulares: «Cómo compatibilizar la autonomía de las universidades con una perspectiva colectiva, esa es la gran pregunta. Por ejemplo, eso se logra con una producción de regulaciones comunes respetuosa de la heterogeneidad, y para ello es necesaria la participación del Estado Nacional». Schuster coincide. En su opinión, deberían estar garantizadas las condiciones mínimas presupuestarias para poder apostar a debates más profundos, por ejemplo a pensar el rol que tiene o debe tener la universidad pública. La articulación con otros sectores del Estado se torna fundamental. Al respecto, Aguiló dice: «El desafío es político, no se va a resolver desde el mundo académico ni sectorial. Esto es parte de un programa político que han venido a implementar».
Todo parece indicar, no obstante, que vamos hacía un escenario crítico. La adopción de una definición mercantilista de la educación y de recetas que hace no tanto mostraron ya su fracaso, hoy ponen en jaque un sector cuyo valor estratégico era reconocido hace ya 100 años, cuando en plena revolución universitaria un grupo de jóvenes en Córdoba se animó a decir lo que definiría una de las raíces sociales y culturales de nuestro país: universidad libre, pública y gratuita.
