6 de marzo de 2013
La norma que dictó Tabaré Vázquez en 2006 recibió el apoyo total
de la OMS. Pero la multinacional Philip Morris dice que vulnera el Tratado de Inversiones con Suiza, donde tiene la sede administrativa.
Campaña. En Punta del Este hubo un encuentro de organizaciones de lucha contra el consumo de tabaco cuando comenzó el juicio. (AFP/Dachary)
Uruguay se enfrenta al tramo final de un litigio que por insólito no deja de resultar revelador acerca del rol de las multinacionales y sobre el alcance de las políticas nacionales en esta etapa de la globalización. El resultado de la causa que la tabacalera Philip Morris inició hace exactamente tres años ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es esperado con ansiedad por todos los organismos de salud y de lucha contra el tabaquismo internacionales.
Como se sabe, el CIADI es el organismo del Banco Mundial puesto en marcha a fines de los 60 para la solución de disputas entre los gobiernos y los capitales globalizados. «Una de sus finalidades es dotar a la comunidad internacional con una herramienta capaz de promover y brindar seguridad jurídica a los flujos de inversión internacionales», dice entre los considerandos de su fundación.
Como también conoce cualquiera que cruzó alguna vez «el charco» en este último lustro, las leyes uruguayas en cuanto al consumo de cigarrillos y la publicidad en las marquillas son mucho más severas que en otros países. De hecho, Uruguay es el modelo que exhibe la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la prevención de ese flagelo del mundo moderno que es el tabaquismo.
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? La historia arranca con la llegada del Frente Amplio al poder, hace 8 años. El primer presidente de la agrupación de centroizquierda que rompió con el bipartidismo oriental fue Tabaré Vázquez, un reconocido oncólogo entre cuyas promesas de campaña figuraba precisamente convertir al «paisito» en un territorio libre de humo de tabaco. Un año más tarde cumpliría al dictar una ley por la que Uruguay sería la quinta nación del mundo y la primera de América Latina en establecer estrictas prohibiciones de fumar en ámbitos públicos y de hacer publicidad de cigarrillos.
La medida obviamente fue aplaudida por la OMS y todos los que en el mundo combaten esta adicción legal que causa millones de muertes al año por enfermedades ligadas con el consumo de tabaco, principalmente cáncer.
Pero como también es obvio, las tabacaleras no se quedaron contentas porque sospechaban lo que luego ocurrió, y es que la decisión del gobierno prendió en el resto del continente y también en el mundo, al punto que hoy son 60 los países –entre ellos Argentina– que prohíben fumar en espacios públicos y limitan la publicidad o imponen advertencias cada vez más alarmantes en las marquillas. Es así que Philip Morris, una de las mayores compañías del mundo en el rubro, elucubró un insólito recurso para, como dicen las autoridades uruguayas, castigar la «insolente» decisión de Tabaré, luego refrendada e incrementada durante la gestión de su sucesor, José Mujica, que la considera una política de Estado.
Oncólogo. Tabaré cumplió su promesa.(AFP/Dachary)
Acuerdos multilaterales
La respuesta de la tabacalera vendría por el lugar menos pensado y en febrero de 2010 planteó una demanda ante el CIADI por considerar que el Estado uruguayo violó el tratado de inversiones firmado con Suiza, el territorio donde la multinacional tiene su sede administrativa. El caso, como aclara la firma (ver Razones…), se refiere específicamente a la regulación de la forma y presentación de los paquetes y jura que no tiene nada que ver con la limitación en el consumo en espacios públicos. Dice que la normativa oriental contraría los acuerdos de inversión y afecta la seguridad jurídica de los capitales invertidos en Uruguay. Como resarcimiento, pide 2.000 millones de dólares.
Un punto que destacan todos los que estudiaron el tema, entre ellos varias ONG internacionales, es que la facturación anual de Philip Morris ronda los 80.000 millones de dólares anuales, y por lo tanto duplica el PBI de la República Oriental del Uruguay. Y que reclama una compensación que equivale al 7% del producto económico total de los 3,4 millones de uruguayos durante un año, que deberían tener que aportar unos 590 dólares por persona. Es interesante resaltar además que según la OMS, el tabaquismo provoca la muerte de unas 5 millones de personas al año y genera pérdidas relacionadas con la atención médica o ausentismo laboral de alrededor de 500.000 millones de dólares en el mismo período.
«Nuestro pequeño país es un laboratorio de enfrentamiento con una multinacional que tiene mucho que ver con el comercio del tabaco y con todo lo que significa», consideró el presidente Mujica al inaugurar en noviembre de 2010 la IV Conferencia de las Partes sobre el tratado de la OMS para el control del tabaco, que se desarrolló en Punta del Este en el marco de la demanda de Philip Morris.
El encuentro congregó durante seis días en la ciudad balnearia oriental por antonomasia a representantes de casi 170 naciones y un puñado de ONG que tomaron ese conflicto como un antecedente para futuras controversias con las multinacionales. Campaign For Tobacco Free Kids, la American Cancer Society, la World Lung Fundation y la International Heart Foundation, entre otras, no quisieron quedar al margen de la cumbre e incluso loaron al gobierno uruguayo al que celebraron «por su liderazgo en la implementación de políticas para el control del tabaco y su decisión de enfrentarse a las tabacaleras». Lo curioso es que también se plegó al apoyo el alcalde de Nueva York, el conservador Michael Bloomberg, quien llamó por teléfono a Mujica para ofrecerle «toda la ayuda posible» y decirle que estaba «hombro con hombro» en esta patriada. Y donó 500.000 dólares para la causa.
El ex presidente Vázquez pronunció entonces un discurso que para los antitabaquistas resulta memorable: «La empresa está interesada en darle un escarmiento a Uruguay e intimidar a otros países que sigan su rumbo. Philip Morris no ahorrará recursos para lograr su objetivo. Tiene mucho dinero y el dinero tiene mucho poder, el de la frivolidad y la corrupción». Y recordó que de allí viene la oposición feroz a las leyes contra el cigarrillo, «(esa oposición) no parte de los fumadores uruguayos, que los hay y muchos, ni de los comerciantes que venden productos de tabaco, que también los hay y con derecho a hacer buenos negocios».
Fuera del recinto, integrantes de la Asociación Internacional de Productores de Tabaco (ITGA, por su sigla en inglés), que se arrogan la representación de cultivadores de 26 países, se quejaban de que se les hubiera negado la posibilidad de participar como observadores en la conferencia. «El objetivo era mostrar el terrible impacto que tendría en millones de pequeños y medianos cultivadores la aprobación de los artículos en los que figura la prohibición de utilizar ingredientes en los productos con tabaco». Precisamente estos ingredientes son los que los estudios científicos demuestran que aumentan el riesgo de enfermedades y además incentivan la adicción al tabaco.
«A medida que las ventas a los países en vías de desarrollo son cada vez más importantes para los gigantes del tabaco, estos incrementan sus esfuerzos alrededor del mundo para combatir las duras restricciones a la comercialización de cigarrillos», publicó entonces otro diario neoyorquino de fama mundial, The New York Times, en un artículo dominical sobre ese encuentro de fines de 2010 en Punta del Este.
Dinero para gastar
Hace algunas semanas, cuando comenzó esta nueva etapa del juicio, el canciller Luis Almagro recordó el amplio apoyo de la comunidad internacional a la posición oriental, sobre todo a través de argumentos brindados por la OMS y de la experiencia de Australia en su lucha contra las tabacaleras. Es que el año pasado la justicia australiana desestimó un juicio de Philip Morris sobre los mismos puntos y las autoridades lograron avanzar con su propuesta de cajillas únicas y sin publicidad para todas las marcas de cigarrillos. El planteo de la multinacional es por algo menos rígido: en Uruguay las normas obligan a colocar imágenes por cierto dramáticas sobre el mal que produce el cigarrillo y que tienen que ocupar el 80% de la superficie de los atados. También considera engañosa la oferta de productos suaves o light ya que son igualmente dañinos para la salud.
De cara a la OMS, las cifras oficiales indican que sólo en el primer año de vigencia de la ley, el consumo en Uruguay se redujo un 25%, los infartos al miocardio disminuyeron 17% y también bajó la presencia en el aire de partículas derivadas del consumo. Mientras tanto, el juicio avanza en el CIADI, que ya escuchó a las partes y en un par de meses emitiría dictamen. ¿Qué podrá decidir, teniendo en cuenta que se trata inversiones de dinero contra el valor de la vida humana?
Es difícil decirlo, pero quizás la respuesta de Josefa Sicard-Mirabal, directora de América del Norte de la Corte de Arbitraje Internacional a un medio oriental, aporte algo de claridad: «Es un tema muy interesante, porque en el reclamo se confrontan lo que permite o no la Constitución y las acciones de una entidad poderosa que tiene dinero para gastar».
—Alberto López Girondo
