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Bodegueros en alerta

El gobierno pretende sumar impuestos internos a un sector ya castigado por el incremento de las importaciones, los mayores costos logísticos y tributarios y una demanda contraída. Los productores alertan por una fuerte caída en la rentabilidad.

Vinos. Las compras al exterior alcanzaron los 35 millones de dólares frente a 360.000 de 2016. (Eduardo Dolengiewich)

La producción vitivinícola atraviesa una difícil situación frente a una combinación de factores que la ponen en riesgo y que incluyen políticas de apertura comercial, caída del consumo, mayores costos y falta de infraestructura. En este contexto, el gobierno propone aplicar una alícuota del 10% al consumo de vinos y sidras por considerar que son productos «perjudiciales para la salud».
En el marco de la reforma fiscal que impulsa el Ejecutivo, se incluye una serie de impuestos internos sobre sectores hasta el momento exentos y se aumentaron otros existentes, como bebidas alcohólicas y azucaradas. Desde el sector, denuncian que de aprobarse la iniciativa en el Congreso será el fin de las actividad bodeguera en el país, la cual ya se encuentra en una situación sumamente delicada. Un punto que también destacan es que no puede considerarse al vino un producto perjudicial para la salud, lo que además daña la imagen de la «marca país», de la cual el vino es una pieza fundamental.
La Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) informó que en los primeros cinco meses del año el vino registra un aumento de importaciones del 354% en cantidades, con ingresos por 218 toneladas en envases de hasta 2 litros frente a las 48 toneladas del mismo período de 2016. Si se le suman las importaciones en envases superiores a 5 litros a granel, el crecimiento fue del 68.438%, con ingresos por 49.348 toneladas este año, respecto a las 72 del año pasado; en total, las importaciones significaron casi 35 millones de dólares en lo que va del 2017, respecto a los 360.000 dólares de 2016. La tendencia es levemente decreciente, pero los volúmenes continúan siendo altos. Según un informe del área de Economías Regionales de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en enero se importaron 10.670 toneladas; en febrero, 9.533; en marzo, 14.297; en abril, 7.829; y en mayo, 7.308. La contracara es una contracción en el consumo y la producción.

Otros problemas
El estado de alerta de los bodegueros no solo responde al ingreso de vino desde el exterior, sino también a que se lo haga pasar por un producto nacional. En ese sentido, denuncian una situación recurrente: el mercado ofrece actualmente vinos de marca argentina con procedencia de Chile, lo que induce al engaño del consumidor, ya que no se informa con claridad en las etiquetas el origen o se utiliza una leyenda ilegible. Por eso piden al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) que se cumpla la resolución C.20/04: «La información presentada debe ser clara, detallada y de muy fácil lectura en su campo visual al momento de su elección precisa con el único objeto de no inducir a error, engaño o confusión respecto al origen». El directivo de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita), Carlos Iannizzotto, quien es presidente de CONINAGRO, consideró que el problema no es únicamente la importación, sino un mercado de consumo que cayó muchísimo. «El problema real es que no podemos vender en el exterior porque los precios están fuera de competencia por costos internos, por un problema de inflación e impositivo», señaló Iannizzotto. «Creo que lo que tenemos es un problema de costos internos agobiante y que al productor cada vez le cuesta más tener rentabilidad y que cada vez hay menos productores. Eso nos preocupa más que la importación, que reitero, hay que seguirla de cerca», agregó.
En ese marco, los productores alertan sobre el impacto del impuesto a productos como el alcohol, el tabaco y las bebidas azucaradas, con el objetivo de reducir el déficit fiscal. El vino actualmente no paga impuestos internos y el champán está eximido por decreto. Desde la COVIAR recordaron que está vigente la ley 26.870, que declaró al vino argentino como bebida nacional y el Código Alimentario lo considera como un alimento.