22 de mayo de 2013
El gobierno de Evo Morales había sido desairado en varias ocasiones por el chileno Sebastián Piñera, con el discurso de la derecha de «no ceder soberanía».
Debate. Piñera habla en el último encuentro de la CELAC mientras Evo Morales lo escucha atentamente. Volvieron a chocar. (AFP/Dachary)
Uno quiere recuperar su salida al mar, el otro busca clausurar definitivamente capítulos pretéritos. En el medio pasaron un conflicto bélico, varios tratados, negociaciones más o menos amistosas y, sobre todo, tiempo. Exactamente 134 años desde que tropas chilenas desembarcaran en una Antofagasta por entonces en manos bolivianas. El 12 de junio ambos países deberán sentarse a dirimir el diferendo en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por una iniciativa que el presidente Evo Morales lanzó desde La Paz.
El intercambio comercial entre las dos economías sudamericanas es un elemento tan o más decisivo que los argumentos de soberanía que ambos gobiernos invocan. Desde su sillón en La Moneda, el derechista Santiago Piñera, primer mandatario trasandino, promete que no cederá ni un centímetro de tierra. En el altiplano, Morales confía en el proceso legal, mientras su índice de popularidad trepa por encima del 60% en el marco de una reivindicación histórica para el pueblo boliviano.
«Tenemos derecho a volver al mar», expresó el mandatario aymara a fines de abril, cuando anunció que su país llevaría a la justicia internacional la cuestión bilateral. «Esta demanda –agregó– la presentamos escuchando al pueblo boliviano, después de tantos años de intentos por retornar al mar con soberanía. Esperamos con mucha confianza el resultado que den los jueces de la Corte de La Haya». Del otro lado de la cordillera, Piñera ni siquiera contempló la posibilidad de un acuerdo. «Yo siento que Chile no tiene ninguna obligación de ceder lo que le pertenece», explicitó. «Este presidente no va a negociar soberanía», concluyó, para que no quedaran dudas de su posición. Ambos jefes de Estado reflotaban una discusión que ya habían tenido a principio de año en la cumbre del CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. «Hermano presidente de Chile, nacimos con mar, lo perdimos en forma injusta, ustedes violaron y violan tratados sobre el tema», disparó Morales. «Hable claro y con la verdad, Morales –replicó Piñera–. Chile ha respetado siempre lo que ha firmado». Un paso atrás en las relaciones que durante la gestión de Michelle Bachelet mantuvieron ambas naciones y que presuponían menos rispideces.
El 20 de octubre de 1904, Bolivia y Chile rubricaban el llamado «Tratado de Paz y Amistad». El documento ponía fin a la Guerra del Pacífico, que ambos contendientes mantenían desde 1879. Bolivia cedía a perpetuidad unos 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio. Chile se comprometía a crear una línea férrea entre La Paz y la localidad trasandina de Arica, para que la clausura del acceso al agua no fuera totalmente hermética. Bolivia se había independizado del dominio español en 1825. Desde entonces, mantenía jurisdicción en Antofagasta, por donde salían barcos con salitre hacia Gran Bretaña. En 1873, el Congreso boliviano quiso cobrar un impuesto a las empresas chilenas –de capitales británicos– que exportaran desde esa localidad. Seis años después, el ejército chileno ocupaba el puerto. Esas tropas avanzarían y triunfarían luego en Calama, que, con el apoyo de Perú, también controlaban los vecinos. El 7 de abril de 1879 se formalizó la declaración de guerra.
La danza de fechas no es menor. Para Bolivia, Antofagasta no se perdió en batalla alguna. «Fue una invasión. Recién después de ocupada los gobiernos se declararon la guerra», explicó Morales. Para Chile, nada hay que objetar de 1904 en adelante. «No hay tema pendiente con Bolivia. Todo está absolutamente claro en el tratado», dijo Cecilia Pérez, vocera oficial del gobierno de Piñera. Unos y otros deberían respetar lo que decida la tercera parte en este asunto, los magistrados internacionales. Tras estampar su firma en el Pacto de Bogotá, de 1948, Bolivia y Chile se comprometieron a reconocer la jurisdicción de los tribunales de La Haya en caso de disputa.
Pero no son pocos analistas de la patria de Pablo Neruda los que creen que este pacto no regiría por haberse realizado después del acuerdo de 1904. Piñera no se expresó al respecto, pero en un claro gesto que avalaría su interés en no rehuir a la discusión, designó a Felipe Bulnes, antes embajador en Estados Unidos, para que se interiorice en los trámites en la CIJ.
Dos factores condicionan la decisión de Morales: la economía y el almanaque. Evo no se cuidó de esgrimir ese argumento cuando defendió su posición en el encuentro de la CELAC. «En vez de pagar 300 dólares al mes de gas domiciliario, pagarían menos de la mitad. El Estado chileno ahorraría como 900 millones de dólares al año», expresó Morales, basándose en los beneficios que, a su criterio, otorgaría la salida al mar y sobre todo la reanudación de relaciones diplomáticas. Piñera volvió a desairarlo. «No se equivoque, Morales; nosotros no cambiamos soberanía por negocios», replicó. Pero desde Bolivia, y también desde Chile, saben que hay declaraciones con más pompa que circunstancia y que aquí, allá y en todas partes el dinero manda.
Exportaciones cerradas
«El enclaustramiento de nuestro país impide que exportemos gas al hemisferio norte o a Asia», aseveró Carlos Orías, vocero del Ministerio de Hidrocarburos de Bolivia. Jorge Quiroga, ex presidente boliviano entre 2001 y 2002, es un activo miembro de la oposición que, pese a su postura política, apoya la iniciativa del oficialismo. «Por no poder salir al mar, perdimos venderle gas a México, que fue a comprar a Perú. Nuestro hierro de la mina de Mutún, casi en la frontera con Brasil, o lo producido en nuestros yacimientos de litio, no pueden ser ofrecidos al gran mercado chino», se quejó Quiroga. Los productos que salen en tren por Arica le quitan a la administración de La Paz una valiosa fuente de ingresos en concepto de aranceles. «Todos los trámites y los gastos burocráticos de nuestras exportaciones se le pagan a un tercer país, encareciendo nuestros costos», puntualizó José Endara, de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia. La balanza comercial entre ambos países se inclina pesadamente en favor de Chile. El déficit de Bolivia sumó 183 millones de dólares en el 2012. Entregaron, entre otros artículos, aceite crudo de petróleo y soja; recibieron combustible para autos y motores, medicinas y productos alimenticios.
El reloj también empuja a Evo. Desde que impulsó la reforma en el 2009, la nueva Carta Magna de su país, en el artículo 267, inciso 1 y 2, reza: «El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo. La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano». La misma Constitución pone tope a la renegociación de tratados en La Haya. El 6 de diciembre de este año el plazo habrá caducado.
Paradójicamente, lo que manda hoy la Carta Magna tuvo el antecedente más cercano a una solución en las manos de dos dictadores, Hugo Banzer en Bolivia y Augusto Pinochet en Chile. En 1975 concretaron el Acuerdo de Charaña, que cedía a Bolivia el litoral chileno al norte de Arica y un corredor terrestre donde La Paz tendría plena soberanía.
A cambio, Chile recibiría un territorio de igual superficie en las cercanías del estratégico salar de Uyuni. Perú se opuso, porque no quería que el litoral ofrecido fuese exclusivamente boliviano, sino tripartito. El consenso se extinguió, pero de allí partieron las Naciones Unidas para declarar en 1979 su «interés hemisférico permanente por encontrar una solución equitativa para que Bolivia obtenga acceso soberano y útil al Océano Pacífico». El organismo internacional, además, avaló el carácter de imprescriptible de la demanda boliviana.
Ese rótulo, hoy, vale oro, pues legitima la pretensión de Morales. Resta ahora un intrincado sendero donde la diplomacia, el derecho, la política y la economía irán marcando el paso. Según cómo resulte la demanda en la CIJ, a quién satisfaga y a quién no, el cauce de agua al Pacífico será visto como un puente o como una herida que todavía no cicatriza para todo el continente.
—Diego Pietrafiesa
