Brasil bajo acecho

El giro regresivo de las políticas económicas implementadas por Dilma Rousseff y la presión de los sectores de derecha ponen en jaque al gobierno del PT.

 

En contra. La oposición brasileña organizó ya varias marchas contra el gobierno del PT. Pedidos de renuncia y de juicio político. (Juliana Spinola/Archivolatino)

La presidenta brasileña Dilma Rousseff atraviesa la peor turbulencia en 12 años de gobierno del Partido de los Trabajadores (PT). Después de iniciar su segundo mandato en enero y con la intención de hacer frente a una dura crisis económica, decidió poner en marcha un paquete de ajuste que se convirtió en un verdadero búmeran: no solo no aplacó la crisis ni sirvió para contentar a los grandes organismos financieros, sino que además la distanció de sus bases políticas y sociales. La delicada situación –potenciada por el escándalo de corrupción en Petrobras– fue aprovechada por la oposición y los medios de comunicación concentrados, que formaron una alianza cuyo único objetivo es expulsar a Rousseff del Palacio de Planalto a través de un juicio político. Algo que fue denunciado por la propia presidenta como «una versión moderna de golpe de Estado».
Las dificultades económicas habían comenzado en 2014, pero se hicieron más palpables en los primeros 6 meses de este año. Con una inflación del 9% –alta para Brasil–, disminución de las inversiones extranjeras, previsiones de una inédita recesión para los próximos 2 años y una devaluación del real del 54% que batió récords históricos, Rousseff tomó medidas. La primera decisión fue dar un volantazo en la política económica que el gobierno petista había adoptado en 2003, cuando Luiz Inácio Lula da Silva llegó al poder. El hecho se vio reflejado en el nombramiento de Joaquim Levy en el manejo de la Economía. La designación de Levy –apodado manos de tijera, por su simpatía hacia los recortes– fue aplaudida por Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) y rechazada por distintos sectores dentro del PT. Tal como explicó el sociólogo Amílcar Salas Oroño, que vivió varios años en Brasil, la oposición del ala izquierda del oficialismo se entiende porque «Levy no tiene absolutamente nada que ver con el PT y no tiene cercanía con ninguna escuela económica más o menos heterodoxa».
En una conferencia organizada por el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini sobre la «Ofensiva desestabilizadora en Brasil», Salas Oroño señaló que Levy fue «hasta hace un año el director de Bradesco, principal banco privado del país, y escribió un artículo que fue incorporado por el propio Aécio Neves, excandidato presidencial y líder de la oposición, en su plataforma económica».
Con Levy en el manejo de las finanzas, las políticas sociales de inversión pública dejaron paso a un paquete de recorte de gastos. El primer tramo del plan fue implementado en mayo: unos 21.588 millones de dólares quedaron fuera del presupuesto. El ajuste afectó especialmente al Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), que incluye, entre otros proyectos, obras de infraestructura. Los ministerios que más sufrieron la llegada de Levy a Economía fueron los de Ciudades (perdió 5.300 millones de dólares), Salud (4.640 millones de dólares) y Educación (2.900 millones de dólares).
Rousseff justificó la decisión. El objetivo, dijo, es alcanzar un superávit anual equivalente al 1,2% del Producto Interno Bruto (PIB) para sanear las alicaídas arcas públicas, que solo en los primeros meses del año perdieron 10.000 millones de dólares, algo inédito en todos los gobiernos del PT. «Somos un gobierno que tiene el coraje de hacer ajustes para dar continuidad al proceso de desarrollo», dijo la presidenta en Salvador de Bahía durante el mes de mayo, mientras se desarrollaba el V Congreso del partido de izquierda más grande de Latinoamérica. Ante 800 delegados, afirmó: «Muchas veces las circunstancias imponen un movimiento táctico». A su lado, el expresidente Lula coincidía y pedía el apoyo de todo el partido a la mandataria.

 

Ruido interno
Sin embargo, la jugada no salió como Lula y Rousseff esperaban. El plan de ajuste generó una crisis interna y provocó tanta desilusión como fastidio en distintos sectores que apoyan al gobierno. El presidente del PT, Rui Falcao, aseguró que «es inconcebible para nosotros una política económica que sea firme con los más débiles y suave con los más fuertes». El director del partido, Markus Sokol, advirtió que «seguir con esta política es un suicidio». Emir Sader, intelectual de Carta Maior y defensor del gobierno petista, aseguró que el ajuste «es socialmente injusto, económicamente ineficaz y políticamente desastroso».
En diálogo con Acción, Agustín Lewit, periodista y politólogo, sostuvo que Rousseff «descuidó profundamente las bases sociales» del PT. «La aplicación de estas políticas ortodoxas fue un claro error de cálculo, porque no solo no logró frenar las presiones del establishment ni generar confianza en los mercados, sino que horadó seriamente los apoyos del progresismo brasileño en general, que había sido hasta entonces orgánico del PT», explicó el investigador del CCC.
Entre las organizaciones que mantuvieron un «apoyo crítico» al gobierno, se encuentra, por ejemplo, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MTST). El líder de la organización, Joao Pedro Stédile, aseguró ante esta revista que reconoce «la existencia de una crisis económica internacional», pero no admite «que los trabajadores deban pagar esa cuenta». «El gobierno de Dilma está implementando medidas de ajuste neoliberal, que hieren derechos y recortan inversiones sociales. La solución para los problemas fiscales debe ser buscada en el bolsillo de aquellos que ganaron dinero como nunca en estos últimos años: los ricos, los banqueros y empresarios», exigió el histórico dirigente social.

Devaluación. En lo que va del año el real perdió la mitad de su valor. (AFP/Dachary)

Leonardo Boff, uno de los fundadores de la Teología de la Liberación, también hizo pública su decepción. El filósofo y sacerdote sostuvo que «el gobierno optó por un crecimiento vía consumo y no vía producción», lo que provocó que «para garantizar los proyectos sociales debiera quitarles impuestos a las empresas con el objetivo de que hicieran inversiones». Finalmente, lo que ocurrió es que «esas compañías prefirieron la inversión en el mercado especulativo» y el «gobierno se vio de repente sin fondos suficientes para llevar adelante una política económica más independiente de la macroeconomía globalizada», por lo que «tuvo que aceptar la lógica del mercado que exige ajustes duros, cuyo peso es soportado principalmente por los obreros y jubilados».
Marcelo Freixo, diputado estadual del Partido Solidaridad y Libertad (PSOL) por Río de Janeiro, tiene otra mirada. Según explicó, el origen de la crisis debe buscarse en la falta de reformas profundas por parte de los gobiernos del PT. «Hubo muchos avances importantes en la valorización del salario mínimo, en políticas de distribución de la renta, en el aumento del poder de compra de los trabajadores, pero no hubo reformas de base. La estructura del poder se mantuvo igual. Lula tenía el capital político y social para bancar esos cambios, pero no los hizo», aseguró el legislador, que fue miembro del PT entre 1986 y 2005.

Controvertido. El ministro de Economía, Joaquim Levy, manos de tijera. (AFP/Dachary)

Freixo y Boff tienen distintas posturas respecto de la caracterización del actual gobierno de Rousseff, pero coinciden en algo: ambos vieron la llegada al poder del PT como una verdadera oportunidad para implementar políticas que produjeran una fenomenal transformación social en el país. Y así fue. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la pobreza pasó de un 35,8% en 2003 a un 15,7% en 2013. En el mismo período, la indigencia bajó del 11,5% al 4,5%. Los últimos datos sobre desempleo indican que apenas el 4,8% de la población está desocupada. Gracias a eso, unos 40 millones de ciudadanos se incorporaron a la clase media. Brasil, además, logró salir del mapa del hambre elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Algo impensado para un territorio que en 2001, sobre el fin del gobierno neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, tenía 280 chicos muertos por día a raíz de enfermedades vinculadas con la desnutrición.
En su primer mandato, Rousseff continuó esas políticas de inclusión social desarrolladas inicialmente por Lula. Según datos del organismo Información Anual Social (IAS), entre enero de 2011 y mayo de 2014 fueron creados 5,4 millones de puestos de trabajo. Su gobierno, además, profundizó la implementación de diversos programas sociales, como el «Bolsa Familia», que brinda una asignación económica mensual para 44 millones de personas sobre una población total de 200 millones. O el plan habitacional «Mi casa, mi vida», que da créditos baratos a las familias de ingresos bajos para la compra de viviendas.

Boff. «Se optó por un crecimiento
vía consumo y no producción.»

Sin embargo, este tipo de programas se vieron afectados por una nueva tanda de ajustes que fue anunciada en setiembre pasado. Luego de que la calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) redujera la nota de Brasil al nivel BB+ (considerado «bono basura») y retirara su «grado de inversión» por no aceptar que el gobierno previera un déficit del 0,5% para el año que viene, la presidenta volvió a impulsar recortes para lograr el ansiado superávit. Se trata de 6.753,2 millones de dólares que serán conseguidos con el congelamiento de los ajustes salariales a empleados públicos, la eliminación de 39 ministerios y secretarías, el despido de 1.000 trabajadores estatales y el desfinanciamiento de los mencionados programas sociales. A eso se sumó la devaluación del real, que por primera vez desde su creación en los años 90 superó la barrera de las 4 unidades por dólar y golpeó significativamente al poder adquisitivo de los brasileños. Por si fuera poco, los datos del Catastro General de Empleados y Desempleados (CAGED) indican que en el último año 986.000 personas perdieron su trabajo.

Lewit. «Dilma Rousseff descuidó
las bases sociales del PT.»

Las dificultades económicas se vieron potenciadas por las denuncias de corrupción en Petrobras. Más de 50 políticos y 20 empresas privadas están involucrados en las maniobras para desviar 3.700 millones de dólares de la petrolera estatal entre 2004 y 2012. Y aunque la trama no distingue banderas políticas –están acusados dirigentes de todos los grandes partidos–, hirió especialmente a Rousseff. La situación empeoró cuando el 21 de setiembre pasado, la Justicia condenó al extesorero del PT, João Vaccari Neto, a 15 años y 4 meses de prisión por haber intermediado para que el partido recibiera más de 4 millones de reales en concepto de sobornos pagados por contratistas de Petrobras. Fue la primera condena a un político en el escándalo de la simbólica petrolera.

Stédile. «No se admite que los
trabajadores deban pagar la cuenta.»

Pese a eso, la presidenta no hizo la vista gorda y aseguró que la Justicia investigará a todos los implicados, independientemente de su filiación política. Algo que no se habían animado a impulsar los anteriores gobiernos brasileños, aun cuando las primeras denuncias de corrupción en Petrobras habían aparecido ya en 1989.

 

 

Fuego cruzado
El explosivo combo –crisis económica más denuncias de corrupción– fue aprovechado por la oposición política y mediática. Bajo el lema «Fora Dilma» y agrupados en el «Movimiento Pro Impeachment», legisladores del Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB) y del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) –paradójicamente, principal socio del PT en el gobierno– lanzaron una plataforma parlamentaria para promover un juicio político similar al que desplazó del poder al expresidente Fernando Collor de Mello en 1992.

Freixo. «Hubo muchos avances,
pero no hubo una reforma de base.»

Casi todo el arco opositor coincide en señalar a Rousseff como una de las responsables por las maniobras en Petrobras, debido a que la mandataria integró y hasta llegó a presidir el consejo directivo de la empresa entre 2003 y 2011. El PSDB fue uno de los partidos más agresivos en la campaña contra el gobierno. Uno de sus senadores, Aloysio Nunes, aseguró: «No vamos a acabar con Dilma, vamos a hacerla sangrar». Tal como explicó el politólogo Lewit, lo que ocurre es que hay un «endurecimiento de las posiciones desestabilizadoras de una parte importante de la oposición, principalmente del PSDB, que no encuentra vías democráticas para retornar al poder».
Otro de los que encabeza la avanzada desestabilizadora es Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, uno de los líderes del PMDB y también acusado por corrupción en el caso Petrobras. El legislador no ahorra improperios al momento de criticar a Rousseff y llegó a plantear que en las elecciones presidenciales de 2018 su partido tendría que participar con candidato propio, a diferencia de lo que ocurrió en todos los comicios anteriores. Aunque varios miembros del PT reclamaron una ruptura con el PMDB, hasta ahora la presidenta no se animó a hacerlo, ya que el oficialismo quedaría en minoría dentro del Congreso y no podría aprobar varios de los proyectos económicos que tiene en carpeta para alcanzar el superávit fiscal.

A favor. El PT buscó contrarrestar el avance de la derecha en las calles, pero no logró la misma cobertura mediática. (Renzo Gostoli/Archivolatino)

Los planes desestabilizadores tuvieron, por supuesto, el acompañamiento de los medios de comunicación. Folha de São Paulo, el diario de la derecha paulista, llegó a publicar que la estabilidad del gobierno «pendía de un hilo» y que el país podía «sucumbir». O Estãdo, también de San Pablo, difundió encuestas en las que apenas el 10% de la población apoyaba al gobierno y el 70% lo consideraba «malo» o «pésimo». Puertas afuera, el británico Financial Times sostuvo que Rousseff no sería relevada de su cargo porque eso significaría «llevar a un político mediocre a sustituir a otro igual», en referencia al vicepresidente Michel Temer.
Desde el sector empresarial, las poderosas federaciones industriales de San Pablo (FIESP) y de Río de Janeiro (FIRJAN) sostuvieron que el gobierno es incapaz de resolver la crisis. Ambas coincidieron en que «la presentación al Congreso de un presupuesto deficitario para 2016 fue la demostración más inequívoca de que el gobierno cedió su responsabilidad de gobernar».

 

Banderas en las calles
La embestida fue cuestionada por el teólogo Boff, quien consideró que «la derecha brasileña, una de las más reaccionarias y egoístas del mundo, nunca aceptó que un obrero, Lula, llegara a ser presidente». Por eso, explicó, «ahora infunden odio, porque no tienen partidos ni políticos de nivel que puedan ser una alternativa al gobierno del PT». Algo de eso ya había dicho el propio Lula: «Los conservadores no soportan que, en 12 años, un presidente que solamente tiene diploma de primaria haya puesto más estudiantes en la universidad que ellos en un siglo».
Las denuncias por el caso Petrobras y la situación económica se mezclaron con un clima de descontento popular que se vio plasmado en las calles. Las grandes manifestaciones, sin embargo, no tuvieron como eje la crítica a los planes de ajuste. Por las ruas paulistas y cariocas desfiló un carnaval de odio y rencor. Aunque fueron minoritarios, hubo carteles con inscripciones temerarias, como «Dilma, qué pena que no te ahorcaron durante la dictadura» o «¿Por qué no los mataron a todos en 1964?».
Preocupado por la situación, el diputado Freixo advirtió: «No es que todas las personas que salen a protestar sean fascistas. No es eso. Pero es necesario reconocer que las banderas de la derecha más conservadora ganaron las calles». Según su mirada, eso ocurrió por el «empobrecimiento» del debate político. «No discutimos un proyecto de país, de democracia. Solo hablamos de corrupción. Y peor, de la corrupción en su dimensión exclusivamente comportamental, porque no se habla de la corrupción desde un punto de vista estructural», aseguró.
La reacción del gobierno no se hizo esperar. Rousseff consideró que aprovechar la crisis económica para expulsarla del Palacio de Planalto es «una versión moderna de golpe». Lula, por su parte, dijo que el oficialismo está «enfrentando la campaña de difamación más grande que un partido haya sufrido» en Brasil. Y advirtió que un movimiento destituyente similar se mueve, como un fantasma, por otros países de la región. Principalmente, por Argentina, Venezuela y Ecuador.
Sin embargo, en las últimas semanas, el gobierno brasileño cambió la estrategia de confrontación e intentó acercarse a la oposición para aplacar los ánimos y evadir cualquier posibilidad de impeachment dentro del Parlamento. Legisladores de una y otra parte empezaron a discutir la llamada «Agenda Brasil», un cuestionado proyecto que impulsa, entre otras cosas, el aumento de la edad mínima para jubilarse, la revisión de las leyes en «zonas costeras, áreas naturales protegidas y ciudades históricas» para «incentivar nuevas inversiones productivas», y el blanqueo de la tercerización laboral. Por lo pronto, Rousseff ya realizó una reforma de gabinete que aumentó de 6 a 7 la cantidad de ministerios en control de su «problemático» aliado, el PMDB. Algo que diversos miembros del oficialismo consideraron un verdadero pacto con el diablo.

Manuel Alfieri