Pese a las expectativas que despertó la confirmación de Lino Barañao en el Ministerio, la política del gobierno nacional en materia de ciencia y técnica pone en riesgo la continuidad de programas y líneas de desarrollo. El conflicto en el Conicet y el peligro de una nueva fuga de cerebros.
26 de abril de 2017
Alto impacto. El poder adquisitivo del sueldo promedio de un investigador del Conicet llegó en 2016 a un mínimo histórico. (Horacio Paone)
Un presupuesto que se redujo del 0,75% del PBI al 0,59%. Un recorte de un 50% en el número de becas. Grupos de investigación que deben sostenerse con 7.000 pesos por año. Los números hablan por sí solos. Y los hechos también. Un Estado que achica y empresas que no invierten. La rapidez con la que parece haberse producido el deterioro de un escenario que hoy dista enormemente de los objetivos que se planteaban hace tan solo dos años atrás, abre la polémica y deja varias preguntas resonando. ¿Qué lugar ocupa hoy la ciencia en nuestro país? ¿Cuál es el balance de estos últimos diez años? ¿Estamos ante el riesgo de una nueva fuga de cerebros?
Capital intelectual
«Durante años la situación de los cerebros era más vergonzosa que la del petróleo, regalábamos cerebros en pie sin obtener nada a cambio. Hoy recuperamos el capital intelectual que estaba en el exterior y que vuelve con más conocimientos», decía el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, hace cuatro años durante el lanzamiento del Plan Argentina Innovadora 2020 que, entre otros objetivos, planteaba recuperar la capacidad de incorporación de nuevos investigadores en los organismos del sistema científico. En este sentido, el anuncio por parte del macrismo sobre la permanencia de Barañao al frente de la cartera –convirtiéndose en el único funcionario heredado del kirchnerismo–, y la vigencia de su programa, generaron expectativas en una comunidad científica que advertía un cambio de rumbo en las políticas públicas. Sin embargo, tan solo un año y medio después de la nueva gestión, aquellos dichos parecen haber quedado un poco lejos. De acuerdo con un estudio realizado por Fernando Stefani, doctor en Ciencias Exactas y vicedirector del Centro de Investigaciones en Bionanociencia, el presupuesto destinado durante el 2016 a Ciencia y Técnica decayó a niveles inferiores a 2012 y el previsto para este año lo lleva a un valor sin precedentes. Como resultado, el sueldo mensual promedio de un investigador del Conicet, que había aumentado regularmente de 2009 a 2015, sufrió un impacto que lleva al poder adquisitivo de los haberes a un mínimo histórico.
En este contexto, las declaraciones que viene relizando el ministro frente al conflicto desatado en diciembre con la reducción en la cantidad de ingresantes en la carrera de investigador –que si bien se ha constituido como la más visible, es solo una de las caras del problema– parecen más bien una respuesta improvisada en medio de la coyuntura, a pesar de que involucran cuestiones que conforman una deuda histórica sobre el sistema.
Una de ellas es el rol, prácticamente marginal, que tuvo el sector privado en materia de inversiones. Casi como un caballito de batalla, Barañao ha repetido en todas sus apariciones frente a la prensa sus ansias de promover la participación de las empresas en el desarrollo de investigación y tecnología, premisa que nadie cuestiona pero que exige revisar algunos puntos. En primer lugar, no se trata de algo nuevo. En 2003 se lanzó el programa Investigadores en Empresas, que no solo apuntaba a aumentar el capital destinado al campo científico sino, sobre todo, se propuso como objetivo sumar valor agregado al sistema productivo. Pero si bien pueden registrarse algunas iniciativas interesantes, los resultados estuvieron lejos de lo esperado. La pregunta que inevitablemente surge entonces es por qué hoy resultaría distinto. «Por supuesto que es conveniente una diversificación de la matriz. Sin embargo, esto es de sentido común. La cuestión que debería formularse es, sabiendo que históricamente las empresas no han invertido, bajo qué condiciones y qué tipo de políticas son necesarias para impulsar este desarrollo, como así también qué sectores de la Argentina, como país semiperiférico, pueden tener ventajas competitivas que hagan viable estas estrategias», sostiene Pablo Kreimer, especialista en Sociología de la Ciencia e investigador principal del Conicet. En su opinión, para avanzar en esta dirección, «lo ideal sería generar una ley moderna que regule el conjunto de instituciones del sistema nacional de ciencia y tecnología».
(Télam)
Al mismo tiempo, otra de las preguntas que se pone en juego es qué lugar debe asumir el Estado en este hipotético escenario. Al respecto, resulta fundamental no perder de vista que la investigación científica y la innovación tecnológica exigen el desembolso de enormes capitales, con resultados a largo plazo y muchas veces frente a niveles de incertidumbre que el sector privado no está dispuesto a afrontar. Para Martín Burgos, coordinador del Departamento de Estudios de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, hay que atender además el papel que puede tener el sector público como demandante de tecnología: «Las primeras computadoras, los microprocesadores, son todos inventos que surgieron de la necesidad del sector público. Internet fue una necesidad de comunicación interna del ejército de Estados Unidos. Estamos ante avances principalmente dirigidos por aspectos que no tienen que ver con lo comercial, pero que pueden derivar en bienes de consumo masivo. Un ejemplo argentino son los tubos de acero sin costura de Techint, que empezó a fabricar en gran escala cuando se los compraba YPF Sociedad del Estado».
Burgos. El papel del sector público como demandante de tecnología.
Kreimer. «La crisis actual combina recorte presupuestario con imprevisión.»
Stefani «El presupuesto decayó en 2016 a niveles inferiores a 2012.»
Un sistema demasiado concentrado parece ser entonces la clave para entender el contexto actual, donde un claro giro en las políticas públicas se traduce inmediatamente en un futuro crítico e incierto. Según un análisis realizado por Ricardo Farías cuando estaba al frente de la vicepresidencia en el Conicet, el número de becas también es resultado de un problema estructural: «Los becarios son presupuestariamente becarios, no empleados. ¿Esto qué significa? Si las becas se otorgan por cinco años, a los seis años se producen nuevas vacantes. La política de Estado estaba basada en este sistema, que alcanzaba y se mantenía en una situación estacionaria. Eso se mantuvo hasta 2002, donde cada año se producían 400 vacantes, que se reciclaban automáticamente. Es decir, sin incremento de presupuesto». Durante el kirchnerismo, tal como sigue señalando Farías, el régimen sufrió mejoras, fundamentalmente a través de la creación del Ministerio de Ciencia y Técnica, un cambio en el funcionamiento de las becas y un aumento de los recursos que inmediatamente pudo verse reflejado en algunos números. Por ejemplo, según datos oficiales, de 685 doctorados en 2006, pasaron a registrarse 2.176 en 2014. No obstante, para Kreimer hay un debate que no se ha saldado. «El problema central es más profundo. La discusión no pasa por el funcionamiento del Conicet, sino por su función. En su origen, en 1958, debía ser la institución que pusiera en marcha una política de Ciencia y Técnica, además de dar becas y subsidios. Si hoy le corresponde al Conicet o al Ministerio hacer esta planificación es algo a discutir. Pero si nadie lo piensa, el resultado es que cientos o miles de jóvenes científicos no tienen dónde ir a trabajar, porque excepto el Conicet, casi no hay demanda de investigadores formados en otras instituciones, públicas y privadas. En este sentido, me pregunto por qué durante los últimos nueve años, además de aprovechar la abundancia de recursos para formar jóvenes, no se formuló una estrategia integral. Eso también lleva a la crisis actual, que combina recorte presupuestario con imprevisión en la planificación».
Momento de balances
Nadie parece dudar de los avances y la jerarquización que vivió la ciencia durante la década anterior. Solo basta con nombrar algunos ejemplos. De acuerdo con un informe publicado en 2015 por el propio Ministerio, mientras la inversión en 2004 era de 2.194,5 millones de pesos, representando el 0,41% del PBI, en 2013 pasó a ser de 22.065,8 millones, con un aumento del 0,20% sobre el gasto del Producto interno. Como resultado, según el mismo informe, cada investigador pasó a representarle al Estado de 40.000 a 70.000 dólares por año. En este contexto, una de las medidas más significativas, sin lugar a dudas, fue la repatriación de científicos. La sangría de profesionales altamente calificados al exterior fue uno de los hechos más representativos de los años de menemismo. No obstante, entre 2007 y 2014 retornaron al país unos 1.200 científicos, y en muchos casos no lo hicieron solos. Volvieron para continuar sus investigaciones con el apoyo de las agencias que los venían sustentando, lo que en muchos casos se tradujo en interesantes experiencias de asociación y cooperación entre el Estado e instituciones extranjeras.
Continuidad. Lino Barañao, el único ministro heredado del kirchnerismo. (Télam)
Sin embargo, también es cierto que esos mismos números revelan algunas deudas pendientes. Por ejemplo, si bien se aumentó más de diez veces el presupuesto, los niveles de inversión comparados con otros países siguen siendo bajos. Y no solo nos referimos a Japón, que encabeza la lista con un gasto que ronda el 4% de su PBI. Brasil destina el 1,24%. En este sentido, de las estadísticas del Ministerio también se desprende un aumento de investigadores y becarios de jornada parcial, para muchos íntimamente ligado a una precarización de la actividad que aún no ha podido subsanarse. «Los países más dinámicos tienen salarios competitivos que estimulan la dedicación a la investigación e incluso atraen a investigadores de otros países para aportar sus conocimientos en temas de interés específico. Hoy en nuestro país, los grupos de elite deben arreglarse con unos 15.000 dólares por año, y los grupos menos favorecidos, el 80% del total, tienen financiamiento de las universidades con montos de 7.000 a 20.000 pesos por año. Solo les alcanza para el café», advierte Kreimer. «La Argentina tiene un gran retraso respecto de Brasil o de otros países en los cuales el sector privado también invierte mucho en tecnología. Ahora es importante saber que para esa inversión privada resultan fundamentales un marco de políticas públicas, a través de financiamiento con tasas blandas, poder ofrecer apoyo científico a las empresas y reforzar los lazos entre sector productivo, universidades y Estado», concluye Burgos.
En su primera reunión de 2017, el directorio del Conicet ratificó un techo de 450 vacantes para el ingreso del año que viene. Y si bien el ministro insiste en la necesidad de generar nueva demanda, hasta ahora no se han escuchado medidas por parte del sector público que acompañen sus dichos, alentando inversión. En un mapa donde el desarrollo científico depende del Estado casi en un 90%, el pronóstico es alarmante y, lo que es peor, sus consecuencias a largo plazo pueden ser irreversiblemente negativas.
