Respaldado por el 70% de la ciudadanía, AMLO logró impulsar políticas inclusivas que contrastan con las recetas neoliberales de los últimos 30 años. Los avances en materia de transparencia y las grandes deudas pendientes: inseguridad y narcotráfico.
27 de diciembre de 2019
El pasado 1º de diciembre, Andrés Manuel López Obrador –AMLO, como se lo conoce popularmente– cumplió su primer año al frente del Gobierno mexicano. Su llegada al poder representó un giro de 180 grados para la política azteca: el veterano mandatario le puso un freno al neoliberalismo de las gestiones precedentes e inició un proceso de profundas transformaciones sociales. Aunque el balance arroja un saldo positivo que se refleja en los altos niveles de aprobación sobre su gestión, todavía son muchos los desafíos pendientes para cambiar la cara de un país cercado por la desigualdad, el narcotráfico y la corrupción.
Ya apenas iniciado su mandato como presidente, AMLO fijó la prioridad de su gobierno: «Primero, los pobres». Un concepto que reafirmó nuevamente en el acto en la Plaza de la Constitución, donde celebró su primer aniversario como presidente. Allí también destacó que estaba en marcha «una nueva forma de hacer política», guiada por el respeto a la democracia, la honestidad y el humanismo.
Efectivamente, el politólogo de 66 años de edad planteó un cambio de rumbo que se hizo palpable ya en sus primeras medidas de gobierno. Entre ellas, la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, que le permitió aumentar un 16% el salario mínimo, el mayor incremento de los últimos 36 años. También crecieron las pensiones de jubilados y discapacitados, las becas para estudiantes de bajos recursos y los subsidios para campesinos.
Está claro: en la mirada del líder de Morena, el Estado debe tener un rol protagónico en la disminución de las desigualdades. Como él mismo dijo: «En el periodo neoliberal se hacían leyes sin considerar el interés público: ahora, las reformas tienen el propósito de garantizar el bienestar del pueblo». AmLO es el primer presidente que no pertenece al PAN ni al PRI, los dos partidos tradicionales que, a través de sus sucesivos gobiernos, introdujeron políticas neoliberales que sumieron al 43% de la población bajo la línea de pobreza. Para revertir esta situación, impulsó una política de austeridad, pero diferente a la propuesta por la derecha: a la austeridad neoliberal, AMLO opuso la llamada austeridad republicana. Es decir, una austeridad que, en lugar de recortar el gasto social perjudicando a «los de abajo», aplica un ajuste sobre ciertos «lujos» estatales para dirigir el dinero ahorrado hacia los sectores más vulnerables de la población.
Herencia y roces
Así fue que, a poco de llegar al Palacio Nacional, AMLO se bajó su salario, anuló las suntuosas pensiones de exmandatarios y vendió el avión presidencial. Además, en octubre de 2019 creó el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, un organismo que se ocupa de subastar todos los bienes confiscados a la corrupción y al crimen organizado para luego redistribuir los ingresos hacia los sectores populares. Con este tipo de medidas, la aprobación de su gestión hoy llega al 70%.
Sin embargo, el propio dirigente reconoció deudas pendientes. Principalmente, la crisis de inseguridad que vive el país, potenciada por el incesante accionar de bandas criminales que desarrollan sus actividades en el marco de un «narco-Estado», es decir, un Estado cuyas principales instituciones están infectadas por la influencia de los cárteles.
Esto no es nuevo. El crimen registra un crecimiento sostenido desde 2007, cuando el expresidente Felipe Calderón inició la llamada «guerra contra el narcotráfico». Esta política de seguridad no solo no puso un freno al poder narco, sino que empeoró las cosas: en los últimos años, México acumuló más de 40.000 desaparecidos y 300.000 desplazados. AMLO llegó al poder con la intención de dar un nuevo enfoque al problema, haciendo eje en la inclusión social como forma de disminuir los niveles de delito. Pero, hasta aquí, no obtuvo resultados positivos: en 2019 hubo 30.000 homicidios, la cifra más alta de la historia reciente.
Uno de los casos más impactantes del último tiempo fue la masacre de la familia LeBaron, en la que nueve mexicoestadounidenses fueron asesinados por sicarios en la frontera con Estados Unidos. El hecho generó la reacción de Donald Trump, quien poco después del crimen aseguró que declararía «organizaciones terroristas» a las bandas narco de México. La intromisión del magnate en la política de seguridad azteca provocó el enojo de AMLO, que rechazó todo tipo de intervencionismo.
Más allá del roce diplomático, AMLO firmó con Trump el Tratado de Libre Comercio entre México, EE.UU. y Canadá (T-MEC), al cual consideró una herramienta para «fortalecer la inversión, la industria y el trabajo». Desde la vereda de enfrente, diversos sectores de la oposición aseguran que el acuerdo solo beneficiará a la Casa Blanca. El T-MEC es una herencia de la gestión de Enrique Peña Nieto, como también lo son la ola de crímenes, la marginalidad y la corrupción. Profundas dificultades que crecieron al calor de los gobiernos neoliberales del pasado y que, como el propio AMLO reconoció, «no se van a revertir en 12 meses». La voluntad del mandatario es que, en los cinco años que restan de gestión, la transformación prometida se haga realidad.
