Mientras grandes y pequeños productores exigen modificar la política cambiaria, bajar impuestos y achicar el Estado, el gobierno denuncia intentos de desestabilización orquestados por sectores de la oposición. El factor electoral detrás del conflicto.
8 de febrero de 2018
En marcha. Caravana de autos y camionetas en una de las manifestaciones del sector agrario en la localidad de Durazno, a fines de enero. (ROJO/ AFP / Dachary)
Los tractores van y vienen por la ruta, acompañados por una caravana de banderas y pancartas. Suenan bocinazos y afloran los termos con mate para sentarse a conversar al costado del camino. «Somos el campo, somos el país», acuerdan productores rurales de pequeñas parcelitas con terratenientes de miles de hectáreas. Ambos están indignados porque, según dicen, el gobierno no los escucha. Desde el oficialismo replican con contundencia: se trata de una campaña de desestabilización orquestada por la oligarquía, la oposición y los grandes medios.
Las imágenes y la sucesión de declaraciones cruzadas rememoran a la recordada «guerra del campo», desatada en los albores de 2008 entre el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández y las entidades agropecuarias. Sin embargo, el escenario y los protagonistas del conflicto actual son distintos: de un lado están los productores rurales uruguayos, acompañados por representantes de los partidos Nacional y Colorado; del otro, el presidente Tabaré Vázquez y las principales espadas del Frente Amplio. En esa contienda se dirime lo que algunos ya bautizaron como la «grieta charrúa».
El conflicto comenzó en noviembre pasado, pero se intensificó a mediados de enero, cuando los productores agropecuarios se manifestaron en diferentes puntos del país. Bajo el lema «Un solo Uruguay», y con amplia cobertura mediática, hicieron oír los problemas de rentabilidad del sector y apuntaron contra los «gastos excesivos» del Estado. «Esto –advirtieron– conlleva a un déficit fiscal que terminamos pagando entre todos». ¿La solución? Reducir el tamaño del aparato estatal, frenando contrataciones y rediseñando algunas políticas sociales para hacerlas «más eficientes».
El contenido de los reclamos provocó una rápida respuesta por parte del Frente Amplio. En un comunicado, el partido gobernante reconoció las «legítimas preocupaciones de los productores», al tiempo que denunció «la acción abierta de operadores políticos que lo que intentan es ganar votos mediante el oportunismo (…) y atacar la intervención del Estado y los derechos conquistados por amplias mayorías». Varios dirigentes oficialistas también señalaron que las protestas solo hicieron eje en los intereses de los propietarios del campo. Nada se dijo sobre la situación de los peones rurales, ni hubo espacio para los reclamos de aquellos que están obligados a pagar altos costos para arrendar las tierras y así poder explotarlas.
Consultado por Acción, Eduardo Vior, analista internacional y doctor en Ciencias Sociales, hizo referencia a esa realidad. «En el acto que se realizó el 23 de enero en Durazno no hubo productores del norte pobre, muy beneficiados por las políticas que implementó el Frente Amplio. El reclamo no representa a todo el sector rural, sino a los sectores más concentrados y con más peso sobre el comercio exterior». Desde Montevideo, el economista Rodrigo Alonso, miembro del Comité Editorial de la plataforma digital Hemisferio Izquierdo, coincidió: «Lo que está en juego en primer lugar es la disputa por la renta agraria. Luego aparece la rentabilidad de los sectores exportadores agropecuarios. Sin intenciones de avanzar sobre los precios de los arrendamientos, las medidas que exigen estos sectores no pueden ser otras que el desplazamiento del ajuste hacia los asalariados y el gasto estatal».
Impactos y perspectivas
Además de la renta, el conflicto rural tiene como trasfondo la contienda electoral que se dará en 2019. «Es evidente –apuntó Vior– que la derecha uruguaya intenta montarse en el reclamo ruralista para desestabilizar al Frente Amplio, en sintonía con la onda contrarrevolucionaria que atraviesa la región». Efectivamente, y pese a que todavía falta mucho, los dirigentes de la oposición utilizaron las protestas para posicionarse de cara a los votantes. «La grieta que hay es entre el gobierno y el despilfarro, y la gente cansada de trabajar para un Estado ineficiente», lanzó el senador Javier García, del Partido Blanco, en sintonía con la proclama de los sectores del campo.
Para el economista Alonso, el movimiento rural puso en marcha el proceso de rearticulación de la derecha. «Reactivó sus filas y permitió acumulación de base social, además de que instaló la agenda del ajuste con mayor fortaleza y claridad», explicó. Por si fuera poco, las últimas encuestas inflaron el pecho de los dirigentes blancos: Opción Consultores indica que, en las presidenciales del año que viene, el Partido Nacional alcanzaría un 28%, frente al 25% del Frente Amplio. Es cierto: una cifra mínima, que puede ser volátil de un año a otro y que, además, obligaría a un balotaje. Pero es la primera vez en más de 20 años que los blancos aventajan en los sondeos a la coalición izquierdista.
La crisis con los productores rurales, la baja en la aprobación de su gestión y una serie de enredos políticos internos –que culminaron en la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic– ponen en jaque al gobierno de Tabaré Vázquez y abren una oportunidad al conservador Luis Lacalle Pou, líder del Partido Nacional y posible candidato presidencial. ¿Será Lacalle el «Macri charrúa» que cumpla los deseos del «campo» y se ocupe de achicar el Estado? Habrá que esperar a 2019.
