22 de enero de 2019
Todo el arco opositor catalogó de «inconstitucional» y «electoralero» el decreto de necesidad y urgencia (DNU) de extinción de dominio que firmó el presidente Mauricio Macri y permite a quitarle bienes a personas imputadas en causas penales pero a través de un nuevo procedimiento paralelo instalado en el fuero civil, violando por caso la presunción de inocencia. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se vio obligada a aclarar que la medida no está dirigida a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. «Esta ley no tiene nombre y apellido, las leyes son para todos los que cometen un ilícito», afirmó Bullrich al ser consultada sobre la situación de la senadora de Unidad Ciudadana. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que el DNU «es inconstitucional, porque no existe una circunstancia excepcional que impida al Congreso seguir con el trámite ordinario para la sanción de las leyes, y porque si bien es una acción civil la que se está regulando, el punto de anclaje es un proceso penal. La Constitución prohíbe que se dicte un DNU que regule materia penal, directa o indirectamente».
