El nuevo primer ministro español, Pedro Sánchez, propone hablar de autogobierno pero no de autodeterminación, y aceptaría un referendo. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dice que «en 20 años» habrá independencia.
26 de septiembre de 2018
Diada. El 11 de septiembre hubo otra masiva manifestación en las calles de Barcelona. (GENE/AFP/DACHARY)
España tiene nuevo gobierno y Cataluña también, pero la renovación vino sin cambios, los problemas entre ellos son viejos y no hay solución a la vista. Unos y otros comparten debilidades internas que no los favorecen, lo que complica aún más el panorama. Ocho segundos había durado la lectura del acta de la independencia tras el referendo del primero de octubre de 2017. Unas pocas horas tardó el Palacio de la Moncloa en enviar tropas y otro ejército, pero de juristas armados de leyes. Los líderes separatistas terminaron exiliados o presos, se intervino la región y, como dirían en el Camp Nou –el estadio del Barcelona–, desde Madrid tiraron la pelota para adelante. Un año después, aquel fuego de los catalanes separatistas no se apagó. Tanto arde, que el nuevo líder de la Generalitat, Quim Torra, convocó a los suyos a «encender las calles, pacíficamente, democráticamente» para defender «el derecho a tener derechos».
Pedro Sánchez, el hombre del PSOE que llegó al poder tras la caída de Mariano Rajoy, no cree en Dios pero sí suscribe la cita en latín que reza «vox populi, vox dei». Afirma que «queremos dialogar y resolver una crisis política». Plantea realizar una nueva consulta en Cataluña pero aclara que se llamaría a la ciudadanía a opinar «sobre autogobierno, no sobre autodeterminación». El presidente español se encuentra en minoría parlamentaria y política, por lo que necesita convocar apoyos. Los escaños catalanes suman. Como los del País Vasco, cuyos representantes orientan simpatías y antipatías según qué postura tomen frente al independentismo de las administraciones centrales. Sánchez plantea, además, considerar a España un estado plurinacional, darle a su Senado un carácter federal y reconocer cierta autonomía en las finanzas de la región.
Negociación. Torra conversa con Sánchez. (SORIANO/AFP/DACHARY)
Solo Podemos acompaña al mandatario. Pablo Iglesias, secretario general del partido, se manifestó en favor de que los catalanes elijan. Expresó que «votar siempre es cosa buena, incluso aunque los referendos sean solo consultivos es bueno saber qué piensa la gente». Desde Ciudadanos, por el contrario, se repudió el intento de Sánchez. Albert Rivera, titular de una de las agrupaciones que surgió al calor de las revueltas sociales de 2006, consideró que un nuevo plebiscito es una muy mala idea y se preguntó: «¿Cómo (Sánchez) va a recuperar algo que es inconstitucional? Eso es una barbaridad». Se refería al actual estatuto de Cataluña, considerado ilegal por el Tribunal Constitucional. También desde el Partido Popular se criticó el puente que intenta construir el líder del PSOE. Pablo Casado, presidente del Partido Popular, consideró que «no hay qué consultarle a la sociedad catalana que no pase por la ruptura de la igualdad con el resto de España».
Rebelión y después
La autoridad de Cataluña enfrenta dificultades. No tiene margen para retroceder pero tampoco pudo romper una fragmentación que, pese a las discusiones sobre representatividad y al veredicto de las urnas, se expresa en una polarización en dos mitades. Muestra de lo duro que es el camino resultó el mensaje que desde su exilio en Bélgica lanzó el efímero conductor de la aún más efímera gestión separatista. Carles Puigdemont aseguró que los catalanes tendrán plena independencia «dentro de unos 20 años». La cifra no es caprichosa: en dos décadas prescriben los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos por los que fueron acusados Puigdemont y otros importantes dirigentes. Pueden recibir una condena de un cuarto de siglo tras las rejas. Los que se quedaron en su tierra fueron detenidos en Madrid, pero recientemente se los trasladó a Cataluña. Se les permitirá compartir reuniones en la cárcel y hacer declaraciones políticas. «Cerca no quiere decir libertad ni justicia completa, queremos que se termine con la aberración de tener encerradas en prisión a demócratas pacíficos y honorables», declaró Torra. Maritxell Batet es la funcionaria que la Moncloa nombró para encabezar un diálogo con la Generalitat. Consultada sobre si creería conveniente que los dirigentes no estuvieran en una celda, declaró que «sería mejor que no hubiera presos, pero es una decisión judicial que debemos respetar; prefiero trabajar en lo que podemos hacer, llevamos muchos años acumulando silencios, con dos gobiernos que se han dado la espalda».
Hacen falta dos para bailar el tango, sí. Pero la sardana, danza típica catalana, admite muchos más participantes. Acaso por eso en la discusión entre la Moncloa y la Generalitat se coló un tercer protagonista: un grupo de catalanes que quiere ser independiente de España y de los independentistas de Cataluña. Proponen «Tabarnia», una región formada solo por Barcelona y una parte de Tarragona. Argumentan que la cuestión separatista tiene matices de representatividad según se trate de sectores rurales o urbanos. Su líder es el actor cómico Albert Boadella, quien convocó a su propio referéndum para consagrar la «Comunidad Autónoma de Tabarnia». Parece un chiste pero, lejos de eso, es una demostración más de la seriedad del conflicto.
