Aunque la ley obliga a los grandes consumidores a utilizar un 8% de energía renovable, la generación solar de electricidad es aún excepcional en la Argentina. La experiencia de la Universidad de Rafaela, pionera en la protección del medio ambiente.
28 de febrero de 2018
La ciudad santafesina de Rafaela se ha destacado en las últimas décadas por ser precursora en la protección del medio ambiente con medidas como la separación de residuos para su reciclamiento desde 2008 o la obligación de hacer pozos a las napas en las casas para no derrochar el agua potabilizada en riego o limpieza. La Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), con solo tres años de funcionamiento, dio a fines de 2017 un nuevo paso en el mismo sentido al colocar doce paneles solares en su techo capaces de producir 3,6 kilovatios, que no solo proveen de electricidad al edificio e inyectan en la red lo que «sobra», sino que también permiten investigar sus potencialidades, asesorar a empresas y analizar en detalle el impacto económico de inversiones similares.
«Lo que dispara este proyecto es la Ley Nacional 27.191 de octubre del 2015, que obliga a los grandes consumidores del país a utilizar al menos el 8% de energías renovables», explica Luis Silva, doctor en Ciencias de la Ingeniería con mención en Energías Renovables de la Universidad Nacional de Río Cuarto. «En Rafaela y la región hay once empresas que califican como “grandes”, sobre todo frigoríficos, fábricas y un complejo comercial», pero, según Silva, la reglamentación de la ley permite soluciones que atentan contra su espíritu original, ya que contempla el pago de una pequeña multa para quienes no cumplen o la compra en parques eólicos o solares que se encuentran en otros rincones del país. Para Silva, quien también estudió en la francesa Universidad Lille 1, esta decisión puede parecer económicamente eficiente, pero tiene sus problemas: «El transporte tiene un costo: se desbalancea la red porque hay mucha tensión cerca y muy baja en los lugares de consumo, lo que aumenta costos de mantenimiento y la calidad de energía que disminuye y daña los aparatos. Además, está el riesgo de que se caiga una torre y una ciudad se quede sin luz. Esto no ocurre con frecuencia, pero puede producir pérdidas económicas significativas», sintetiza.
Por estas razones, en muchos países del mundo, están investigando el uso de smart grids (redes inteligentes) que distribuyen la energía de miles de pequeños productores que pueden tener generadores eólicos o paneles solares en techos de casas, oficinas, estacionamientos, etcétera. Si inyectan lo que les sobra en la red, alguien más lo utiliza y se reduce el uso de otras fuentes. Esta solución es, para muchos, más ventajosa.
«Además de la ley nacional, hay tres provincias en Argentina con normativas que permiten la inyección distribuida: Santa Fe, Salta y Mendoza», continúa el investigador. «Santa Fe en particular tiene el Programa Prosumidores, que no solo permite inyectar energía, sino que también compra el excedente más caro de lo que te vende la electricidad. Este sistema es muy usado en España y Alemania para fomentar el uso y reducir el tiempo de repago de la inversión, otro tema de investigación». Si bien UNRaf no es un gran consumidor de energía, fue sumado al programa para poder tener una experiencia de primera mano. Por eso en abril de 2017 lanzó una licitación para instalar su propio sistema de generación solar que ganó la empresa local Enermel. El beneficio no solo es para quienes ahorran, sino también para el planeta en su conjunto. Sin embargo, las grandes empresas no suelen dar un paso sin certezas económicas sobre la viabilidad y sustentabilidad de un proyecto así. Ahí es donde entra la UNRaf para ayudar a satisfacer esa necesidad.
Mayor eficiencia
A través del Grupo de Estudios sobre Energía y Medio Ambiente (GEEMA) codirigido por Silva y Franco Blatter, ingeniero de la Universidad Nacional del Litoral, UNRaf contará con una experiencia propia, además de software y dispositivos apropiados para hacer análisis pormenorizados. «Esperamos recuperar la inversión íntegramente de la Universidad en no más de ocho años», explica Blatter, un número relativamente bajo, ya que los nuevos paneles monocristalinos tienen una vida útil cercana a los 35 años, además de una mayor eficiencia que los anteriores. «Las energías renovables, sobre todo la solar y eólica, han reducido exponencialmente sus costos de instalación. Hoy tienen un precio por megavatio-hora similar a las energías convencionales y son muy competitivas». La competitividad también mejora al sumar los costos menos evidentes, como las líneas de alta tensión o el impacto ambiental; al tenerlos en cuenta, las energías renovables compiten cuerpo a cuerpo también desde la lógica económica con otras más tradicionales. «El desarrollo de smart grids es una gran oportunidad para nuestra industria nacional, sobre todo lo relacionado con el desarrollo de electrónica de potencia, software, mecánica, entre otros rubros», se ilusiona Blatter.
La planta fotovoltaica de UNRaf permite a la universidad tener un impacto en toda la comunidad: «Los paneles nos proveen buena parte de la energía que necesitamos, algo importante, pero a nosotros nos importa más plantear en este proyecto las tres patas fundamentales de una universidad: investigación, extensión y academia», continúa Silva, también investigador del CONICET. «Para eso ya conseguimos que la Secretaría de Políticas Universitarias nos dé fondos para fundar un laboratorio de energías renovables, y la idea es que los estudiantes de las carreras tecnológicas hagan sus prácticas en la planta». Esto permitió idear nuevas carreras a futuro y convenios con otras instituciones como la UTN para que hagan los estudiantes parte de sus investigaciones y trabajos de grado en el laboratorio. La información detallada también permitirá planear medidas para mejorar la eficiencia energética en el campus de UNRaf que se comenzará a construir en 2018.
En la Argentina el uso de energías renovables ronda el 2% del total de la matriz energética. Los costos de corto plazo no siempre permiten ver otros que, incluso, ponen en peligro la estabilidad medioambiental. Por eso resulta fundamental el rol de un Estado que incentive la implementación de medidas que protejan a todos; las universidades nacionales tienen un rol central en dar las certidumbres técnicas y proponer proyectos innovadores para llevarlas adelante.
