11 de agosto de 2020
El arresto domiciliario del expresidente de Colombia –y actual senador– Álvaro Uribe sacudió la modorra de una sociedad que parece anestesiada por la extensión del coronavirus. El COVID-19 ya se ha cobrado la vida de más de 10.000 personas y ha ubicado al país entre los diez con más contagios. Uribe está acusado de intentar sobornar a testigos, que lo involucraban con grupos paramilitares, para que se retractaran y cambiaran su declaración.
A pesar de la pandemia, los procesos contra Uribe por esos vínculos continúan, así como las secuelas de un Plan de Paz trunco desde que asumió la presidencia su delfín, Iván Duque.
Vale recordar que ambos hicieron campaña contra los acuerdos con las FARC. El llamado uribismo constituyó un fuerte bloque fuera del poder contra la iniciativa de paz del presidente Juan Manuel Santos que ganó terreno cuando Duque accedió al Gobierno (2018).
Colombia está atravesada por numerosos conflictos además de la pandemia. Más allá de los planes diseñados en los Estados Unidos para erradicar los cultivos de la coca, el país sudamericano no deja de ser el principal productor de cocaína del mundo. Pero el más grave es el asesinato sistemático de dirigentes sociales que tiene escasa cobertura en las grandes cadenas internacionales. Según la ONG británica Global Witness, Colombia en 2019 registró el asesinato de 64 líderes sociales dedicados a la defensa del ambiente, tres veces más que en 2018 y con el indicador de crímenes por país más alto del mundo. A esto hay que sumarle el asesinato de más de 200 personas desmovilizadas de las FARC que, gracias a los Acuerdos de Paz de 2016, decidieron integrarse en la sociedad.
Uribe es el hombre más poderoso de la política colombiana, pero también el primer expresidente de la historia moderna del país a quien se le dicta prisión domiciliaria. ¿Seguirá actuando desde las sombras?
