8 de febrero de 2018
El 27 de mayo se realizarán las elecciones presidenciales en Colombia, un país marcado por décadas de violencia y un frágil proceso de paz, suspendido nuevamente después de un atentado en enero, en Barranquilla, atribuido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, conocida como «los elenos».
Recorriendo el país, uno puede percibir que el rechazo a la violencia es tema de conversación cotidiano y la desazón por la falta de paz se ha convertido en otro eslabón del hartazgo de una sociedad que no ha tenido descanso de guerras civiles, sangrientas bandas de narcos, paramilitares y guerrilleros que empuñan las armas. La desconfianza frente al acuerdo entre el gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –las FARC, reconvertidas en un partido político– se traslada al débil entendimiento con los «elenos». Si bien existió un cese al fuego durante cien días, era utópico pensar que el acuerdo fuera perfecto. Fundamentalmente, porque cualquier movimiento de una de las partes iba a provocar un ataque armado de la otra y acusaciones mutuas de no respetar lo pactado, lo que también sirve para ganar terreno en las negociaciones.
El rechazo al reciente atentado permite comprender por qué tanta gente votó contra el plebiscito de paz de Santos en 2016. Muchos todavía consideran de manera simplista que Santos le entrega el país a las guerrillas y creen en un camino de enfrentamiento frontal como el que impulsó el expresidente Álvaro Uribe, aunque este no logró destruir a las guerrillas.
Las posturas contrapuestas respecto de la paz de Santos y Uribe reflejan hoy los temores de miles de personas que ven cómo nadie puede frenar la violencia. Pero ambos no pueden aspirar a la reelección y no se vislumbra la aparición de un liderazgo con capacidad para lograr una alternativa superadora.
