25 de febrero de 2014

Favorito para la reelección, el presidente Juan Manuel Santos está enfrentado con quien fue su mentor, Álvaro Uribe, y con la derecha. que sabotea los acuerdos con las FARC.

 

A menos de cien días de las elecciones presidenciales –que se llevarán a cabo el 25 de mayo y en las que aparece como favorito para lograr la reelección– Juan Manuel Santos tuvo que reemplazar la cúpula de las fuer-zas armadas tras un nuevo escándalo
dentro de las filas castrenses. Esta última turbulencia comenzó a desplegarse luego de que a principios de febrero la revista Semana publicara información muy detallada y documentada sobre espionaje de miembros de Inteligencia del Ejército colombiano a los negociadores por la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en La Habana, y luego continuó con la publicación de contratos amañados y coimas para jefes militares.
Detrás de esta nueva ronda de chuzadas (pinchaduras telefónicas, como se las conoce en el país de García Márquez), está la mano siempre presente del ex mandatario Álvaro Uribe Vélez, y, junto con él, de todos los que tienen mucho más por perder que por ganar con el fin de una guerra civil que ya lleva cuatro décadas, más de 100.000 muertos y cerca de 4 millones de desplazados.
La primera vez que se levantó polvareda con el espionaje telefónico fue durante los últimos meses de la gestión Uribe, cuando el mismo semanario publicó que desde una oficina del Departamento Administrativo  de Seguridad, la temible policía secreta DAS, se había vigilado al sucesor de Uribe, el propio Santos, y a sus allegados más íntimos.
Si bien Santos había sido ministro de Defensa del ultraderechista Uribe y le cabe su responsabilidad en el cuestionado ataque a un campamento de las FARC en Ecuador que costó la vida del entonces líder guerrillero Raúl Reyes y otros 16 integrantes del grupo el 2 de marzo de 2008, desde que llegó al poder dio un giro hacia posiciones políticas más «civilizadas». Por empezar, asumió en medio de una escalada belicosa de Uribe contra el venezolano Hugo Chávez, que, gracias a la intervención del ex secretario de Unasur, Néstor Kirchner, pudo saldarse con un encuentro entre ambos el mismo día del cambio de mando, el 7 de agosto de 2010.
Desde entonces, con sus altibajos, no solo mejoró la relación entre Colombia y Venezuela, sino que el propio Chávez fue un factor determinante para el inicio de conversaciones de paz serias y positivas con las FARC, primero en Oslo y desde setiembre de 2012 en La Habana. Pero la espada siempre afilada de los uribistas y de los grupos más reaccionarios dentro del espectro político-militar colombiano pende sobre todo este proceso de un modo dramático.

 

El procurador
En este contexto es que se deben enmarcar las actitudes de un personaje tan controvertido como retrógrado: el Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez Maldonado. Miembro convencido del Partido Conservador, es un militante católico desde su más tierna infancia. Por ejemplo, participó, cuando todavía no tenía 24 años, el 13 de mayo 1978 –día de la Virgen de Fátima– de una quema de libros organizada por la sociedad San Pío X en su Bucaramanga natal. El abogado y jurista lo explicó cuando tuvo que dar cuenta de su pasado ante la comisión del Senado que debía aprobar su designación como Procurador, en setiembre de 2009. Dijo, entonces, que efectivamente, con un grupo de compañeros de escuela, habían salido a quemar libros y publicaciones que consideraban pornográficos. Alguien rescató la octavilla de invitación a ese acto, que catalogaba a ese material de «revistas pornográficas y publicaciones corruptoras» y convocaba al acto incendiario para las 8 de la noche de ese día en el parque San Pío X «en desagravio a Nuestra Señora, la Siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra». Su tesis doctoral en la Universidad Santo Tomé, de Bogotá, del año 1979, tenía el sugestivo título de «Presupuestos fundamentales del Estado Católico». No hace falta agregar que es un ferviente opositor al matrimonio igualitario y a la legalización del aborto.
Pero al margen de extremismos, la cuestión no es tanto cómo y por qué un fundamentalista accede a un puesto tan delicado en cualquier sistema democrático. El tema de fondo es que, tras la reforma constitucional de 1991, el cargo ofrece la oportunidad de deshacerse de enemigos políticos o ideológicos con precisión quirúrgica y pasando por sobre la voluntad de los ciudadanos. Porque, oculto bajo el argumento de que un régimen político democrático debe contar con una institución que vele por la transparencia y la ética públicas, se le dieron a la Procuraduría las potestades no sólo de destituir al más encumbrado dirigente ejecutivo o legislativo, sino de inhabilitarlo para cualquier cargo público sin derecho a una demanda en una instancia superior.
En tal sentido, el récord que acumuló Ordóñez es impactante: desde 2009 se «sacó de encima» a 981 alcaldes, 709 concejales, 59 gobernadores, 18 diputados, 12 senadores y 10 representantes. Argumenta que los hay de todos los partidos. Sin embargo, los casos más sonados fueron el de la senadora Piedad Córdoba, destituida en 2010 e inhabilitada por 18 años a raíz de sus contactos con las FARC, y el de Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, acusado de «desprivatizar» el servicio de recolección de residuos de la capital.
Córdoba sigue siendo una de las más enconadas luchadoras por la pacificación en el país y, en ese sentido, mantuvo reuniones con representantes de la guerrilla para acordar condiciones de de diálogo con el gobierno. Algunos de esos contactos, según el enfervorizado fiscal, estaban registrados en la computadora que había pertenecido a Raúl Reyes y que fue encontrada en el ataque a territorio ecuatoriano.

 

Desprivatizador expulsado
El segundo caso de relevancia fue el que en diciembre pasado recayó sobre el alcalde de Bogotá. Petro fue exonerado del cargo en el que lo había puesto el electorado bogotano e inhabilitado para la función pública por 15 años. ¿Su delito? Se habían vencido los contratos para la recolección de basura, y Petro decidió implementar un sistema público. Las empresas contratistas –alguna de ellas incluso de origen argentino– que según contrato debían dejar el servicio pero también los camiones que estaban utilizando, hicieron una chicana judicial para demorar la entrega de los vehículos. Durante una semana de transición, el gobierno capitalino no tuvo cómo recoger los desperdicios y la bella ciudad amaneció con montañas de basura acumulada en las calles, hasta que la cosa se solucionó contratando otros camiones privados. Para la Procuraduría, la «desprivatización» fue motivo suficiente para considerar como desastrosa la administración de Petro y expulsarlo del gobierno. Y, además, para alejarlo de cualquier pelea posterior en la arena política por tres lustros.

Si la expulsión de Córdoba era leída como un ataque a la posibilidad de acuerdos con la guerrilla para poner fin a más de cuatro décadas de matanzas, la causa contra Petro lo terminó de confirmar: el alcalde había sido militante del grupo M-19 y pasó dos años preso hasta que, nuevamente en libertad, fue uno de los firmantes de los acuerdos que permitieron en 1987 el primer proceso de pacificación en ese país. Convertido en partido político como Alianza M-19, el grupo fue diezmado por ataques que le costaron la vida a la cúpula partidaria; entre ellos, a un candidato presidencial, Carlos Pizarro Leongómez, en 1990. Un año más tarde, sin embargo, Petro y el resto de los militantes que quedaban fueron partícipes de la reforma constitucional que, paradojas mediante, elevó el cargo de Procurador poco menos que al de un dictador sin posibilidades de ser vetado.
De allí que, ni bien se supo de la destitución del alcalde, los negociadores de la guerrilla en La Habana, de la mano de Iván Márquez, amenazaron con retirarse de la mesa de diálogo. No era para menos: entre la amplia agenda de debate, uno de los puntos más relevantes para cualquier acuerdo es el de la reinserción de los guerrilleros en la arena política. Si dejan las armas es, obviamente, para continuar su lucha por medios de una agrupación política. Si desde un estamento del Gobierno como es la Procuraduría se sabotea esta posibilidad, no queda mucho más por discutir. Por otro lado, los antecedentes de lo que había pasado con el M-19 y los ataques sufridos por los movimientos políticos afines (ver recuadro) no son cuestiones menores.
Para colmo de males, la prensa reveló que desde la tapadera de un restaurante en Bogotá se espiaban las conversaciones de los negociadores del gobierno ante las FARC. Podría haber resultado entendible que lo hicieran con los guerrilleros; después de todo, el aparato montado con apoyo del Pentágono para combatir a los grupos insurgentes –hay otra pata que es el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que quiere entrar también en el diálogo– cuenta con los elementos más sofisticados para vigilar los menores intersticios de la sociedad en su conjunto. Entre ellos están los dispositivos para rastrear o interceptar cualquier comunicación electrónica, como demostró Edward Snowden sobre las actividades de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense en todo el mundo.
Lo curioso es que también «chucen» a los enviados del gobierno de Santos; una prueba de que el actual presidente no es confiable para los que manejan los hilos detrás del poder en Colombia, y una señal de preocupación para quienes esperan acuerdos de paz duraderos y respetados en ese país.

—Alberto López Girondo

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