El presidente Alberto Fernández propicia una reforma del fuero federal penal. Se anuncia un proyecto de ley mientras se ponen en marcha otras medidas, como la intervención de la AFI y la designación de Daniel Rafecas como candidato a procurador.
15 de enero de 2020
El Poder Judicial atraviesa una fuerte crisis desde hace años. A fines de 2019, una encuesta de la Universidad de San Andrés indicó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es una de las instituciones peor vistas por la opinión pública. Los encuestados reflejaron un nivel de insatisfacción que supera el 75%. El desprestigio se explica por un «efecto contagio» que emana de la mala imagen que tiene el tercer poder del Estado en general. El mismo estudio determinó que entre los distintos actores sociales, los magistrados están en el podio de los que mayor imagen negativa tienen. No es azaroso, por lo tanto, que durante su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández haya hecho principal hincapié en la necesidad de una reforma en los tribunales federales.
La Justicia es una gran estructura que se compone de distintos fueros, entre ellos, penal, laboral, comercial, civil y contencioso administrativo, por citar algunos ejemplos. Y hay distintas competencias. No obstante, el foco político generalmente se pone en los tribunales federales de Comodoro Py, porque allí tramitan las causas de mayor impacto, ya que tienen jurisdicción sobre los delitos federales que se cometen en la Capital Federal, donde tiene sede el Gobierno nacional. Fueron justamente los jueces que habitan ese edificio de Retiro quienes quedaron en el centro de la escena en los últimos cuatro años por protagonizar una guerra jurídica (lawfare). Contra ellos apuntó Fernández, el 10 de diciembre pasado ante la Asamblea Legislativa, sin nombrarlos.
«Una democracia sin justicia realmente independiente no es democracia», afirmó el primer mandatario en el Congreso. «Hemos visto el deterioro judicial en los últimos años. Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por los gobernantes y silenciadas por cierta complacencia mediática», añadió, y planteó «un contundente Nunca Más», en el que fue uno de los pasajes más festejados de su alocución. «Nunca Más a una Justicia contaminada por servicios de inteligencia, “operadores judiciales”, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos», enfatizó. En ese marco, anunció que enviaría al Poder Legislativo «un conjunto de leyes que consagren una integral reforma del sistema federal de justicia».
El Ejecutivo está trabajando en ese paquete de medidas. El jefe de Estado volvió a hacer referencia a esta cuestión el 12 de enero en una entrevista con Horacio Verbitsky, publicada en el portal El Cohete a la Luna, donde resaltó que «un par de malos jueces federales terminaron ensuciando a toda la Justicia Federal».
La Justicia Federal aborda delitos como la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de activos. Pero no es «la Justicia» sino solo una parte. Si la reforma que impulsa el Gobierno solo hace foco en esa área es de esperar que se abra un conflicto. El titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, escribió una nota en Infobae, titulada «Las reformas que la Justicia necesita», donde adelantó las tensiones que podrían surgir. El sindicalista –de buen diálogo con la Corte– aseguró que «la Justicia no es solo Comodoro Py» y reclamó modificaciones en distintos fueros. Por ejemplo, en materia Comercial reclamó que se piense en «un fuero especializado en materia concursal y societaria». Mientras que para el Laboral pidió «recuperar el sentido protectorio que caracteriza a la legislación laboral». El gremialista cerró su artículo diciendo que «un proyecto de reforma que ignore esta realidad en nada contribuirá a las necesidades de la Argentina». Así, adelantó las críticas que se darán si el proyecto oficial que se envía al Congreso no es integral.
Proyectos en carpeta
En su primer discurso como presidente, Fernández apuntó contra la Justicia Federal. Es más, focalizó en el aspecto penal al referirse a la búsqueda de eficacia y transparencia en «el combate contra crimen organizado, el crimen complejo y el narcotráfico y la droga». En ese orden prometió la intervención de la AFI, algo que ya concretó. Nombró al frente de la antigua SIDE, por 6 meses, a la fiscal Cristina Caamaño. Nada dijo sobre el fuero laboral o el comercial, donde las grandes empresas tienen un fuerte poder de lobby.
Algunos de los proyectos que están en carpeta del Gobierno van en línea con lo que dijo el jefe de Estado aquel día. Por ejemplo, los servicios de inteligencia no podrán ser más auxiliares de Justicia, esto es, colaborar en las causas y participar de operativos. De esta forma, se busca romper la relación promiscua entre espías y magistrados.
No es la única iniciativa en ese sentido. Uno de los principales cambios que espera impulsar Fernández es la implementación del sistema acusatorio en todo el país, algo que ya establece el nuevo Código Procesal Penal. Por esta vía se reasignan los roles de los actores judiciales en el impulso de las causas penales. En la actualidad, los magistrados son quienes dirigen las investigaciones y también quienes toman las decisiones en un expediente. Con el sistema acusatorio esto cambia radicalmente. La investigación recaerá en los fiscales, lo que demandará un nuevo presupuesto, y abultado, para el Ministerio Público Fiscal (MPF). Desde el Poder Judicial, donde muchos resisten estas modificaciones, aseguran que se necesitan sumas millonarias que hoy no están a disposición. En el Ejecutivo no coinciden del todo, pero aseguran que la entrada en vigencia de este sistema demandará meses. El acusatorio se aplica en la actualidad en Salta y Jujuy. A partir de la reforma se espera que llegue a la Ciudad de Buenos Aires, es decir, que se aplique en Comodoro Py.
Para la entrada en vigencia de este nuevo paradigma es fundamental que haya un Procurador General de la Nación, es decir, un jefe de los fiscales, idóneo. Hoy está en el cargo el interino Eduardo Casal, quien reemplazó en el puesto a Alejandra Gils Carbó, que se vio obligada a dejar el MPF por presión del macrismo. El candidato de Fernández para este puesto clave es el actual juez Daniel Rafecas. El presidente envió su pliego al Congreso y negocia con la oposición para tener los dos tercios de los votos necesarios para que se apruebe su postulación. Es de esperar que se restrinja el poder que en la actualidad tiene el Procurador. Por ejemplo, ahora no tiene caducidad en el cargo. También que se debata cómo controlar a los nuevos fiscales empoderados ya que no existe un equivalente al Consejo de la Magistratura en la Procuración.
Otra idea que avanza para reformar la Justicia Federal es la fusión de fueros, lo que implica sumar a los jueces federales de Comodoro Py los de otros fueros, para licuar su poder. En la actualidad se evalúa la complementación con el fuero Penal Económico y el Tributario. De esta forma, en lugar de 12 jueces de Comodoro Py habría 23 juzgados de primera instancia en el edificio de Retiro. La fusión es una antigua idea de Gustavo Béliz, exministro de Justicia de Néstor Kirchner y actual asesor de Fernández.
No se puede soslayar que a la par de la reestructuración en ciernes, la Casa Rosada busca modificar las jubilaciones de privilegio, dentro de las cuales se encuentran las de los jueces. Se trata de un elemento que también está en el centro de las negociaciones.
Cuántas de estas modificaciones judiciales se lograrán implementar de forma efectiva es un gran interrogante. Y no es el único. El Poder Judicial es un poder conservador, por ende, reticente a los cambios.
