El drástico giro político hacia posiciones neoconservadoras en Argentina y Brasil impulsa un cambio del rumbo latinoamericano en beneficio de grandes grupos empresarios locales y transnacionales. La búsqueda de acuerdos de libre comercio como eje de la inserción global.
6 de septiembre de 2017
Aliados. Mauricio Macri y Michel Temer llevan adelante nuevos esquemas estratégicos para los vínculos internacionales del MERCOSUR. (Reuters/Adriano Machado)
Las elites del poder económico, con el mando directo del poder político en los dos mayores países del área, archivaron de inmediato anteriores preocupaciones sociales y las reemplazaron por una nueva agenda. La prioridad, ahora, consiste en generar un «clima de negocios» y convocar inversiones externas, lo cual se lograría mediante bajas de la presión impositiva; freno a las restricciones ambientales; recorte de derechos laborales y previsionales; y beneficios sustentados en diversos mecanismos de transferencia (exenciones fiscales, gasto público, subsidios, créditos).
En esa dirección se bloquearon los anteriores intentos de una integración favorable a los pueblos regionales. La suspensión de Venezuela como miembro del Mercosur, los esfuerzos por desactivar instituciones como la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) y la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y el simultáneo acercamiento a bloques como la Alianza del Pacífico (alentada por Estados Unidos) y la Unión Europea, son apenas algunos hitos del nuevo derrotero.
Los primeros resultados de la reorientación emprendida bajo el liderazgo de Brasil y Argentina ya se hacen sentir con crudeza, vía empobrecimiento de anchas franjas de la población, mayor desigualdad social y reconversiones económicas más o menos salvajes, pero siempre propicias a los oligopolios y perjudiciales para las pymes locales.
«La integración e inserción al mundo ahora deben tener este objetivo: permitir que los capitales ingresen prácticamente sin ninguna regulación y hacer negocios sin demasiados controles; en otras palabras, fomentar la financiarización de la economía», define Daniel García Delgado, director del Área de Estado y Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
El inmediato allanamiento del gobierno de Cambiemos a las exigencias de los fondos buitre, para acto seguido recurrir a un masivo endeudamiento del país, no deja lugar a dudas sobre esta dirección. Igualmente ilustrativas son la creciente apertura aduanera y los calurosos llamados a empresas del exterior para que vengan a hacer negocios que no habían podido concretar desde comienzos de siglo. Desde el gobierno aducen que Argentina debe revertir su presunto «aislamiento» e «insertarse en el mundo», cuando en realidad se fuerzan alianzas para sumar al país a la corriente de globalización que generó pautas regresivas y concentradoras en materia de riqueza y de poder en distintos lugares del planeta.
En ese rumbo, se desconocen las concreciones y proyectos de períodos previos como el Banco del Sur –la iniciativa financiera que pretendía minimizar la influencia de organismos multilaterales como el Banco Mundial– o el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR). Del mismo modo que se pergeñan relatos demonizadores y se busca desprestigiar a los líderes protagonistas de esos procesos alternativos, con argumentos falaces y la mayor parte de las veces sustentados en la complicidad judicial y de los grandes medios de comunicación.
Contrastes
Ricardo Aronskind, profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), precisa uno de los objetivos centrales de las propuestas en boga, a las que sintetiza como «la pérdida sistemática de poder de los trabajadores frente al mundo empresario». «No solo en términos de derechos adquiridos, logros económicos y seguridad y estabilidad laboral. También se alienta el retroceso en un aspecto central: la densidad política del actor asalariado, la presencia social del trabajo como integrante con peso propio en la toma de decisiones y en el diseño de las instituciones sociales», explica.
Otros analistas advierten que se trata de algo más que de un cambio de reglas económicas: el orden hegemónico global, con sus aliados locales, arremete para imponer un proyecto civilizatorio mercantilizador de la vida, asentado en el colonialismo cultural, afirma el economista José Luis Coraggio.
Con el manejo sin intermediarios de los gobiernos en los dos mayores países de Sudamérica se impulsa el despliegue de las corporaciones multinacionales y de los monopolios locales, mediante una serie de medidas tributarias, financieras, comerciales y laborales. El gobierno argentino pretende jugar un rol fundamental en este aspecto, dado que el país asumirá próximamente la presidencia del Grupo de los 20 (G20) y albergará en Buenos Aires la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El contraste no puede ser más evidente con los años anteriores, cuando las relaciones externas se encontraban volcadas hacia un tipo de integración autónoma. Recuérdense, por ejemplo, las acciones de cooperación Sur-Sur; el acercamiento al grupo BRICS (Brasil –ahora alejado–, Rusia, India, China y Sudáfrica); y hasta el intento de reflotar el Movimiento de Países No Alineados (MNA), de larga tradición combativa en los años 60 y 70 del siglo pasado.
Hacia 2006 –después de 15 años del retiro de MNA a comienzos del menemismo, en nombre de la pertenencia al «Primer Mundo»– Argentina volvió a participar como invitada en la cumbre del foro, que se celebró en Cuba. Al año siguiente el país fue aceptado en carácter de observador, la segunda de tres categorías posibles para formar parte de la organización.
Clima de negocios
La «inserción en el mundo», en lo político, se refleja en posicionamientos que pasaron de progresistas a conservadores en las Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos (OEA), con visiones compartidas por Argentina y Brasil. Y más debilitada se ve aún la integración regional con las dificultades de Venezuela, que junto con Ecuador, Bolivia y Cuba llevaron adelante un proyecto aún más avanzado, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).
Venezuela está en el centro de la agenda regional. Los gobiernos de Temer y Macri pugnaron durante meses para desplazar al país caribeño del MERCOSUR, objetivo que alcanzaron parcialmente cuando los cancilleres, reunidos en San Pablo, votaron en forma unánime la suspensión.
Quito. Desde abril la Argentina está al frente del organismo latinoamericano que tiene su sede en la capital ecuatoriana. (Montserrat Boix/Wikimedia)
l presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, puso de manifiesto las presiones ejercidas por Brasilia y Buenos Aires. En declaraciones a la prensa de su país, el mandatario reconoció haber sentido temor por posibles represalias si mantenía su rechazo inicial a esa decisión. «No hay una normativa que puedan esgrimir los otros países para dejar a Uruguay aislado, pero desde el punto de vista comercial pueden tomar varias medidas que perjudiquen a Uruguay», manifestó Vázquez.
El repliegue, con todo, podría ser aún mayor. García Delgado alerta que si se sigue por el camino reciente existe el riesgo real de que Argentina asuma un creciente compromiso con la política exterior que propone Estados Unidos, específicamente para países de África. El intento de alineamiento del país con el bloque de poder mundial tiene el visto bueno de las potencias dominantes. Ejemplo de esto es la designación de Buenos Aires como sede de la próxima asamblea de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y la aquiescencia de los directivos del Foro Económico Mundial (con sede en Davos, Suiza) para que se realizara por primera vez su encuentro latinoamericano en Argentina.
De momento, «abrirse al mundo» es en realidad «volver al sistema financiero global, porque no estábamos aislados», sostiene el experto de FLACSO. Se trata, en la nueva lógica, de ampliar las opciones de negocios a empresas de los países del norte, a las que se les garantizan condiciones de rentabilidad y se les ofrecen ricos enclaves extractivos, particularmente mineros e hidrocarburíferos, como Vaca Muerta.
«Es decir, nos aliamos a potencias que no quieren un país desarrollado, sino proveedores de biodiversidad y de materias primas», define García Delgado. Con lo cual «se configura un retorno riesgoso al alineamiento automático de los 90 del siglo pasado», que no evitó, sin embargo, la debacle del modelo entonces sustentado en el Consenso de Washington.
García Delgado. Nos aliamos a potencias que no quieren un país desarrollado.
Aroskind. Uno de los ejes es la pérdida sistemática de poder de los trabajadores.
«Es decir, nos aliamos a potencias que no quieren un país desarrollado, sino proveedores de biodiversidad y de materias primas», define García Delgado. Con lo cual «se configura un retorno riesgoso al alineamiento automático de los 90 del siglo pasado», que no evitó, sin embargo, la debacle del modelo entonces sustentado en el Consenso de Washington.
El retorno a la primacía de «los mercados» se observó en la reciente cita del Mercosur en Mendoza, donde por primera vez no se incluyó una simultánea cumbre social. También se patentiza en la apuesta fuerte al acuerdo comercial con la Unión Europea, con grandes concesiones y poca transparencia, al punto de que hasta el momento no existe información pública sobre las tratativas. En ese marco el gobierno argentino abrió incluso un nuevo estilo en la negociación por las Islas Malvinas y el Atlántico Sur, donde se ubican en un plano secundario importantes cuestiones relativas a la cesión de soberanía para que las compañías británicas participen activamente en la extranjerización de la economía nacional.
A destiempo
Para García Delgado, la política exterior de este reiterado neoliberalismo «llega tarde a un mundo que está más volcado a ser vendedor que comprador; que protege su empleo, su mercado interno y que apunta a las innovaciones tecnológicas, mientras Argentina alienta las importaciones, destruye las pequeñas y medianas empresas, desindustrializa y desfinancia el desarrollo tecnológico». Justo cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, busca enmendar los efectos sociales de la globalización en su territorio a costa de la producción y los empleos en otras naciones.
La consecuencia en la Argentina, con un Estado que ya no promueve el desarrollo general y la defensa de la soberanía, sino las ganancias de las elites, no puede ser otra que el retroceso hacia «una sociedad más primarizada, desigual y resignada». Esto es, un modelo que no incrementa el valor agregado, ni da trabajo, ni mejora la distribución primaria del ingreso. En un contexto, además, en el cual florecen las actividades especulativas con su contraparte de fuga de capitales. No es extraño que, junto con el descontrol del mercado cambiario, el gobierno argentino haya eliminado de su agenda la lucha diplomática que se había emprendido –con importante apoyo internacional– contra las guaridas fiscales del Caribe, Europa y Estados Unidos.
Esto es posible porque en el momento institucional actual el poder de los sectores económicos predominantes coincide con el poder político «de un modo inédito», remarca María Cecilia Míguez, del Instituto de Investigaciones en Historia Económica y Social (IIHES) de la UBA. Se retorna así, dice la experta, a «los vínculos de dependencia tradicional de Argentina, profundizando rasgos estructurales que no se habían modificado en el período anterior». Míguez detalla las diferencias con los 15 años anteriores, cuando «se resignificaron y/o surgieron estrategias de integración regional que apelaron a ideales históricos de una América del Sur unificada, como los casos de UNASUR y CELAC». En esos años, agrega, la nueva forma de Estado recuperó un rol activo en la formulación de la política exterior, donde se expresaron tanto las contradicciones y pujas entre distintos sectores de las clases dominantes, como la necesidad de responder a las necesidades de amplios sectores sociales disconformes con la etapa precedente. «La distancia respecto de los Estados Unidos –recuerda la investigadora–, se evidenció en episodios concretos, como el No al ALCA de 2005, el rechazo a la injerencia indirecta a través de los ejercicios y bases militares, el conflicto por los fondos buitre y la reestructuración de deuda, entre otros».
La pertenencia argentina al Grupo de los 20 le permitió además ser interlocutora en el foro de debate de las políticas comerciales y financieras mundiales. Mientras, las cumbres con los países africanos constituyeron un ámbito de apoyo en el tema Malvinas. Ninguna de esas líneas se mantuvo en los últimos 20 meses, en que se imprimió una dirección directamente ligada a la estrategia de los países más ricos del mundo (de Estados Unidos a Europa, de Japón a Israel) cuyos máximos mandatarios vinieron a Buenos Aires o fueron visitados en sus capitales.
Aperturas
La entrega de importantes porciones del mercado interno a las firmas multinacionales y el debilitamiento del rol estatal como impulsor de procesos productivos locales es el tipo de «integración» con el Norte desarrollado que los gobiernos neoliberales y los grupos concentrados de la región pretenden. Un proceso que primariza las economías al frenar los procesos de industrialización, reduce la autonomía política y empodera a los oligopolios, empobrece a la mayor parte de la población e incrementa drásticamente la dependencia financiera en relación con la banca internacional.
Los procesos de apertura económica y «libre comercio» –dice Aronskind– sirvieron en los últimos años «para obligar a la competencia entre trabajadores de diversos países, que se vieron repentinamente sometidos al chantaje de la falta de empleo, producto de las reestructuraciones empresariales, los cierres de compañías y la migración de capitales, o la aceptación de condiciones crecientemente desfavorables de trabajo».
Se busca así que el grueso de la productividad derivada de los cambios tecnológicos sea mayormente apropiada por las empresas y que la brecha de capacidades entre centro y periferia refuerce la supremacía de las potencias del capitalismo desarrollado.
Pobreza. La integración con el norte empobrece a la mayoría de la población latinoamericana. (Gomes/AFP/Dachary)
sa implícita en el relato globalizador: «La supuesta desaparición de los intereses nacionales, en la medida que todas las naciones se benefician por el libre comercio y por la difusión de las técnicas y prácticas modernas». Según ese razonamiento, «puede ocurrir que algún sector productivo local se vea afectado, pero siempre será mayor, para cualquier país, el beneficio de abandonarse al libre comercio».
Por lo tanto, no tendrían sentido las viejas prácticas proteccionistas, la promoción de determinados sectores locales, la construcción de sistemas nacionales de innovación propios, o la búsqueda planificada de determinados perfiles productivos o sociales. La realidad es que esos son los caminos que Trump propone en Estados Unidos a fin de morigerar los efectos sociales de la globalización en su territorio, por cierto a costa de la producción y el empleo en otras naciones.
Lo cierto es que «modelo e inserción internacional van juntos», advierte García Delgado. Por esto, añade, «la lucha debe ser, al mismo tiempo, tanto contra el neoliberalismo tardío como contra los Tratados de Libre Comercio, hechos a medida de los intereses de las transnacionales y de alineamientos automáticos que, más que abrirnos al mundo nos vinculan con una potencia que profundiza sus orientaciones militares y reactivas».
Míguez, en tanto, analiza la experiencia latinoamericana reciente y observa que «bajo ciertas circunstancias se torna factible que desde el propio Estado se desplieguen mecanismos de resistencia a los aspectos más perversos del capital para la vida de los pueblos». En concreto, afirma, «cuando las relaciones de fuerzas permiten que en los Estados se articulen procesos políticos y sociales, nacionales y regionales, impulsados por movimientos populares, se abre la posibilidad de empujar políticas favorables a ciertas demandas e intereses de las clases y grupos subalternos».
