13 de febrero de 2019
La política gubernamental para los medios públicos está en consonancia con la orientación general de la gestión Cambiemos. Si todo lo público está en retroceso, si la salud y la educación están a tiro de recortes y ajustes, si los servicios públicos esenciales son impagables para buena parte de la sociedad, es previsible que no se promuevan medios estatales fuertes, plurales, que aporten diversidad de voces y alcance federal para que el derecho a la información sea una realidad. Para que esto ocurra, el Estado debería cumplir su rol de garante de la pluralidad informativa, en el marco de la defensa y promoción de los derechos humanos en sentido integral, que incluyen a la comunicación. Lejos de ello, todo comenzó, en este sector, con el desguace de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sin debate parlamentario sino a través de decretos presidenciales en diciembre de 2015, para abrir las puertas a una mayor concentración empresaria en el sector.
En ese contexto se produce el achicamiento de lo público. Así, las señales Encuentro y PakaPaka salieron de la órbita del Ministerio de Educación, se cambió la orientación de sus contenidos y se redujo el volumen de producción original. Además, el Estado permitió que los grandes operadores de televisión por cable relegaran estas señales a lugares marginales en la grilla, atentando de este modo contra la posibilidad de captar audiencias masivas.
De igual modo, la pérdida de audiencia registrada en Canal 7 y Radio Nacional, si bien no es el único indicador a considerar, muestra el desinterés del público por la programación emitida, con las excepciones del caso. El ajuste del sector público, plasmado en los despidos y reducciones salariales, va en desmedro del acceso universal a la información y deja más terreno libre para la comunicación concentrada.
