28 de febrero de 2020
«No es protección, es control», asegura la Asociación de Derechos Civiles (ADC) sobre el sistema de reconocimiento facial implementado en la Ciudad de Buenos Aires. Puede «interferir directamente con derechos como la privacidad, la libertad de expresión, reunión y asociación», aseguran desde la organización, que, bajo el lema «ConMiCaraNo», ha puesto en marcha una campaña destinada a crear conciencia sobre la necesidad de establecer restricciones a su uso. Entre otros motivos para su oposición, la ADC enumera el uso encubierto o sin consentimiento de la población; la inversión de la carga de la prueba; la afectación a garantías del debido proceso; la discriminación (la tecnología es imprecisa y arroja un alto porcentaje de falsos positivos contra personas de tez no blanca y mujeres (además de otras comunidades vulnerables); el uso sin una base legal que regule específicamente; las filtraciones o hackeos por una pobre o nula implementación de medidas de seguridad y la posibilidad de vigilar masivamente en forma automatizada a la población. En octubre del año pasado, la ADC inició una acción ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para que determine la inconstitucionalidad del sistema y a través del sitio Conmicarano.adc.org.ar brinda información sobre sus riesgos.
Para mirarte mejor. Campaña de la Asociación por los Derechos Civiles.
