8 de noviembre de 2017
Las idas y vueltas entre el gobierno del reino de España y Cataluña tienen tanta velocidad que no permiten seguir minuto a minuto un proceso que se avizora largo y difícil de desentrañar.
Cuando el gobierno de Mariano Rajoy decidió aplicar el artículo 155 de la Constitución española, suspender la autonomía catalana y anunciar elecciones para el 21 de diciembre, muchos pensaron que le había asestado un «jaque mate» a la otra parte en conflicto. Ese artículo anulaba la independencia declarada y el llamado a votar dejaba desarmados a los independentistas que no podrían aceptar comicios convocados desde «otro país», dado que Catalunya se había separado de España. Sonaba –y suena– contradictorio separarse del reino de España, proclamar la República y participar en elecciones impulsadas desde Madrid. Pero la política no es lineal. Recuperados de la sorpresa, la inmensa mayoría de los partidos independentistas dijeron que participarían para ratificar que dominan una región donde el Partido Popular ni siquiera llega al 10% de los votos. Convencido Rajoy de que había dado un golpe sorpresivo y mortal decidió «ir por más» y ordenó el arresto del presidente del gobierno catalán elegido en 2015 y de varios de sus ministros.
Desde Madrid los medios de comunicación comenzaron a difundir encuestas para demostrar que apenas el 30% de los catalanes apoya a los independentistas. Pero los sondeos en Cataluña sostienen que sí son mayoría, lo que representa un problema mayor para el gobierno: ¿qué pasa si en diciembre nuevamente triunfan los secesionistas? ¿Aceptará Madrid los resultados? Hasta que no se haga una consulta real como en Escocia en 2014 y se deje a los catalanes votar a favor o en contra de la independencia, todo será fruto de especulaciones.
Pero Madrid no está dispuesta a correr
ese riesgo.
