Masivas protestas obligaron al presidente Carlos Alvarado a desistir de un acuerdo con el organismo financiero que incluía el aumento de tarifas, bajas salariales y despidos. Mientras se agudiza la crisis, el Gobierno busca profundizar su plan neoliberal.
11 de noviembre de 2020
Después de numerosas manifestaciones y cortes de ruta que paralizaron la actividad económica del país, el presidente costarricense Carlos Alvarado se vio obligado a descartar la firma de un acuerdo con el FMI para paliar las consecuencias financieras de la pandemia a cambio de un fenomenal ajuste. El heterogéneo movimiento de protesta logró ponerle un freno momentáneo a los planes del Gobierno, pero continúa en alerta ante la sospecha de que el mandatario planee reactivar las negociaciones con el Fondo en el futuro.
El nuevo capítulo de convulsión social que sacudió a Costa Rica comenzó el pasado 17 de septiembre, cuando Alvarado –escritor, periodista y politólogo de 40 años– anunció el inicio de conversaciones con el FMI para obtener un crédito por 1.750 millones de dólares con el fin de «estabilizar las finanzas» del país. Al igual que en otras naciones de la región, el desembolso de dinero tendría ciertas condiciones: aumento de impuestos y tarifas, rebaja de salarios, quita del aguinaldo y disminución de un 15% de la plantilla estatal. El Fondo exigía, además, «venta de activos» –el eufemismo predilecto para no hablar de privatizaciones–, entre las que se incluía a dos importantes empresas estatales: la Fábrica Nacional de Licores y el Banco Internacional de Costa Rica.
A pesar de todos los esfuerzos del FMI por mostrar un rostro más «amigable» en esta nueva etapa con Kristalina Georgieva al mando, la receta sigue siendo la misma y el plan no cayó nada bien entre amplios sectores de la población. Sobre todo, porque Costa Rica se caracterizó históricamente por tener un Estado fuerte –aunque, paradójicamente, sea uno de los pocos países del mundo sin Ejército–, lo que se expresa en el control de sectores estratégicos como la electricidad, las telecomunicaciones, la salud y el refinamiento de petróleo.
El anuncio del Gobierno derivó en una ola de protestas que alcanzaron su punto más álgido en la primera quincena de octubre: miles de «ticos» salieron a las calles para rechazar la iniciativa, lanzada en un contexto de aumento de la pobreza y el desempleo (ver recuadro). «Han recargado de impuestos a la clase trabajadora y no están tocando al gran capital. Exigimos una mesa de diálogo que resuelva los problemas económicos sin entregarle las instituciones al FMI», advirtieron desde los sindicatos.
Las manifestaciones y los cortes de ruta afectaron la producción, el comercio y el turismo. El movimiento de protesta incluyó a campesinos, trabajadores, estudiantes y pequeños comerciantes, pero también a sectores evangélicos e incluso a votantes de la derecha. Sin embargo, a la cabeza de las movilizaciones estuvo el Movimiento de Rescate Nacional (MRN), liderado por el excandidato presidencial José Miguel Corrales, de 82 años y autodefinido como un eterno «enemigo del neoliberalismo».
Viejos conocidos
La primera reacción del Gobierno fue reprimir las manifestaciones, especialmente una que se dio frente a la Casa de Gobierno en San José. Pero después, obligado por el rechazo popular que generó el anuncio, Alvarado levantó las negociaciones con el FMI para dar paso a una mesa de diálogo con diversos sectores políticos, económicos y sociales. No tenía muchas opciones: su partido, Acción Ciudadana, cuenta con apenas 9 diputados sobre un total de 57 en el Parlamento, por lo que le hubiese sido muy difícil aprobar una iniciativa tan cuestionada.
La decisión puso paños fríos al tenso clima, pero solo por unos días. Aunque con menor intensidad, las marchas resurgieron después de que Alvarado se negara a firmar un documento para asumir el compromiso de no acudir al FMI hasta el final de su mandato, que culmina en 2022. Ocurre que, para el presidente, el plan rechazado en las calles sigue siendo la única opción para paliar la crisis. De hecho, quienes siguen el pulso de la política costarricense aseguran que Alvarado está a la espera de un contexto más favorable para insistir en el futuro con algún tipo de acuerdo con el Fondo.
Esta no es la primera vez que un acercamiento entre el Gobierno y el FMI genera malestar. En 2018, a poco de asumir, Alvarado impulsó una gran reforma tributaria recomendada por el organismo financiero internacional para reducir los niveles de déficit fiscal. Entre otras cosas, el plan incluía un aumento del IVA y baja de salarios, por lo que desde el opositor Frente Amplio denunciaron que «toca solamente los bolsillos de la clase trabajadora». La iniciativa provocó una convulsión social inédita y derivó en la huelga más extensa del siglo XXI en Costa Rica. Sin embargo, en diciembre de ese año fue aprobada por la Asamblea.
Con esa reforma, Alvarado se anotó su primer triunfo como presidente y cumplió uno de sus objetivos más buscados: Costa Rica ingresó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Fue, de ese modo, el primer país centroamericano en entrar al selecto club de las naciones más ricas y desarrolladas del mundo. Paradójicamente, y tal como muestran los últimos indicadores sociales, la profundización del plan neoliberal del Gobierno –sumado a las consecuencias de la pandemia– está dejando una Costa Rica cada vez más pobre.
