Crimen sin castigo

18 de junio de 2013

Infligir dolor y castigos físicos a otros seres humanos sigue siendo una práctica habitual en cárceles, comisarías y hospitales psiquiátricos. Buenos Aires, sede de un encuentro internacional.

Especialistas. Carlotto, Martínez, Méndez y Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, en la apertura del congreso. (Kala Moreno Parra)

La Asamblea del año XIII implicó la derogación formal de la tortura como método probatorio legal. Dos siglos pasaron y, sin embargo, el dolor y el castigo siguen siendo utilizados en cárceles, comisarías y otros lugares de encierro.
Conscientes de que todavía resta mucho camino por recorrer, durante dos días especialistas argentinos y extranjeros debatieron en la Biblioteca Nacional respecto del rol de los Estados en la prevención de la tortura, el justo castigo a estos delitos, la reparación a las víctimas y la imperiosa necesidad de erradicar esta práctica.
«En nuestra lucha tuvimos que vencer muchos obstáculos; una de las primeras barreras fue la de la incomprensión y la marginación social. Nos dimos cuenta de que existía en un nivel muy profundo del inconsciente colectivo un discurso que toleraba la tortura y otras prácticas aberrantes cometidas por el régimen militar. Esto se nota en frases dichas al pasar, como “Algo habrá hecho” o “Por algo será”. Hoy, 35 años después, esta batalla cultural no ha concluido, lamentablemente persiste cierto discurso tolerante con la tortura y los tratos crueles que aún se cometen en muchas de nuestras cárceles, comisarías y hospitales psiquiátricos del país», aseguró la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, durante la celebración del Congreso Internacional sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Impunidades
De acuerdo con lo señalado por Carlotto, se consiguieron muchos avances en el reconocimiento judicial de la tortura durante la dictadura, aunque advirtió que «lamentablemente, no sucede lo mismo con los actos de tortura que se cometen en la actualidad, que en su mayoría quedan impunes».
«Los jueces, fiscales y defensores tienen una enorme responsabilidad en la prevención de la tortura, algo que no siempre es cumplido por los funcionarios», remarcó.
En este sentido, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, indicó que «al día de hoy la tortura sigue existiendo en todos los ámbitos de encierro de nuestro país tanto a nivel provincial como federal. Esto es así en cárceles, comisarías, centros de alojamiento de personas con padecimientos mentales, institutos de niños, niñas y adolescentes y geriátricos. La tortura no es un método de obtención de nada, es en sí una pena y hay que visualizarla como pena ilegal».
La funcionaria señaló, además, que existe una «escasa cantidad de condenas por delitos de tortura, apremios, vejaciones y la predisposición de todos los operadores judiciales a calificar el hecho que están investigando lo más suavemente posible y a hacer muy difícil la obtención de la prueba (de tortura)».
Quien aportó cifras concretas que hablan de la situación de los servicios penitenciarios fue el secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, Alejandro Mosquera, para quien existe una «enorme negación sobre las situaciones de tortura». Mosquera informó que desde la apertura de la comisión se registran 11.000 presentaciones judiciales y 109 hábeas corpus surgidos de las entrevistas en los servicios penitenciarios. Actualmente, hay unas 30.000 personas detenidas en la provincia de Buenos Aires y sólo en 2012 se registraron casi 16.000 hechos de violencia contra personas detenidas.
Pese al tiempo transcurrido desde 1813 aún no se ha podido erradicar la tortura. La diferencia es que hoy se cuenta con un marco legal internacional que avala la prevención y el castigo de la tortura, diseñado para garantizar la prohibición absoluta de este delito.
«Hay que recuperar el consenso condenatorio que alguna vez tuvimos en Argentina y en todo el mundo contra la tortura y que, a mi entender, hemos perdido en la última década a raíz de la llamada “guerra contra el terrorismo”», indicó el relator especial de Naciones Unidas
sobre tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, Juan Méndez.
«El trabajo de diversos mecanismos y tribunales internacionales de derechos humanos ha ayudado a establecer que cuando el Estado no cumple con sus obligaciones procesales respecto de la debida investigación y sanción de casos de tortura, el Estado viola también
su obligación material de no torturar y causar malos tratos»,
advirtió Méndez.
Para el relator, los Estados tienen la obligación no sólo de investigar los casos de tortura sino de proteger a las víctimas, identificar rápidamente a los responsables y separarlos de sus cargos hasta tanto se determine la verdad. En este sentido, recordó que uno de los últimos casos que le tocó observar sobre torturas perpetradas en una comisaría de Santa Fe, los funcionarios acusados permanecían en sus cargos.
La tortura adquiere nuevas formas cuando se aborda desde una perspectiva que incluya todos los derechos: derecho a la salud, a la vivienda, a la identidad de género o al pleno ejercicio de los derechos reproductivos.
«Es increíble cómo los Estados establecen mecanismos de justificación de la tortura, así hablan de la lucha contra el terrorismo o ejercen la mutilación genital femenina o le retrasan la entrega de medicación a enfermos con HIV, o se le impide el aborto a una víctima de violación. El patrón común es la discriminación», sostuvo Fabián Salvioli, integrante del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Por otra parte, Salvioli advirtió que ya en 2002 el Comité de los Derechos del Niño de la ONU observaba deficiencias en los mecanismos de condena a las personas responsables de torturar a niños privados de su libertad.
«Sin dudas, el derecho de las personas a no ser torturadas tiene una gran potencialidad, hay mucho por hacer ya que muy pocos casos se investigan, se juzgan y condenan», concluyó Salvioli.