29 de diciembre de 2020
Violación del deber de confidencialidad, confesiones forzadas, allanamientos arbitrarios y falta de acceso a una defensa eficaz son algunas de las constantes en las 825 causas penales por aborto ocurridos en distintas jurisdicciones del país entre 2012 y 2020, según un relevamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales. El trabajo se propuso construir información actualizada sobre la magnitud y las características que presenta la persecución penal de los abortos. Entre otras cosas, concluye que, si bien la amenaza penal impacta sobre todas las mujeres que interrumpen un embarazo, «solo encarcela y castiga a quienes carecen de las herramientas para acceder a un aborto seguro». En la mayoría de los casos se trata de mujeres mayores de 30 años que ya tienen hijos. Aunque las condenas son pocas, «esto no implica que el pasaje por la Justicia penal sea gratuito». Distintos tipos de sufrimientos, castigos y violencias son impuestos a las mujeres por una política criminal que es siempre selectiva: recae sobre las más pobres.
(Télam)
