26 de abril de 2017
Meses atrás se consignó desde esta columna que Brasil se dirigía hacia el abismo por la aprobación de la PEC 55 (Propuesta de Enmienda Constitucional Nº 55), una iniciativa que congela por 20 años la inversión social, afectando principalmente la salud y la educación. Ahora Michel Temer, quien llegó a Planalto tras un golpe institucional contra la presidenta Dilma Rousseff, da dos pasos más en su agenda neoliberal: avanza en la tercerización de las actividades empresariales –retomando un proyecto de 1998 de Fernando Henrique Cardoso–, y propone una reforma jubilatoria resistida por la sociedad en las calles de todo el país. Protestas que provocaron una fuerte represión gubernamental.
En ese escenario, de creciente pauperización social, toma nuevamente impulso la candidatura de Luiz Inácio Lula Da Silva. Ocurre que, a la distancia, sus dos períodos de gobierno al frente de Brasil son valorados de otra manera. Por ello encabeza los sondeos, tanto de las consultoras afines al PT (Vox Pópuli) como de las alineadas con la derecha brasileña (DataFolha).
La campaña de desprestigio que sobre el histórico dirigente petista descargó O Globo y sus satélites no lo ha dejado fuera de carrera rumbo a 2018, tal como esperaban. De ahí que surgen interrogantes, entre ellos saber si buscarán inhabilitarlo, tal como la derecha paraguaya pretende hacer con Fernando Lugo. O, en cambio, si dejarán que se presente a las elecciones y, como respuesta, intenten unificar una fuerte candidatura del bloque pólítico que actualmente gobierna el país.
Lejos de cualquier «gradualismo» o «equilibrio» la derecha brasileña avanza sobre los derechos sociales, económicos y laborales, lo que no constituyen buenas noticias para América Latina. ¿Será Lula la solución al profundo deterioro institucional que sufre el país vecino?
