Cuestión de Estado

A medida que avanza la investigación judicial, nuevos hallazgos implican a funcionarios y empresarios en el fatal desenlace de la fiesta electrónica Time Warp. El papel de la Prefectura Naval. Política prohibicionista y alternativas para reducir los riesgos del consumo de drogas.

 

(Kala Moreno Parra)

Así como las zapatillas de los chicos muertos en Cromañón se convirtieron en un símbolo de la tragedia ocurrida el 30 de diciembre de 2004, las botellas vacías de agua y Speed amontonadas en las veredas húmedas de Costa Salguero serán, seguramente, la imagen con que se recordará a las víctimas de Time Warp y las circunstancias dolorosas de su muerte. Las similitudes entre ambos acontecimientos son muchas, y a medida que la Justicia avanza en sus investigaciones, se revelan negligencias, omisiones y delitos que sugieren nuevas analogías. «Es inevitable pensar en Cromañón», aseguró en el dictamen presentado presentado el 18 de abril el fiscal federal Federico Delgado, que actúa en la causa, cuando empezó a investigar las condiciones en las que se llevó a cabo el evento que culminó con la muerte de cinco jóvenes y la hospitalización, en estado grave, de otros cinco, uno de ellos menor de edad.
En efecto, antes y durante la fiesta electrónica llevada a cabo en la Costanera Norte el 15 de abril, los controles estatales fallaron, o directamente, no existieron. La venta de drogas fue tolerada y hasta propiciada por los organizadores, que contaron además con la «vista gorda» –en palabras del fiscal Delgado– de la Prefectura Naval Argentina. Al consumo generalizado de estimulantes y alucinógenos se sumaron factores que agravaron la condición de los intoxicados. La falta de agua, el hacinamiento y el calor fueron señalados por la mayoría de los testimonios recogidos por el juez Sebastián Casanello, a cargo de la causa.
«Se montó todo un dispositivo de venta de drogas –señala el dictamen de Delgado– que tomó un cariz dramático, pero real, en la medida que agravaron el curso del evento, entre otras cosas, baños colapsados, nula ventilación, ambiente sin ventanas y sin ventiladores, altísimas temperaturas, grandes colas de personas para acceder a la compra de botellas de agua (más de una hora de tiempo), robos de botellas de agua y avalanchas en el ingreso producto de la gran cantidad de gente que había –posible sobreventa de entradas–». Con el transcurso de la investigación surgieron nuevas irregularidades: el gobierno porteño, a través de la Dirección de Habilitaciones de la Agencia de Control Gubernamental, concedió a la empresa Dell autorización para la realización de una fiesta para no más de 13.000 personas. Aunque los molinetes de entrada no fueron hallados, la investigación judicial pudo determinar que la concurrencia llegó hasta las 20.500 personas. En este clima de hacinamiento, muchas personas sufrieron principios de asfixia. Los organizadores, señaló el fiscal, adoptaron «una actitud indiferente ante lo que ocurría: solo miraban y oían los gritos de auxilio».

Contradicciones. La Prefectura fue contratada por la empresa Dell para brindar servicios de policía adicional. (AFP/Dachary)

«Aplicamos los controles previos e incluso durante la fiesta porque a las tres de la mañana se hizo otra inspección», aseguró, tras dos días de silencio por parte de las autoridades porteñas, el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli. Sin embargo, el juez Casanello decidió allanar las dependencias de la Agencia Gubernamental de Control, la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria –que debía supervisar el agua y las bebidas que se vendían en la fiesta–, así como las de Control de Calidad Ambiental y la Dirección de Limpieza, ante las evidentes fallas en los controles y habilitaciones.

 

Zona de riesgo
«Si la fiesta hubiera estado bien organizada quizá esas personas no se hubieran muerto», dice Fabricio, un estudiante de periodismo deportivo de 21 años. «Eran dos galpones sin entrada de aire prácticamente –relata a Acción–. La entrada fue un despelote, entró mucha gente sin entrada y sin cacheo».  El calor, agrega, era insoportable. «Yo no consumí nada y sin embargo me sacaba la camisa y la podía escurrir como un trapo». Los que organizan la fiesta, agrega Fabricio, «saben quiénes venden drogas ahí adentro. Yo en otras fiestas he visto a chicos que les encuentran pastillas en el cacheo y le dan 200 pesos al de seguridad y pasan igual».

Santilli. El vicejefe de Gobierno aseguró
que los controles se realizaron
correctamente.

Por tratarse de una zona ribereña, en Costa Salguero la función de policía de seguridad y judicial está a cargo de la Prefectura. Pero, al mismo tiempo, la fuerza fue contratada por la empresa Dell Producciones para brindar servicios «adicionales». En un allanamiento realizado por el juez Casanello se halló el contrato, cuyo pago asciende a 30.000 pesos, una suma relativamente baja que sugiere la existencia de desembolosos en negro. De este modo, según el fiscal, la Prefectura se encontraba «de los dos lados del mostrador», controlando como fuerza de seguridad a la empresa que, a su vez, la había contratado como policía privada.
Las irregularidades en esta materia fueron innumerables: ningún prefecto informó a la Justicia del hallazgo de drogas en los controles del ingreso a la fiesta. La famosa bolsa con pastillas, frascos de color ámbar y cigarrillos de marihuana requisados a los concurrentes recién le fue entregada a la fiscalía de instrucción el sábado a la tarde, horas después de que se hubieran conocido los fallecimientos.

Casanello. La investigación apunta a
dealers, funcionarios y organizadores.

Durante los allanamientos el juez encontró otros contratos que demostraban que la Prefectura venía realizando adicionales para Dell desde 2010. Sus servicios fueron contratados en varias oportunidades para fiestas electrónicas similares y en ninguno de esos casos se informó a la Justicia Federal sobre el hallazgo o la venta de estupefacientes.

 

Música para pastillas
Desde los orígenes de la llamada cultura dance electrónica a mediados de los 80, el consumo de éxtasis (3-4-metilendioximetamfetamina o mdma) estuvo presente en los nuevos espacios de diversión nocturna. Aunque los resultados de los exámenes toxicológicos de las víctimas de la fiesta de Costa Salguero no habían concluido al cierre de esta edición, es probable que la sustancia responsable del edema pulmonar y paro cardiorrespiratorio que les causó la muerte sea una mezcla con pmma (para-metoxi-metil-anfetamina), «una droga de gran toxicidad que se suele comercializar como “éxtasis” o ser utilizada para adulterar las pastillas de mdma», tal como señala Carlos Damin, profesor titular de Toxicología de la Facultad de Medicina de la uba y jefe de la División de Toxicología del Hospital Fernández. «Los estrictos niveles de regulación sobre varias sustancias psicoactivas, entre las que se encuentran las “de síntesis” que suelen utilizarse en fiestas electrónicas, generan situaciones de riesgo para la salud de los consumidores que, sin saberlo, compran drogas en el mercado negro que son vendidas bajo el nombre de éxtasis, pero que en realidad son algo totalmente diferente».
El pmma ya ha provocado muertes en varios países de Europa. Energy Control es una ong catalana pionera en materia de proyectos de reducción de daños que ofrece información y asesoramiento sobre drogas con el fin de disminuir los riesgos de su consumo. En octubre de 2015, la organización emitió un alerta sobre el carácter altamente tóxico de una serie de pastilllas color rosa anaranjado, con el logo de Superman, que contenían pmma. «Su consumo se ha relacionado directamente con casos de intoxicaciones mortales en varios países europeos –advertía el comunicado–. Ha circulado en forma de comprimidos y normalmente se ha vendido como si fuera mdma o éxtasis. No es recomendable consumirla porque la dosis activa está muy cerca de la dosis tóxica».
Un reciente decreto del Concejo Municipal de Rosario propone la creación de un programa de reducción de daños a través de medidas como el testeo de pastillas para determinar qué sustancias contienen. Sería la primera vez que desde el ámbito estatal se pone en marcha una medida de este tipo. Hasta ahora, según la socióloga Ana Laura Camarotti (ver recuadro), «tenemos un modelo prohibicionista y esto tiene grandes consecuencias negativas que vemos en esta tragedia. Esta política de drogas permite que se fortalezca el negocio tanto de la producción como del tráfico e impide que, por ejemplo, haya prácticas de control de daños que permitirían evitar muertes como estas».
Para Camarotti, la principal responsabilidad es del Estado. En cambio, funcionarios nacionales y porteños prefirieron plantear el problema en términos individuales e, incluso, religiosos. «Con mi familia vamos a rezar por sus hijos», escribió Horacio Rodríguez Larreta en su cuenta de Facebook, quien habló desde su condición «de padre» y no de jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Maurico Macri evitó pronunciarse. En tanto, Gabriela Michetti escribió, también en su cuenta de Facebook: «Acompaño a las familias de los jóvenes fallecidos. El narcotráfico se lleva a nuestros jóvenes sin distinción».
Nada dijo la vicepresidenta ni ningún otro funcionario sobre las responsabilidades que les cabe al gobierno nacional y al de la Ciudad de Buenos Aires en esta tragedia. Como en otras ocasiones, optaron por culpabilizar a un enemigo abstracto –«el flagelo de la droga»–, siempre útil para evitar definiciones y respuestas políticas concretas.

Marina Garber
Informe: María Carolina Stegman

 

Juan Carlos Volnovich*

Como en Cromañón

–En situaciones como la de Costa Salguero se tiende a demonizar a las drogas y poner el eje en la responsabilidad individual. ¿Cuál es su opinión?
–Se culpa a los jóvenes, alguien tiene que tener la culpa, entonces se privatiza la culpa y se culpa a los pibes por consumir o a los padres por no controlarlos o educarlos adecuadamente. Siempre hay distintos niveles y la culpa recae en última instancia en el narcotráfico, pero el narcotráfico no apareció porque sí, es parte de un contexto mucho más abarcativo, un contexto del capitalismo tardío que supone que los jóvenes, que están dejando de ser chicos y están en situación de entrar al mercado laboral, a la producción, no tienen salida, no tienen futuro, se encuentran con un mercado laboral expulsivo, entonces suceden cosas como las de Costa Salguero, que son una metáfora de la sociedad. Es lo que los analistas institucionales llaman síntoma, indicio, algo que hace evidencia y que dice algo de un conflicto inconsciente. El conflicto es: pibes que están encerrados en una especie de cámara de gas, de exterminio, semejante a la cámara de gas de los campos de concentración, donde no tienen oxígeno, no tienen agua, y se mueren sin poder salir, apiñados y agrupados en ese espacio. Y no tienen salida porque no tienen posibilidades de salir a trabajar, de encontrar trabajo. Hay una relación directa entre los despidos de este momento y lo que ocurrió en Costa Salguero. No es casual que haya sucedido justo ahora. Lo que pasó en la fiesta electrónica dice algo, curiosamente, de cuál es la situación de la juventud en un momento en el que se está instalando una modalidad capitalista que es la del neoliberalismo más cruel, al estilo de Milton Friedman.
–¿Qué puntos en común puede haber entre estas muertes y las de Cromañón?
–Esto es un Cromañón en chiquito. Tiene la característica, primero, de que la opinión pública se conmueve y empieza a tomar conciencia mínimamente de la situación de los jóvenes aunque después quede totalmente desmentido, olvidado. Además, porque permite imaginar una escena de jóvenes encerrados incinerándose o asfixiándose o muriéndose por falta de oxígeno, de asistencia o por falta de agua, y sobre todo no pudiendo salir, una imagen que evoca a una cámara de gas, a un campo de concentración.
–¿Qué dice esta tragedia sobre el modo en que la sociedad trata a los jóvenes?
–Dice que no hay lugar para ellos. En realidad debería haber un mercado laboral receptivo, que los espera ansiosos para tratarlos bien y para permitir que se ganen la vida, y no existe esto, ni siquiera estudiando. Hay otro dato, muy significativo, que podría unirse a la tragedia de Costa Salguero, y es que este año, a diferencia del año pasado, la matrícula en la Universidad de Buenos Aires aumentó un 30%, esto quiere decir que una enorme cantidad de jóvenes que no tienen trabajo se anotan para estudiar carreras que nunca van a concluir, para disimular los índices de desempleo y para usar la universidad gratuita como una especie de guardería de adolescentes o de aguantadero de adolescentes.

* Pisicoanalista