12 de julio de 2013
Considerada como uno de los pilares de la medicina preventiva, la práctica de la vacunación es, sin embargo, objeto de algunos cuestionamientos. Razones de una discusión científica y ética.
Solidaridad. La vacunación corta la cadena de transmisión de la enfermedad, protegiendo a toda la comunidad. (Martín Acosta)
Afines de marzo de este año, el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, puso en marcha la distribución gratuita de vacunas antigripales en todo el país. La campaña es la cuarta consecutiva desde 2010, cuando a raíz de la epidemia de Gripe A, que un año antes provocó más de 600 muertes, Cristina Fernández de Kirchner incorporó esta vacuna al Calendario Nacional de Inmunizaciones. Durante la campaña se aplicarán 7,2 millones de dosis (5.633.000 para adultos y 1.600.000 para niños) que serán destinadas a los principales grupos vulnerables, comprendidos por el personal de salud, las embarazadas, las madres de bebés menores de 6 meses, los chicos de menos de 2 años, los mayores de 65 años y las personas que tengan patologías de base.
Como cada año, esta decisión reavivó el debate entre los defensores de la vacunación y quienes están en contra de ella. Si bien en Argentina no son tantos y con tanta fuerza como en otros países, estos últimos se consolidan en distintos grupos que piden que la práctica deje de ser obligatoria y pase a ser opcional, como ya sucede en España, Australia y algunos estados de Estados Unidos. Con argumentos contrapuestos a los de los adeptos a la vacunación, durante esta nueva campaña vuelven a agitar las aguas de un debate que viene de hace décadas.
La vacunación consiste, a grandes rasgos, en inyectarle una enfermedad atenuada (según la vacuna, en forma de bacteria o virus, vivo o muerto) a una persona sana para que su organismo aprenda a defenderse de ella por si aparece en forma más violenta. El cuerpo humano, que posee células de memoria, retiene esa información y genera anticuerpos que luego lo protegerán de posibles amenazas. Es considerada como uno de los pilares fundamentales de la medicina preventiva y, según la Organización Mundial de la Salud, como una actividad de gran efectividad en la Salud Pública ya que ha colaborado en la disminución de la mortalidad infantil y preescolar y también en el cese de grandes epidemias mundiales como la difteria y la polio, entre otras.
En Argentina, como en la mayoría de los países, la vacunación es obligatoria y se calcula que por año reciben inmunizaciones más de 700.000 chicos. De hecho, el Calendario Nacional de Vacunación es uno de los más amplios de la región, con 16 vacunas obligatorias y gratuitas. Para la doctora Sandra Sagradini, coordinadora del área de vigilancia epidemiológica del Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (ProNaCEI), dependiente del Ministerio de Salud, «la vacunación es incuestionable ya que sostiene el nivel inmunitario de la población susceptible y elimina o erradica aquellas enfermedades que son prevenibles. No es una improvisación».
De todos modos, hay numerosos médicos que creen que las vacunas son «un mal y no un bien». Uno de ellos es el doctor Eduardo Yahbes, presidente del Grupo Vacunas, uno de los principales movimientos antivacunación de Argentina. Argumenta que «no tiene sentido científico colocarle una enfermedad a alguien que no la tiene» y sostiene además que, más que con vacunas, las enfermedades se previenen «con la nutrición correcta y los recursos adecuados como agua potable, cloacas bien colocadas y aptas condiciones de higiene».
Al respecto, Ricardo López, presidente de la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud (FAESS), reconoce que es de suma importancia que la población tenga recursos seguros, pero también que ante la falta de estas condiciones es necesario actuar con la vacunación, de la que se asume partidario. «En Argentina, solamente alrededor del 40% de la población tiene acceso a agua potable y aproximadamente un 30% tiene cloacas. Pedir que esto se resuelva es algo muy justo pero también es algo que va a llevar mucho tiempo. Y mientras tanto hay muchos virus que no solamente provocan cuadros menores sino que pueden ser graves», considera.
Además de su efectividad (de la que descreen), y su seguridad (alegan que tienen componentes tóxicos que dañan la salud), los grupos antivacunación también cuestionan la forma de aprobación de las vacunas. Esta se da, entre otros pasos, luego de que los mismos laboratorios que las elaboran presenten un control de calidad. «Todo lo que pruebe un laboratorio es descartable porque hacen cualquier cosa por vender la vacuna», sentencia Yahbes, que además es jefe de residentes de Pediatría en la unidad materno-infantil del Hospital Ramos Mejía. Y suena convencido: «¿Creés que las fábricas de armamento luchan por la paz, siendo la guerra su negocio?», pregunta. Y agrega: «¿Y por qué pensás que las fábricas de medicamentos van a luchar por la salud, si su negocio está en la enfermedad?».
La doctora Florencia Bruggesser, referente de sarampión, rubéola y rubéola congénita, y también miembro del ProNaCEI, retruca que si bien los laboratorios ganan mucho dinero vendiendo las vacunas, también invierten grandes cantidades en ellas: «Hace años que vienen probando fórmulas para crear vacunas contra enfermedades importantísimas como el Chagas. Eso requiere de mucha inversión, que no harían si no les importara la salud». Y asegura que «Argentina compra las mejores vacunas, todas de gran calidad y aprobadas por organismos internacionales».
En este punto, López es muy crítico y denuncia: «Todo el mundo cree que por ser de un laboratorio privado el producto está asegurado. Eso no es cierto. Se han hecho pruebas en hospitales y se ha comprobado que los componentes de los medicamentos y las vacunas nunca coinciden con lo que dice el prospecto». Para él, el problema está en que Argentina no tiene una política de desarrollo por parte del sector público. «Hay muchísimos laboratorios públicos que si tuvieran la tecnología podrían producir gran parte de las vacunas y medicamentos que se consumen en el país, lo que abarataría muchísimo los costos. Claro que hay un lobby por parte de los laboratorios multinacionales para que esto no suceda», sentencia. Recientemente, la Universidad Nacional de La Plata inauguró un laboratorio que servirá para investigación y desarrollo de nuevas vacunas para patologías específicas. «Sería muy saludable que se multiplicaran estos espacios», refuerza el médico.
Otro de los puntos de conflicto tiene que ver con la edad en la que comienzan a aplicársele las vacunas a un bebé. «Si hay que vacunar a un chico, que se haga después de los 2 años, como en Japón, ya que antes el sistema inmunológico no está desarrollado para poder soportar tanta agresión», pide Yahbes. Las doctoras del ProNaCEI responden que si no se las detecta a tiempo, muchas enfermedades pueden derivar en cuadros graves o volverse crónicas, y que entonces se debe vacunar a los chicos cuando son recién nacidos.
Una diferencia central entre quienes están a favor y en contra de la práctica tiene que ver con la posibilidad, o no, de decidir qué hacer con el cuerpo propio. Yabhes reclama «que la gente se vacune si quiere». Pero los adeptos a la vacunación sostienen que la vacuna es un tipo de «inmunidad de rebaño» y que no es para una sola persona sino que constituye un bien social. «La vacunación corta la cadena de transmisión. Cuando aparece un caso, éste no se disemina si está toda la comunidad vacunada. Si por alguna situación uno no se puede vacunar, como, por ejemplo, cuando tiene cáncer y las defensas muy bajas, puede estar tranquilo y seguro porque toda la población está vacunada y el virus no se va a propagar. Es una cuestión de solidaridad», concluye Sagradini, y pone como ejemplo a las epidemias importantes que se erradicaron gracias a la vacunación, como la del cólera, la viruela, y la polio.
¿Qué dice la ley?
La ley de Vacunación Obligatoria (22.909) promulgada en 1983 sostiene que: «El Estado, como responsable del bien común, tiene una doble función respecto a la salud: por una parte, debe resguardar el rol preponderante de la familia en el cuidado y protección del niño; por la otra, debe intervenir en el seno familiar cuando el derecho a la salud de alguno de sus miembros deba ser protegido por existir interferencias, afectación o incumplimientos respecto de los deberes que emanan del ejercicio de la patria potestad referidos a la crianza, protección a la salud, educación y desarrollo integral de los niños/as y adolescentes». Esto es, que en casos en que la familia no lo haga, la Justicia puede obligarla a acatar las normas de la campaña de vacunación obligatoria.
De todos modos, varios casos han llegado a la Justicia, puesto que para defender sus creencias, los grupos y familias que están en contra de la vacunación también han recurrido a artículos constitucionales y legales. Uno de ellos es el 2 inciso E de la Ley 26.529 de Derechos de los Pacientes en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud. El mismo sostiene que: «El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad». Otro es el artículo 42 de la Constitución Nacional, para el cual «los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno».
Sin embargo, en la mayoría de los casos, la Corte Suprema de Justicia termina por intimar a los padres a que cumplan con la vacunación. «Es ridículo no vacunarse. Es como negarse a tomar agua potable y alegar que quieren imitar a los ancestros que tomaban agua de pozo», concluye Sagradini.
—Paula Sabatés
