9 de agosto de 2017
Desde el año pasado se vienen sucediendo una serie de medidas que dificultan el acceso a derechos y la vida cotidiana de las personas migrantes de nuestro país. En enero de 2017, salteando la discusión legislativa, el Poder Ejecutivo reformó la Ley de Migraciones con un injustificado decreto de necesidad y urgencia (DNU). Con esta reforma, las y los extranjeros pueden ser deportados por cuestiones menores por las que casi ninguna persona argentina iría presa. Además –aun teniendo los documentos, familia y arraigo– se establece un procedimiento de expulsión sumarísimo que generaliza la detención y dificulta el acceso a la defensa pública.
En este escenario, se suman las declaraciones de funcionarios, políticos y periodistas con gran llegada en la opinión pública que relacionan a la migración de nuestro continente con la delincuencia, el narcotráfico, la inseguridad, el desempleo y la baja calidad de los servicios públicos. En unos pocos meses, pasamos de una mirada sobre las migraciones basada en los derechos humanos a convalidar una peligrosa política antihospitalaria que exacerba la xenofobia, la discriminación y el racismo en la Argentina.
Como observamos durante la década del 90, la generalización de este tipo de discursos sucede en contextos neoliberales, donde se necesitan chivos expiatorios para justificar las crisis económicas. Las consecuencias son múltiples: por un lado, abandonar la discusión sobre la distribución de la riqueza, olvidando el modelo excluyente que se está implementando, y por otro, habilitar prácticas discriminatorias que generan violencia; a veces violencia física y muchas otras violencias menos perceptibles, pero igualmente dolorosas.
