Derechos públicos, negocios privados

El presidente de la filial local del Instituto Movilizador participó de un panel que abordó los aumentos de tarifas desde la perspectiva de los usuarios, así como también los ataques a las organizaciones que intentan poner un freno a esta problemática.


El costo de los servicios. Dauod, Desojo, Lovelli, Gil y Arneri: panel en la UNLP. (Sebastián Casali)

 

Organizada por la cátedra libre El Manifiesto Argentino, se realizó en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata un encuentro que tuvo como eje central la política tarifaria del actual gobierno nacional y del que participó Ricardo Gil, jefe de la filial local del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos e integrante del Instituto de Políticas Públicas para el Desarrollo Regional. El panel también contó con la presencia de representantes del Centro de Estudios para la promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), Abogados por la Justicia Social (AJUS) y la Asociación Civil Defensa de Usuarios y Consumidores (De.U.Co).
A pocos días de que el presidente, Mauricio Macri vetara la ley para morigerar la suba de las tarifas de los servicios públicos aprobada por el Congreso, el encuentro tuvo como objetivo abordar la problemática desde una perspectiva de los derechos de los usuarios. El panel fue presentado por Heriberto Arneri, miembro de El Manifiesto Argentino.

Transferencia de recursos
«Hacia finales de los años 90 los usuarios de servicios públicos se veían obligados a endeudarse para pagar las tarifas», recordó Roberto Daoud, de DeUCo, una organización con veinte años de historia que recientemente denunció que el gas registró un aumento con «escasos antecedentes en los tiempos recientes» al llegar hasta 1047% de incremento en apenas un año y medio. Para Daoud «hay una transferencia clara de recursos del usuario a las empresas». El presidente de CEPIS, Mariano Lovelli, retomó ese punto para explicar que si bien «los funcionarios del gobierno se han encargado de demonizar los subsidios, en la actualidad estamos subsidiando a los ricos».
 Ricardo Gil, en tanto, lo explicó de esta manera: «Se trata de una transferencia de recursos de muchos que ganamos poco a pocos que ganan mucho».  Para el presidente del IMFC La Plata, lo que subyace en la discusión es «el modelo de país que queremos». Emanuel Desojo, de Ajus, dijo que a estas circunstancias debe sumarse el hecho de que «en este tipo de servicios no hay competencia y tampoco hay entes que controlen». El abogado explicó el funcionamiento del monopolio mostrando cómo las empresas declaran precios arbitrarios del costo del gas de boca de pozo, entre otras irregularidades. «Actualmente está rigiendo el libre juego de lo que la empresa quiere ganar», aseguró. Al respecto, Gil profundizó: «Creemos que todos los monopolios deben ser parte del Estado. El gobierno no solo no se lo plantea, sino que ni siquiera habla de privatización, sino de concesión, con lo cual las empresas no tienen obligación de invertir, solo recaudan». Durante su exposición el dirigente señaló además que los servicios públicos «deben ser solidarios» y desarrolló la postura del movimiento cooperativo y el concepto de batalla cultural; la necesidad de apropiarse de los derechos y construir una democracia más participativa que delegativa. «Tenemos que ser más que usuarios: tenemos que ejercer nuestros derechos ciudadanos», remarcó.
 Gil reivindicó la figura del juez Federico Arias, suspendido de su cargo para ser sometido a juicio político por presunto mal desempeño después de que frenara, en junio de 2017, las subas de las tarifas de luz en la provincia de Buenos Aires. También el CEPIS accionó judicialmente desde la sociedad civil para frenar el aumento y tuvo su respuesta desde el gobierno. Mediante una acción de incidencia colectiva en nombre de los usuarios del servicio público de gas natural del territorio nacional, la organización solicitó la nulidad de la aplicación del nuevo cuadro tarifario del servicio de gas natural por redes a partir de abril de 2018. El gobierno, en tanto, inició una acción judicial para intentar bloquear dicha iniciativa.