Mientras el Gobierno dispuso una ayuda social inédita para los más vulnerables, Vox y el PP apuestan a debilitar a la coalición progresista acusándola de autoritaria y negligente frente al manejo de la pandemia. El factor lafware.
9 de junio de 2020
Sevilla. Una de las caravanas convocadas por la oposición, en mayo, rechazando la política del Partido Socialista-Unidas Podemos. (Cristina Quicler/AFP/Dachary)
Es posible que llegue la vacuna contra el COVID-19 antes de que se imponga la derecha y su vocación de terminar con todo aquello que signifique derechos sociales y bienestar común. El voto puede ser un eficaz antídoto para frenar sus intereses, claro, pero en España –como en tantos otros países del mundo– no alcanza con la receta de las urnas.
Por eso la coalición de gobierno (Partido Socialista-Unidas Podemos, en el poder desde enero) sufre una embestida política y mediática de parte de la oposición que apuesta a debilitar al presidente de España, Pedro Sánchez. La Justicia (en modus operandi similar al usado en América Latina) ofrece sus servicios de lawfare: «Denuncie, denuncie, que algo quedará». Hay también cacerolazos y marchas por la libertad y en rechazo de una supuesta «dictadura» que, por primera vez en la historia de la península, acaba de garantizar una suma de dinero a todo aquel habitante de ese suelo que no reciba ingresos.
«Les gustaría dar un golpe de Estado, pero no se atreven», disparó el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, contra VOX, la tercera fuerza partidaria de España. La ministra de Igualdad, Irene Montero, fue más directa y amplió la acusación. Aseguró que «la extrema derecha y el Partido Popular llaman al Ejército a actuar o dicen que el Gobierno es ilegítimo a fin de alentar la sublevación de las Fuerzas de Seguridad».
Con casi cuatro millones de desempleados (la tasa más alta de los últimos cuatro años) y comedores populares que se multiplican incluso en Madrid, Pedro Sánchez, al frente del Palacio de la Moncloa, se propone lograr de la Unión Europea un plan de asistencia de 140.000 millones de euros y procura un proyecto de recuperación «sin precedentes». Para eso reclama a toda la dirigencia política, sobre todo al PP y a Vox, que abandonen las mezquindades y especulaciones. «El veneno del odio es el más dañino; digamos no al veneno del odio, no a la violencia verbal, física, no al insulto y no a la provocación. Nuestros padres no se sacrificaron para esto», sentenció el mandatario. Las palabras de Sánchez remiten a la ofensiva que sufre su gestión, una guerra declarada por la derecha y la ultraderecha que parece tener una estrategia bien definida.
En primer lugar se criticó al Gobierno por las consecuencias humanas y económicas de la pandemia. El oficialismo es permeable a críticas, como la gestión de casi la totalidad de las administraciones de los países del Viejo Mundo. Pero España ha tenido conductas sanitarias similares a sus vecinos de Italia y Francia e incluso las restricciones y el aislamiento –de comprobada eficacia– y las resoluciones de excepción fueron adoptadas globalmente por Gobiernos de distinto sesgo ideológico. Los reproches vinieron de la mano de otra acusación repetida en varias geografías: que los datos oficiales sobre cantidad de fallecidos son tramposos, que se oculta la verdad. No hubo hasta ahora prueba o documento que avalaran esos cuestionamientos.
Luego se atacó al Gobierno apelando al concepto de que faltaba a los valores de la República. Pablo Casado, presidente del PP, afirma que se vive en su tierra «un estado de control absoluto». Su correligionario, Teodoro García Egea, secretario del partido, sostuvo que Sánchez tiene «planes totalitarios». El titular de VOX, Santiago Abascal, declaró que «estamos al borde de una dictadura criminal» en la que al que no muere lo llevan a la «ruina socialista».
La tercera pata fue, ya sembrada la culpabilidad del Gobierno y la amenaza a la democracia, cosechar el malestar de la ciudadanía. Y hay tierra fértil para ello debido a los perjuicios económicos y el hartazgo lógico por el extenso confinamiento que trajo aparejado la crisis del coronavirus. Los cacerolazos en las grandes urbes no fueron masivos pero sí lo suficientemente ruidosos y profusamente difundidos. Consignas como «¡Libertad!», «¡Dimisión!» y «¡Sentido común!», se hicieron oír. El foco del malestar en la capital española se inició en barrios donde, según informes impositivos, viven personas con salarios promedio superiores a los 7.000 euros mensuales.
Un paso adelante
Fue la señora de los ojos vendados, que espía por debajo de la tela, la que culminó la tarea. La Justicia recibió denuncias respaldadas solo en recortes periodísticos. Todo se inició con la marcha del #8M, Día Internacional de la Mujer, una semana antes de que se declarara formalmente la cuarentena. La derecha, en ese momento, acusó al Gobierno (que había respaldado el acto) de poner en peligro a la población basándose en una supuesta conversación off the record que alguien le habría escuchado decir a una ministra. La acusación en Tribunales se apoyó en un informe de la Guardia Civil con numerosos errores y grandes «descuidos» o falsedades. Entre ellas, que la OMS había advertido el 30 de enero sobre la pandemia. Pero el organismo no pronunció esa palabra sino hasta el 11 de marzo, tres días después de la movilización.
En medio del lodazal, el Gobierno dio un paso adelante imprescindible ante la crisis. Y lo hizo con una medida nunca antes concretada. «Hoy nace un nuevo derecho social en España», comunicó Iglesias. Se trata de un salario mínimo asegurado de 462 euros mensuales para todo adulto que viva solo y por un máximo de 1.015 para cada grupo familiar. El Gobierno calcula favorecer a unas 850.000 familias, conformadas por 2.300.000 personas. Si el beneficio se complementa en tiempo y forma, se espera que un millón y medio de los nacidos en España salgan de la pobreza extrema.
Solo VOX reaccionó en contra de la medida. La ultraderecha aseguró que ese beneficio volverá crónica a la pobreza y reclamó iniciativas para que «los españoles se levanten solos». Es la confirmación de que la oposición más extrema parece decidida a jugar fuerte, independientemente del escenario en que se desarrolle la disputa.
