24 de abril de 2013
Una solución definitiva al problema habitacional porteño es lo que exigen las personas que vivían en el viejo edificio de la calle Solís que quedó inhabitable tras el siniestro.
Rótulos. La mayoría de los medios calificó de «usurpadores» a los ex habitantes del inmueble, que pertenecía a la Anses. (Walter Sangroni)
Decenas de carpas en la calle, colchones secándose a la intemperie, ropa colgada en perchas en las rejas, una pequeña mesita en la vereda que oficia de comedor, heladeras portátiles, chicos correteando en la calle. Este paisaje pobló durante dos meses la calle Solís al 600, en el barrio porteño de Monserrat, que desde el 1º de febrero quedó cortada, cuando en uno de los departamentos de un antiguo edificio de la ANSES comenzó un incendio que obligó a más de 82 familias a abandonar sus hogares y salir sólo con lo puesto. En los últimas semanas, el Gobierno nacional se comprometió a buscar una solución.
«Yo estaba despierta, eran las 2.40 de la madrugada, estaba mirando tele y, de repente, nos golpearon la puerta y nos dijeron que se estaba prendiendo fuego un departamento de arriba», cuenta María que vivía allí desde 2005. El fuego comenzó en el quinto piso, subió al sexto y séptimo y afectó al cuarto también. Por suerte, nadie salió herido. María tiene 36 años y es empleada de limpieza. No le alcanza su salario para pagar un hotel ni cumple con los requisitos para acceder a un departamento de la ciudad de Buenos Aires, por eso llegó a esta vivienda. Ella no es la única. Casi todas las familias que residían allí formaban parte de dos cooperativas que buscaban dar una solución definitiva al drama habitacional porteño.
En ese sentido, a fines del año pasado, la ONG internacional Médicos del Mundo presentó su informe anual 2011-2012 sobre «Salud en la calle» y advirtió que hay 16.353 personas en situación de calle, 1.100 casos más que en 2010. De ellas, 4.500 se alojan en hoteles y albergues y cobran algún tipo de subsidio habitacional. Según este estudio, hay, además, unos 3.500 menores en situación de calle, 1.565 personas alojadas en paradores de tránsito, 1.000 subsisten con el cartoneo y duermen en la ciudad, y hay 2.900 afectadas por desalojos.
En varios medios, la noticia del incendio en Solís 693 calificó como «usurpadores» a estas familias, un término que no da cuenta de la profunda problemática sociohabitacional de la Ciudad. Sus habitantes querían regularizar la situación. En un comunicado emitido días después del incendio, señalaban que desde la Anses les habían otorgado una tenencia precaria con la cual tramitaron el pedido de servicios eléctricos. «Habíamos empezado a pagar la luz, cancelamos una deuda de 55.000 pesos entre 84 familias. La idea era seguir con el gas y el agua. Nosotros no tuvimos intención de apropiarnos del edifico», destacó María.
«Yo trabajo en una empresa de limpieza, muchos de los que vivían acá eran vendedores ambulantes, es decir, sólo podemos pagar una vivienda de no más 1.000 pesos», cuenta Irma Chocobar, tomando en cuenta que los alquileres en los hoteles rondan los 2.000 pesos y no aceptan niños. «Nosotros queremos algo definitivo. Nos comprometimos a devolver esta casa cuando obtuviéramos un préstamo», destaca. Irma tiene 45 años, vive con su hermana y su primo. Ella preside la cooperativa de vivienda Sol de Oro. «Con la situación de 2001 me quedé sin trabajo. Di vueltas, vueltas, y me vine acá en 2005, no conseguí otra cosa».
Marta Ratto es peruana y llegó al país hace 20 años. Junto con su marido e hijas elaboraban comidas para vender. Sin casa no pueden trabajar. «Vos te preguntarás: ¿por qué, después del incendio, a la gente la sacaron pero no se movió del lugar? –dice Marta, que es referente de la otra cooperativa–. Porque no era una casa tomada, muchos llegaron ahí a raíz de lo que pasó en 2001. A partir de entonces hasta la fecha hemos luchado durante 12 años, la hemos arreglado y limpiado de delincuencia y drogas. Fue mucha lucha como para que nos tiren afuera».
En cuanto a los motivos del incendio, no queda claro qué lo causó, pero el edificio quedó inhabitable. Sus ex habitantes sólo pueden retirar sus cosas de adentro si aceptan el subsidio, es decir, si aceptan irse.
Después del incendio, desde el Gobierno porteño hicieron llegar baños químicos, «eran 4 o 5, después se los quisieron llevar a los 15 días, pero los vecinos lo impidieron. Las viandas las traía el BAP (Buenos Aires Presente) al principio, después las teníamos que ir a buscar nosotros. Hay muchos vecinos que ayudaron, pero otros se quejaron», enfatiza María.
Hacía tiempo, las cooperativas habían recurrido al Instituto de Vivienda de la Ciudad para reclamar una solución. También «fuimos a Nación para hablar sobre el tema pero no hubo nada concreto», recuerda Irma.
En estos días, y después de dos meses de estar en la calle, se fueron levantando las últimas carpas. «El Gobierno nacional se comprometió a poner la plata para la compra de terrenos en la zona de Lomas de Zamora. Yo fui a conocer el lugar», señaló Marta. «Eso es algo que nos alienta». Esta iniciativa beneficiaría a unas 70 familias. De todos modos, desde ahora hasta ver concretado su sueño pasará «aproximadamente un año y medio o dos, según nos dijeron», relató Marta. Mientras tanto, «nos dieron el subsidio de Nación de 6.000 pesos más 8.400 de la ciudad».
— María Sol Wasylyk Fedyszak
