A partir de una iniciativa del oficialismo, que pretende extender el tiempo de las campañas y habilitar a las empresas a aportar fondos para solventar actos, logística, publicidad preelectoral y el sostenimiento de las organizaciones, se reabre un debate clave para la democracia.
27 de octubre de 2016
Macri. Cambiemos impulsa una reforma electoral en dos tiempos: primero la boleta electrónica, luego habilitar aportes empresarios a los partidos. (EFE)
El gobierno nacional decidió volver a poner el financiamiento de las campañas en debate. A contramano de la reforma de 2009, el presidente Mauricio Macri busca que, en adelante, las empresas puedan volver a aportar a las campañas y elevar los topes de gastos por partido (el año pasado, fue de 169 millones de pesos para las elecciones generales). Desde la oposición algunos sectores indican que esa reforma blanquearía la situación actual, mientras que otros cuestionan la desigualdad entre los partidos. En la campaña del año pasado, la alianza Cambiemos declaró haber gastado 150 millones de pesos, el Frente para la Victoria, 110 millones y el Frente Renovador, 57 millones. No obstante, en diversos espacios admiten que el costo real de una campaña presidencial se acerca a los 1.000 millones de pesos.
Según cuentan en Casa Rosada, Macri tenía previsto avanzar con los cambios en el financiamiento como parte del paquete de reforma electoral que se está discutiendo en el Congreso. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, lo convencieron de que lo hiciera por etapas: una vez que consiga aprobar la Boleta Única Electrónica –con media sanción en Diputados–, se avanzará con la discusión sobre cómo se financian las campañas. Los detalles del proyecto oficial están siendo delineados por el jefe de Asesores de la Presidencia, José Torello –que integra la mesa chica del PRO–, la diputada Silvia Lospennato y Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica. Los ejes principales del proyecto del oficialismo –según confirmaron a Acción altas fuentes del gobierno– son los siguientes:
• Las empresas podrán volver a aportar, algo que se prohibió en 2009. Tendrán topes y seguirá siendo incompatible que aporten las concesionarias, los contratistas del Estado y las empresas del juego. La diputada oficialista Elisa Carrió se opone a este cambio.
• Se aumentarán los topes de campaña. «Tienen que ser más realistas», indican en Balcarce 50. Esto implicaría subir el tope actual, que para las distintas instancias de la campaña ronda los 250 millones de pesos, al doble o al triple. La cifra todavía está siendo discutida en Cambiemos.
• Se plantea eliminar el efectivo para las contribuciones. «Todo se tiene que hacer por transferencia bancaria o cheque, con control del Banco Central y de la UIF», señalan en el gobierno.
• Se cambiará la duración de la campaña. Desde el PRO, plantean que se debe extender los plazos actuales, mientras que en la Coalición Cívica están en contra.
«La reforma plantea que las empresas puedan hacer aportes a las campañas, entendiendo que los partidos políticos son las venas por las que circula la sangre de la democracia», señaló a esta revista Torello. «Las empresas son actores importantes en la sociedad. ¿Por qué no pueden aportar? Hay consenso en todos los partidos en que puedan hacer aportes», indicó.
Miradas críticas
En la oposición, no todos coinciden. «Soy partidario de mantener el actual sistema, en el que están individualizados los aportantes particulares, porque era mejor individualizar a una persona que a una empresa», indicó Jorge Landau, apoderado del Frente para la Victoria. «En las empresas se diluye la responsabilidad, en cambio en el sistema actual se puede determinar quién es quién. Claro que esto también se presta a abusos», destacó.
Casullo. «La reforma debería tratar de bajar el costo de las campañas.»
Leiras. La actual legislación apunta a equilibrar la influencia política.
Desde el Frente Renovador, los dirigentes consultados prefirieron no hablar. Destacaron, eso sí, que no coinciden con la legislación actual. En el Frente de Izquierda, en tanto, plantean lo opuesto que señala el PRO. «Todas las campañas tienen que ser con presupuesto 100% estatal», indica Guillo Pistonesi, apoderado del PTS. «Hoy los grandes partidos gastan 1.000 millones de pesos, pero hacen un dibujo para poner que gastaron un cuarto», señaló. Por su parte, Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica, destacó que «hoy el financiamiento en negro de las campañas es el 80% de todo lo que se gasta. Tenemos que ir a un sinceramiento». Propuso sanciones más severas para quienes violen la ley electoral y planteó que las contribuciones deberían ser informadas a la población en tiempo real. «La ley actual no es mala», sostuvo.
La regulación vigente fue sancionada en 2007 y tuvo una reforma en 2009 que fue la que prohibió que aporten personas jurídicas (empresas). Previo a estas leyes, se utilizaba la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, de 1985. La legislación actual pone topes: ningún individuo puede aportar más del 2% del gasto total. Tampoco están permitidos los donantes anónimos. Como el sistema es mixto, el Estado hace un aporte de dinero a los partidos y regula la publicidad televisiva en forma igualitaria. Los frentes electorales tienen prohibido contratar espacios en la televisión en forma privada, algo que se aprobó luego de la fastuosa campaña de Francisco de Narváez en 2009. Este es un aporte valorado por politólogos y especialistas.
«Fue importante en la reforma de 2009 la decisión de prohibir la propaganda en televisión y garantizar espacios equitativamente, así como el intento de restringir el tiempo de las campañas», señala la politóloga María Esperanza Casullo, doctora en Gobierno de la Universidad de Georgetown. De todas formas, advierte que la prohibición del aporte de las empresas no logró su objetivo. «Se transformó en una red de prestafirmas. Las reformas deberían tratar de bajar el costo de las campañas», destacó. E indicó que, con la publicidad en televisión y en las redes sociales, las campañas a nivel global son cada vez más costosas. «Si permiten los aportes de empresas y aumentan el tiempo de campaña, se corre un riesgo de que favorezca a los que hoy son gobierno», advirtió.
Carteles. La ley sancionada en 2009 solo habilita aportes personales a los partidos y prohíbe la contratación de avisos televisivos. (Jorge Aloy)
«La reforma de 2009 prohibió a las empresas intervenir en el financiamiento de los partidos, con la esperanza de equilibrar la influencia política. Me parece una regulación saludable y reacciona ante la legislación de Estados Unidos, donde está absolutamente desregulada la contribución», destacó Marcelo Leiras, director del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés, quien advirtió sobre las consecuencias que puede tener un retorno al financiamiento por empresas. «Algunos lobbies te pueden sacar de la cancha. Restringir la contribución de personas jurídicas me sigue pareciendo una buena idea». Por su parte, el ex director nacional electoral Alejandro Tullio se mostró de acuerdo con volver a permitir que aporten las empresas: «Hoy hay sospechas de que empresas y sindicatos, a través de terceros, financian las campañas, y eso no es transparente. En mi opinión hay que sincerar eso, con topes, manteniendo la prohibición del anonimato y bancarizar todo».
En la mira judicial
El juez Ariel Lijo procesó este año a los responsables de la campaña del Frente para la Victoria (FpV) de 2007 por los aportes que efectuaron las droguerías Multipharma, Global Pharmacy y Seacamp por 886.000 pesos, cuyo origen el juez consideró ilícito. No obstante, no es el único espacio político que está siendo investigado por el Poder Judicial.
Según los informes financieros presentados ante la Cámara Electoral, el año pasado Cambiemos recibió 150 millones de pesos (110 de aportes privados y 40 de fondos del Estado), el Frente para la Victoria obtuvo 110 millones (54,6 millones de aportes privados y 54 millones estatales), mientras que Massa sumó tan solo 57 millones. «Ese dinero no alcanza ni para pagar los sandwichs de miga», advirtió un funcionario macrista, que no tuvo problema en admitir que el monto real de una campaña es cercano a los 1.000 millones. En otros espacios políticos coinciden con ese diagnóstico e indican que se suele reunir el dinero y luego conseguir las personas que lo declaren.
Torello. «Las empresas son actores sociales importantes. ¿Por qué no pueden aportar?»
Tullio. En favor del sinceramiento, pero con topes y bancarización.
En las cuentas en blanco, no obstante, también se hallaron irregularidades. Uno de los principales aportantes de Cambiemos fue el cuñado del presidente, Daniel Awada, que figura en un informe de la Procuraduría contra el Lavado de Dinero (PROCELAC) por los 2,6 millones que donó a la campaña. En el informe también figuran los empresarios Ivana Karina Roman y José Mihura Estrada, que aportaron 1,5 millones cada uno. Sobre Awada, el informe de la PROCELAC advierte que «en los últimos 24 meses habría percibido acreditaciones bancarias que ascendieron a 1.063.200 pesos», lo que no se condice con el aporte que hizo. En el mismo informe, la PROCELAC recomendó al fiscal electoral Jorge Di Lello investigar a tres socios del empresario Cristóbal López, aportantes del Frente para la Victoria, y a una serie de personas que aportaron más de 4 millones de pesos a la campaña de Adolfo Rodríguez Saá.
El cuerpo de auditores de la Cámara Nacional Electoral detectó otras irregularidades en los informes financieros de los partidos. Los que le fueron enviados a la jueza con competencia electoral María Romilda Servini de Cubría, a los que Acción tuvo acceso, señalan que varios aportes privados declarados por la fórmula Macri-Michetti «podrían encontrarse, directa o indirectamente, en alguna de las prohibiciones» de la ley electoral. Entre ellos se encuentran contratistas del gobierno porteño como el dueño del portal MDZ Online, Orlando Orly Terranova, quien fue el tercer mayor beneficiario de pauta oficial del gobierno porteño durante el primer semestre de 2013, o las empresas de seguridad privada que tienen contratos millonarios con el gobierno porteño. Los informes alertan sobre los aportes de Reale-Dalla Torre Consultores, la empresa que creó la imagen de la Policía Metropolitana y que está involucrada en una investigación judicial por el desvío de pauta del gobierno de la Ciudad. Los auditores también encontraron una larga lista de monotributistas que declaran haber hecho aportes de hasta 60.000 pesos y están inscriptos en una categoría que indica ingresos anuales inferiores a 48.000 pesos. Entre los aportantes a los que los auditores les pidieron que justifiquen sus ingresos se encuentra la actual número dos de la AFI, Silvia Majdalani, que aportó 100.000 pesos.
Otra irregularidad de la campaña macrista fueron las cenas de recaudación: los auditores indicaron que el PRO no informó una cena en Salta donde el partido recibió unos 800.000 pesos, ni de un evento similar en Córdoba donde «se habría recaudado aproximadamente 10 millones de pesos». Pero lo más importante es la cena que Macri encabezó en La Rural, el 17 de marzo de 2015. Allí, según el diario La Nación, el líder del PRO recibió 120 millones de pesos para su campaña. Ni un solo peso de esos «aportes privados» fue declarado ante la Justicia electoral. En todas las respuestas al informe de auditores, el responsable económico de Cambiemos aseguró que Jaime Durán Barba no cobró un peso por sus servicios. No obstante, en el mismo párrafo advirtió que una consultora vinculada al asesor, Opinión Confidencial, recibió 3,9 millones de pesos. También señaló que la alianza no contrató fiscales, dado que fueron todos voluntarios.
Elecciones 2015. Las campañas de los candidatos presidenciales más votados el año pasado están bajo análisis de la Justicia. (Juan C. Quiles/3Estudio)
En tanto, el informe de campaña del FpV se destacó por la existencia de aparentes prestanombres para justificar los aportes privados de las PASO. La fórmula presidencial Daniel Scioli-Carlos Zannini fue la única que realizó importantes modificaciones en su listado de aportantes privados. Como reveló en octubre de 2015 el sitio Chequeado.com, la alianza primero presentó una lista y luego la reemplazó por un listado rectificado en el que desaparecían más de 200 nombres, casi todos funcionarios de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA). Luego de reemplazar esos nombres por otros, la cifra final de aportes declarada era exactamente la misma. Según el informe de los auditores de la Cámara Nacional Electoral, tres funcionarios de ARBA se presentaron ante el tribunal electoral «y manifestaron que desconocían haber realizado los aportes solicitando la remoción de sus nombres del listado de aportantes a la campaña». Los auditores también le cuestionaron a Scioli la aparición de monotributistas y la ausencia de fondos de las cenas de recaudación.
Por su parte, Sergio Massa presentó el informe de campaña más extraño de los tres principales candidatos. El exintendente de Tigre declaró un aporte «en especie» por 150.000 pesos del consultor peruano Sergio Bendixen. En su informe rectificado, Massa dejó de considerar esa cifra como un aporte de campaña, pero para la Cámara Nacional Electoral eso no fue suficiente. «Esos servicios prestados (…) no reflejarían los valores reales de mercado de tal asesoramiento», indicaron. En el reporte se detallan 81 nombres que sospechosamente desaparecieron del listado de donantes. Massa también omitió los gastos vinculados con actos de campaña en las provincias. Si bien declaró gastos de transporte por casi 500.000 pesos «las respuestas obtenidas de los oficios librados a terceros (indican) que existirían otros gastos» no incluidos en el informe final de campaña. Por ejemplo, vuelos privados que Massa hizo en calidad de precandidato o los gastos de campaña por el acto que el líder del Frente Renovador realizó en el Microestadio de Lanús, otro acto político en Rafaela y el cierre de campaña en el estadio de Argentinos Juniors del 5 de agosto de 2015.
Las auditorías indican que la ley actual no se está cumpliendo. El gobierno plantea reformarla.
