4 de marzo de 2020
La justicia dictó la «intervención plena» de la empresa Correo Argentino que administra la familia Macri desde hace más de 25 años. La resolución fue pedida por el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, y la fiscal Gabriela Boquín, que había advertido por posibles maniobras de vaciamiento. La decisión fue tomada por la jueza en lo comercial Marta Cirulli que interviene en el concurso de acreedores de la compañía. Existen dos causas, una civil y otra penal. La primera se originó por la deuda que mantenían los Macri por la privatización del Correo Argentino, que fue estatizado durante la gestión de Néstor Kirchner. La causa penal se inició por una denuncia de Boquín luego de que trascendiera un acuerdo que para la fiscal significaba una quita del 98% sobre la deuda con el Estado nacional. Tras la estatización del Correo, la empresa perteneciente a la familia Macri continuó funcionando y a pesar de no llevar a cabo ninguna tarea, pagó cifras millonarias en concepto de honorarios por asesoramiento legal, consultoría y publicidad. Como publicó Boquín detectó irregularidades que alcanzan los 35 millones de pesos en pagos, muchos de ellos hacia empresas vinculadas con directores del correo.
