6 de julio de 2021
Lo que ocurrió alrededor del Sudamericano de atletismo que se desarrolló en mayo en Guayaquil se pareció a un episodio de cuando el deporte argentino reclamaba por más presupuesto y se mostraba carente de política deportiva. Y lo que estuvo –y está– en disputa fue la orientación de una política deportiva.
El Sudamericano se iba a realizar en Buenos Aires. Pero la pandemia lo suspendió. Se trasladó a Guayaquil y la cantidad de inscriptos no se modificó. Eran 50 argentinos que ahora necesitan que el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) costee el viaje. Días antes de partir, el ENARD redujo a un tercio la delegación. Bajó del avión a los atletas que no tenían (o tenían pocas) chances de ir a Tokio. El reclamo lógico de los atletas tomó visibilidad cuando un influencer de redes sociales, Santiago Maratea, encaró una colecta y juntó el dinero para que pudieran viajar. Finalmente lo hicieron 47. Y más allá de la cosecha (la delegación resultó sexta con once medallas) para muchos es importante medirse, competir es parte del desarrollo. Lo que quedó, además, fue una disputa abierta sobre el manejo de los dineros para el deporte. No fue el Estado el que decidió el corte. La Secretaría de Deportes, conducida por Inés Arrondo, había ofrecido que se pagaran todos los viajes. Pero el que se mantuvo en su posición fue el ENARD, en cuya presidencia se alternan cada dos años el Comité Olímpico Argentino y la Secretaría. Actualmente lo preside Gerardo Werthein, titular del COA.
