Los organismos vegetales genéticamente modificados llevan 20 años en Argentina y siguen generando polémica. Los científicos los defienden y las organizaciones ecologistas y sociales alertan sobre sus consecuencias en la salud y el ambiente. El rol clave de las multinacionales del agro.
22 de febrero de 2017
Maíz. Junto con la soja y el algodón, es uno de los cultivos transgénicos más importantes de la Argentina, con más de 20 variedades aprobadas. (Archivolatino)
En 2016 se cumplieron dos décadas de la introducción de los cultivos transgénicos en la agricultura argentina. Todavía en discusión en todo el mundo, los Organismos Vegetales Genéticamente Modificados (OVGM), son motivo de fuertes debates protagonizados por organizaciones sociales, ambientalistas, científicos y poderosas multinacionales que controlan no solo la propiedad de las semillas sino también –gracias a su poder de lobby sobre los grandes medios de comunicación del planeta– buena parte de la opinión pública.
El arribo de los OVGM a nuestro país data del gobierno de Carlos Menen, cuando en 1996 el entonces secretario de Agricultura, el ingeniero agrónomo Felipe Solá, autorizó la introducción de la soja transgénica de Monsanto y el agroquímico que la acompaña para proteger las cosechas de malas hierbas e insectos: el glifosato. Después de Estados Unidos, la Argentina se convertía entonces en el segundo país del mundo en aprobar la siembra de la soja RR de la multinacional. Comenzaba así en nuestro país la era de los agronegocios.
Tercer puesto
En la actualidad, la Argentina exhibe la extraordinaria cifra de 24,5 millones de hectáreas dedicadas a cultivos transgénicos, siendo los principales la soja, el maíz y el algodón. En tanto que la superficie mundial según un informe de 2015 del International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA), es de cerca de 180 millones de hectáreas, siendo los tres principales productores Estados Unidos (73,1 mha), Brasil (42,2 mha) y la Argentina, en ese orden.
De la aprobación de los organismos transgénicos en nuestro país se encargan la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA, dependiente de la Dirección de Biotecnología del Ministerio de Agroindustria) que analiza la «bioseguridad» de cada OVGM y el Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (SENASA), que se ocupa de la inocuidad de los alimentos derivados de los cultivos transgénicos. Y según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) esas dos instituciones «garantizarían que los OVGM sean seguros desde el punto de vista genético-molecular y que las actividades que se realicen no representen un riesgo para el agroecosistema». Sin embargo, organizaciones ecologistas y sindicales, y periodistas especializados, denuncian que algunos organismos estatales vinculados con los transgénicos están copados por técnicos con estrechos vínculos con las multinacionales del agro. Al cierre de esta edición Acción trató infructuosamente de conectarse con funcionarios de la CONABIA pero no obtuvo respuesta.
Genes y bacterias
Alicia Massarini, investigadora del CONICET, docente de la UBA y coautora del libro Invitación a la biología en contexto social, advierte que «desde la aprobación de la soja transgénica RR en 1996 por un decreto, sin la realización de estudios propios y basándose en los estudios que hicieron las mismas empresas –los cuales se incluyeron en el expediente de aprobación en inglés, sin siquiera haberlos traducido–, el Estado argentino viene aprobando diversos cultivos transgénicos (ya son casi 30) cuyo impacto en los ecosistemas naturales y en la salud humana no han sido evaluados en las escalas temporales y espaciales que permitirían dimensionar algunos de sus riesgos».
La modificación genética de plantas se ha llevado a cabo desde hace miles de años. Por un lado, por la acción de la propia naturaleza y, por otro, por la mano del hombre, que ha cruzado innumerables especies para su mejoramiento. Pero desde mediados del siglo XX, con los avances científicos, la biotecnología permitió mejorar los cultivos desde el propio ADN de las plantas, generando así modificaciones genéticas más precisas y evitando, en buena medida, el azar de la hibridación manual. Claro que las alteraciones hechas por los científicos no se limitan a hibridar especies, sino que pueden incluir la introducción de microorganismos –modificados a su vez– como bacterias acidolácticas o aminoácidos o ácidos orgánicos provenientes de otras especies, no necesariamente de plantas. El uso de bacterias es lo que más recelos despierta entre los detractores, ya que según ellos podría generarse una mayor resistencia a los antibióticos o nuevas alergias, al introducir proteínas a las que el cuerpo humano no está acostumbrado. Sin embargo, hasta ahora no se han registrado denuncias al respecto. Algunas agrupaciones ecologistas, como la Soil Association, de Gran Bretaña, han señalado el peligro –incierto– de la transferencia de genes. Científicos del Instituto Nacional de Alimentos (ANMAT) aseguran que «el ADN incorporado en un alimento genéticamente modificado consumido en la dieta humana representa menos de 1/250.000 de la cantidad total del ADN ingerido. En consecuencia, es improbable que se transfieran genes desde los productos vegetales consumidos hacia la flora intestinal o las células humanas».
Resistencia. Numerosas organizaciones sociales se oponen al accionar de la multinacional. (Facundo Nivolo)
Con lo cual el mayor problema con los alimentos transgénicos no radica en la posibilidad de que las mutaciones «artificiales» puedan hacer daño a los seres humanos, sino en otras cuestiones que se derivan del paquete tecnológico (como se dice en la jerga agraria), impuesto por las multinacionales del rubro.
Una de estas consecuencias, contra las que luchan organizaciones ecologistas y unos pocos científicos y agrónomos independientes, es la pérdida de biodiversidad que conlleva el monocultivo de especies a gran escala. Otra de las graves secuelas es que muchos bosques nativos son literalmente arrasados con el fin de cultivar soja.
Mabel Manzanal, economista y doctora en Geografía, investigadora del CONICET y directora del Programa de Estudios Regionales y Territoriales (PERT) de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, en charla con Acción señala que: «El avance de los transgénicos va expulsando a pequeños productores. Hay ocupantes que son despojados de la tierra bajo diferentes formas. Al deforestar les quitan su hábitat, su medio ambiente, y se generan muchos conflictos que en general nosotros, aquí en el ámbito de las grandes ciudades no nos enteramos. En Santiago del Estero, en Chaco, en Salta, todas las zonas donde avanzó la soja, hay expulsión de poblaciones originarias y conflictos judiciales. Y lo que es peor, hay asesinatos que se desconocen».
El hambre del mundo
En julio pasado, 109 premios Nobel dieron a conocer una carta que reprodujeron medios de todo el mundo en la que arremetían específicamente contra la principal organización ecologista por su oposición a los transgénicos: «Greenpeace ha encabezado la oposición al arroz dorado, que tiene el potencial de reducir o eliminar gran parte de las muertes y las enfermedades causadas por la deficiencia de vitamina A, que se ceban con las personas más pobres de África y el sudeste asiático. ¿Cuántas personas pobres deben morir en el mundo antes de que consideremos esto un crimen contra la humanidad?», se preguntaban los Nobel, muchos de los cuales no tienen nada que ver con la ciencia.
Massarini. «Debieran desarrollarse estudios epidemiológicos de largo plazo.»
Para Franco Segesso, coordinador de la campaña de Agricultura y Alimentos de Greenpeace Argentina, «varios estudios han calculado que una persona tiene que comer al menos un kilo de arroz dorado por día para suplantar esta vitamina. La falencia de vitamina, sea A, C o cualquier otra se soluciona con una dieta diversa, no con un solo alimento. El arroz dorado no fue aprobado durante 20 años en Filipinas y Greenpeace no es el único responsable de esto. También lo es el propio gobierno, que nunca estuvo de acuerdo, y muchas organizaciones campesinas e indígenas –dice el ecologista–. Luego, la intención de ese documento fue lograr un titular fuerte contra Greenpeace que posicione no solamente el tema del arroz dorado, sino de todos los transgénicos en la agenda y le quite legitimidad al trabajo que muchas organizaciones vienen haciendo contra los transgénicos por el impacto que tienen en el ambiente», agrega Segesso.
Segesso. «Se busca deslegitimar a quienes luchan contra los transgénicos.»
La otra cuestión tiene que ver con los alimentos transgénicos en general y si en verdad su producción ayudaría a evitar que millones de personas en el mundo sigan muriendo a causa del hambre.
Manzanal. «No está demostrado que vayan a solucionar el tema del hambre.»
Por empezar, como los alimentos transgénicos son productos –patentados a nivel internacional– de megacorporaciones de la biotecnología como Monsanto, Dow o Basf, resulta bastante dudoso que vayan a donar sus patentes o permitirle a los gobiernos sembrar libremente miles de hectáreas con granos de arroz, maíz o soja transgénica para alimentar a sus ciudadanos. Por lo que el principal argumento esgrimido por sus defensores no deja de ser una idea abstracta de cuestionable resolución práctica. Según Manzanal, «no está demostrado que vayan a solucionar el tema del hambre porque los tipos de cultivos que se producen en realidad son, por ejemplo, en el caso de la soja, para la alimentación del ganado para producir carne que va solo a determinados sectores sociales. O sea que son meros discursos de poder en los que obviamente están todos los intereses en juego».
Ñancucheo. «Quieren quitar el conocimiento a los pueblos indígenas y patentarlo.»
Tal es el volumen de negocios que generan los transgénicos que el pasado setiembre la gigante alemana Bayer concretó la compra de Monsanto por 56.000 millones de dólares. Otras fusiones famosas son las de Dow Chemical-DuPont-Pioneer y Syngenta-ChemChina. Estas tres megacompañías controlan la comercialización del 53% de las semillas del mundo. En tanto que las diez más importantes –entre las que se podría incluir también a Basf– dominan el 75% del mercado, por lo que su poder de determinar qué cultiva y qué come buena parte de la humanidad es enorme.
Para muchos el objetivo de las multinacionales es acabar con las variedades locales de semillas que poblaciones campesinas de diversos países aún sostienen, ya que representan una peligrosa competencia para las semillas patentadas. Si alguien tiene sus propias semillas y se reserva una parte para la próxima siembra, no necesitará nunca de las empresas ni de su paquete de semillas modificadas y agroquímicos. En las jornadas sobre Agricultura Familiar, llevadas a cabo recientemente en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Jorge Ñancucheo, de la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA) denunciaba que «hoy nosotros, los pueblos indígenas, dentro de lo que es la agricultura familiar, no podemos desarrollar una agricultura propia, porque nos quieren quitar nuestro conocimiento de las semillas y patentarlo. Este conocimiento, que hoy todavía podemos mantener, es el desarrollo, es el futuro de los pueblos indígenas, de la soberanía alimentaria y es el futuro de la humanidad».
Agroquímicos, una amenaza
Otra cuestión importante que se desprende de los cultivos transgénicos es la de los agroquímicos que los acompañan. Es decir, las plantas están modificadas genéticamente no solo para resistir sequías o el ataque de insectos, sino también el accionar de determinado agroquímico, precisamente fabricado por la misma corporación que le vende al agricultor su semilla. Por ejemplo, la planta de soja RR está preparada para resistir al agroquímico glifosato (Roundup Ready), el cual mata todo tipo de malas hierbas menos, obviamente, a la planta de soja que ha sido rociada. Otro herbicida muy utilizado en nuestro país es el endosulfán. Son diversas las fuentes científicas que cuestionan a estos productos por el peligro que implican para la salud humana. Uno de sus principales detractores fue el embriólogo molecular Andrés Carrasco (fallecido en 2014), que demostró cómo el glifosato provocaba deformaciones en los embriones de ranas –altamente emparentadas genéticamente con el ADN humano–, en consonancia con los múltiples casos de deformaciones en fetos de mujeres embarazadas de poblaciones fumigadas en Córdoba y Santa Fe. Para Massarini, «debieran desarrollarse estudios públicos de mediano y de largo plazo tanto ecológicos como epidemiológicos, los cuales no se han realizado ni se encuentran en curso. Contrariamente, en los últimos años han aumentado las evidencias aportadas por científicos independientes sobre los problemas ambientales y en la salud humana que entrañan los transgénicos. Pero esos estudios no solo no han sido tenidos en cuenta por los organismos de gobierno, sino que han sido invisibilizados, y sus autores han sido perseguidos, hostigados y desprestigiados, como es el caso de Arpaj Pustai en Gran Bretaña, Eric Seralini en Francia o Andrés Carrasco en la Argentina».
Impacto social
Una declaración del 3° Congreso Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados denuncia que «durante el año 2015 la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC, de la OMS) reconoció el carácter carcinogénico humano de varios agrotóxicos, incluyendo glifosato. Este es el pesticida más utilizado en el mundo y Argentina consumió 240 millones de kilos en el último año generando una carga de exposición potencial de 6 kilos por año por habitante, la más alta del planeta».
Voracidad. Miles de hectáreas de bosques en las provincias son arrasadas para cultivar soja, afectando principalmente a poblaciones originarias. (Diego Giudice)
Cuando los científicos abogan en favor de los OVGM ninguno se hace cargo, o simplemente elige ignorar los efectos que tiene sobre poblaciones adyacentes el rociado de agrotóxicos o el que los agricultores se vean compelidos a comprar todos los años las semillas a las multinacionales. Para Manzanal, con la agricultura industrializada «se pierde la diversidad de los cultivos, se afecta el suelo y por eso venimos en aumento con los problemas ambientales, un tema importantísimo». Por ello la solución, según ecologistas y organizaciones sociales, podría hallarse entonces en la agricultura familiar (ver recuadro).
Otro rumbo tomaría esta controversia si los cultivos transgénicos fueran producidos y distribuidos por organismos estatales o entidades sin fines de lucro. Su monopolización por parte de las corporaciones y su comercialización como paquete tecnológico que incluye peligrosos agroquímicos hace imprescindible garantizar desde los gobiernos la salud de la población y el adecuado acceso a las semillas –un bien de la humanidad– a los pequeños productores y agricultores familiares.
Lo que sí está claro es que mientras las patentes de las semillas y los procesos de mejoramiento genético sigan en manos de un puñado de multinacionales que suelen estar incluso por encima de los Estados de las naciones en las que actúan y acaparan el mercado global de la agricultura, muy difícilmente los alimentos transgénicos ayudarán a paliar el hambre en los países más pobres; y mucho menos en todo el mundo, como esgrimen sus precursores.
En febrero de 2016 el delta del río Paraná fue declarado sitio Ramsar, una categoría internacional que preserva a los humedales del planeta. En la ciudad de Pilar, donde la proliferación de barrios cerrados progresa a expensas de la cuenca del río Luján según denuncian organizaciones ambientalistas, el presidente Mauricio Macri anunció entonces un proyecto de ley y obras para proteger a los ecosistemas. Una resolución de la Justicia Federal de San Isidro, que ordenó en julio pasado la suspensión de un emprendimiento urbanístico en Tigre y la prohibición de habilitar otros nuevos en once municipios bonaerenses hasta no contar con evaluaciones de impacto ambiental, reavivó la discusión mientras las amenazas persisten y se agravan.
El término humedal denomina a aquellos sistemas que permanecen en condiciones de anegamiento o con su suelo saturado con agua durante considerables períodos de tiempo. “Cuando la lluvia cae en exceso el humedal tiene la capacidad de retener el agua, recibir los excedentes y expandirlos sobre los valles de inundación: actúa como una esponja, y reduce los picos de crecida”, dice Marta Andelman, vocero de la Fundación Humedales, ONG que impulsó la declaración del delta del Paraná como sitio Ramsar y un proyecto de ley de presupuestos mínimos para la conservación de humedales, después de que uno similar perdiera estado parlamentario el año pasado.
“Históricamente los humedales eran áreas a las que no se reconocía ningún valor. La gente los veía como pantanos o zonas improductivas, pero son sumamente importantes en cuanto a riqueza de la biodiversidad y de los bienes y servicios que ofrecen”, agrega Andelman. Entre otros, la regulación de inundaciones y sequías, la reserva y mantención de la calidad del agua, la provisión de hábitats para especies amenazadas y de recursos para el desarrollo de actividades como la pesca, el aprovechamiento de fauna silvestre, la explotación forestal y el turismo. En el caso del Paraná, “el Delta provee de agua a aproximadamente 14 millones de personas, desde Entre Ríos a Buenos Aires”.
