Dueños de la ciudad

Palacios, iglesias, cuarteles, monumentos y otros emblemas del poder son considerados parte de un patrimonio urbano que suele excluir la memoria de los trabajadores y sus luchas. Un reconocido urbanista catalán propone reescribir esta historia.


Sin memoria. Los depósitos del antiguo puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires, fueron transformados en oficinas y restaurantes de lujo. (Jorge Aloy)

 

El diccionario define el urbanismo como «al conjunto de conocimientos relacionados con la planificación, desarrollo y organización de los espacios y edificios dentro de una ciudad». Sin embargo, la escueta referencia no alcanza para precisar la dimensión que esta disciplina representa para quienes habitan cualquier centro urbano.
Con una mirada crítica y profunda, el geógrafo, urbanista y político español Jordi Borja explicaba, en una columna del diario El País, los alcances y la relevancia de esta práctica. «El urbanismo condiciona la vida del conjunto de los ciudadanos, de los actuales y de los que vivirán más tarde.  Puede servir para la acumulación de capital o para la reproducción social, puede contribuir a la convivencia o generar la segregación, favorecer o acentuar las desigualdades, establecer prioridades a favor de unos grupos sociales y económicos o de otros, promover el espacio público o la privatización del hábitat, integrar la dimensión ambiental o adaptarse a los usos consumistas».
De visita por Buenos Aires, en una charla organizada por la Universidad de General Sarmiento junto con el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Borja reflexionó sobre el patrimonio urbano de la sociedad industrial –comprendido por las fábricas, las viviendas y barrios sociales, los viejos puertos, las estaciones ferroviarias, los depósitos o almacenes–, su conservación y reutilización y sobre la memoria del mundo del trabajo y la clase obrera.
Este sociólogo y docente universitario asegura que cuando se habla de patrimonio, siempre se hace en referencia a  palacios, iglesias, cuarteles, edificios públicos, monumentos políticos, militares o religiosos. «Es decir que lo que se ha valorado históricamente es el patrimonio del poder, como si los otros no tuvieran ni memoria, ni historia, ni nada».
Las universidades de algunos municipios de la provincia de Buenos Aires –como las de Quilmes, Lanús y San Martín– se establecieron en terrenos que habían pertenecido a fábricas y viejos talleres. Pero la lista es corta. En la Ciudad de Buenos Aires tampoco  abundan los lugares donde se haya buscado recordar la memoria del trabajo. Sin ir más lejos, del Mercado de Abasto, proveedor de frutas, verduras y otros productos durante gran parte del siglo pasado, solo queda la fachada. A finales de los 90, se convirtió en uno de los shoppings porteños más concurridos. Lo mismo sucedió con los depósitos del antiguo puerto, transformados en oficinas o restaurantes de lujo en Puerto Madero.

 

Inquisiciones
Al respecto, Borja abre una serie de interrogantes. «¿Por qué demonios se valora una iglesia y no una fábrica? ¿Por qué se ha negado, olvidado o menospreciado el patrimonio del trabajo en la sociedad industrial? ¿Por qué se valoran las gestas de militares, muchas veces salvajes e ignorantes, o las de una iglesia inquisitorial, como la católica, y, en cambio, no se aprecia el trabajo de los emprendedores o de cómo los trabajadores hicieron sus viviendas?». Borja asegura que la razón de este menosprecio está fundada en el miedo al conflicto social. «Es inevitable pensar en las desigualdades y las contradicciones sociales cuando se ven los barrios obreros, las industrias y las infraestructuras que se construyen alrededor. Entonces, se ha evitado sin tener en cuenta que lo interesante de estas arquitecturas –al margen de que muchas son realmente muy bonitas– es que son una expresión de la historia que nos ha llevado hasta donde estamos».
Sin poner en discusión la belleza arquitectónica de algunas catedrales españolas, como las de Santiago de Compostela o Burgos, o el atractivo de algún edificio público o de un palacio, Borja asegura que todas ellas son construcciones representativas del poder y la sumisión. «El patrimonio –dice– lo decide el poder». Y aporta más de un ejemplo contundente. «¿Se puede creer que un ministerio de Finanzas construya un edificio sobre el Sena? Es una barbaridad. Tiene que tratarse de un poder muy fuerte para que, en el centro de París, haya una obra que caiga sobre el río. Es un absurdo». Algunas grandes empresas también hacen edificaciones aparatosas, ostentosas e insostenibles que no generan un entorno ciudadano. «Como los de Norman Foster u otros parecidos que son una especie de monumentos fálicos y de otra forma de ostentación del poder. Los arquitectos que construyen objetos independientemente del entorno no contribuyen para nada a hacer ciudad ni tejido social ciudadano», agrega.
Pero hay otros patrimonios posibles y son aquellos que tienen un significado para la gente. Que tienen memoria colectiva, porque, claro está, las paredes de cualquier ciudad y de cualquier calle tienen mucha historia. En este sentido, el patrimonio industrial es un producto del contrapoder. Hay espacios públicos, equipamientos, conjuntos de viviendas, fábricas, estaciones y puertos que marcan un territorio, que dan identidad a su entorno, y que, asegura Borja, son espacios de fiesta, de trabajo, de rebelión, que marcan una identidad colectiva distinta a la del poder.

 

La reconquista
El gobierno de la ciudad de Barcelona aprobó un proyecto que busca eliminar gran parte del conjunto industrial más grande de la ciudad para rodearlo de grandes torres. Rápidamente, los vecinos de allí se manifestaron en contra y lograron no solo que se limite la construcción de edificios que tapen el cielo, sino también que uno de los galpones se utilice como centro social autogestionado. En las últimas décadas, ha habido procesos de reconquista del patrimonio industrial y de revalorización de aquello que da identidad y memoria. «En todos los casos, los protagonistas han sido los trabajadores que agrupados lucharon para dar valor de patrimonio histórico a esas fábricas o viviendas», explica el urbanista.
Borja asegura que existen dos maneras de recuperar los edificios industriales sin que se especule con ellos. La primera es que el poder político legisle para que haya un catálogo de todas estas construcciones y que estén protegidas como lo están algunas zonas naturales. La otra es la reacción social y mediática para salvar estos elementos del olvido. Pero hay un tercer factor que es el  rol de los profesionales –arquitectos, ingenieros, urbanistas, sociólogos y economistas– que intervienen en el proceso. «Hay muchos urbanistas que se han inspirado en las doctrinas socialistas, comunitaristas, colectivistas. Por lo tanto, hay unos fundamentos. Pero se han dejado de lado. Y aquí, los colegas profesionales tendrían que recuperar una moral que no sea la moral del dinero para que la ciudad  no cuente como valor de cambio, sino como valor de uso donde los ciudadanos sean ciudadanos y no usuarios o clientes», concluye.